"Lobbismo" es un anglicismo que da nombre a la actividad de ciertos individuos con capacidad y arte para influir sobre funcionarios o legisladores y así obtener resoluciones, decretos o leyes que beneficien a un determinado sector económico o social.
Esta denominación proviene de la palabra inglesa "lobby", que designaba la parte del edificio legislativo que no era de uso exclusivo de sus miembros y a la cual podían acceder particulares y mantener conversaciones.
Aunque originariamente era considerado un delito por algunos estados de la Unión, finalmente terminó siendo aceptado en ese país como una profesión regulada en el año 1946 por la "Lobbying Act". Actualmente, las grandes corporaciones de los Estados Unidos deben informar de sus aportes a las campañas de los partidos políticos y los lobbistas, registrar los intereses que defienden.
En la Argentina, aunque se ha hablado de regular esta actividad, aún no lo ha sido debido a las muchas dudas que ofrece, ya que al defender un interés particular se supone que colisiona con el interés del conjunto y estas influencias pueden distorsionar la dirección que debe primar en las decisiones de legisladores y administradores.
De más está decir que en la medida en que, como resultado de las normas así propuestas, se obtengan beneficios económicos para un sector, habrá siempre un riesgo latente de que se paguen compensaciones monetarias para impulsarlas.
No obstante, nada ha impedido que una legión de personajes asimismo denominados influyentes, entre los cuales no faltan políticos desocupados y ex funcionarios, camine los pasillos de los poderes del Estado para interesarse en determinados temas que se traen entre manos y ejerza en los hechos esta actividad.
Tampoco han faltado leyes y resoluciones, como las que introdujeron la cuestionada "pesificación asimétrica" y muchas otras que les siguieron hasta nuestros días, que no fueran calificadas en los medios de estar supuestamente influidas por intereses particulares, perturbando la credibilidad social en las instituciones del Estado.
Sin duda, las que alimentan todo esto son las innumerables regulaciones que se han multiplicado con este gobierno y que bloquean la capacidad de los individuos para hacer con sólo ajustarse a la ley, transformando las actividades de los hombres o de las asociaciones que los representan en una lucha para recuperar esta libertad conculcada y, en su desaliento, están dispuestos a hacerlo a cualquier costo.
Algunos de estos empresarios que alimentan a los referidos "lobbistas" y se muestran dispuestos a sacrificarse en beneficio de la "actividad" deberían comprender que en esta conducta está la fuente de sus problemas.
Si más sectores, a veces contrapuestos entre sí, se disponen a pagar lo necesario para resolver las dificultades que se presentan, muchas personas con poder, funcionarios o legisladores, se sentirían tentados a crear cada vez más obstáculos para luego cobrar una conveniente retribución para removerlos.
Asimismo, nada impide que estos empresarios, así como otras corporaciones sociales, peticionen ante las autoridades, según marca la Constitución, y es obligación de los poderes del Estado escuchar sus reclamos y contribuir a sus soluciones sin que medien compensaciones de ningún tipo.
Lo que no advierten aquellos que formulan tales atajos es que los fondos de serpientes así propuestos abren la peligrosa vía donde triunfa el más fuerte y conducen a una parodia de democracia donde todos querrán vivir a costa de los demás y aquellos lobbistas, ahora transformados en lobos, serán los encargados de controlar los caminos que conducen al Estado.