WASHINGTON (AP).- La compañía bananera Chiquita Brands International dijo el miércoles que ha aceptado pagar una multa de 25 millones de dólares y reconocer que le pagó protección a un grupo terrorista colombiano en una zona rural del país azotada por la violencia. El acuerdo pone fin a una larga investigación del Departamento de Justicia sobre las transacciones financieras de la empresa con organizaciones terroristas colombianas.

En documentos presentados el miércoles ante la corte, los fiscales federales dijeron que la compañía y varios de sus directivos, a los que no identificaron, hicieron pagos hasta por 1,7 millones de dólares entre 1997 y el 2004 a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), descrita en documentos legales como una organización derechista violenta que Estados Unidos calificó de terrorista desde el

2001.

La bananera informó el mes pasado que había destinado 25 millones de dólares para resolver la demanda. La empresa indica que la investigación involucra a una antigua subsidiaria de la firma, que buscaba proteger la seguridad de sus empleados. "La información presentada es parte de un acuerdo que consideramos una solución racional al dilema que enfrentó la compañía hace varios años", dijo el presidente de Chiquita, Fernando Aguirre, en un comunicado.

"Los pagos efectuados por la compañía siempre fueron motivados por nuestra preocupación de buena fe por la seguridad de nuestros empleados". Los pagos fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati, Ohio, dijeron los fiscales. Los libros contables fueron alterados para ocultar esas transacciones, según la fiscalía.

Los pagos a las AUC comenzaron a partir de una reunión en 1997. "Alrededor de setiembre de 2000, los directivos principales del acusado Chiquita sabían que la compañía efectuaba pagos a las AUC y que las AUC eran una organización paramilitar violenta", dice el documento. Los abogados de la firma aclararon que los pagos eran ilegales, indicó la fiscalía.

En abril del 2003, funcionarios de la empresa y sus abogados hablaron con fiscales del Departamento de Justicia, a quienes dijeron que habían efectuado esos pagos. De acuerdo con los documentos presentados ante la corte, los pagos continuaron durante meses.

El gobierno colombiano celebró la condena impuesta a la multinacional. "Me parece que esa señal de la Justicia estadounidense es una magnífica señal, el pago a grupos ilegales es un delito. El pago de la extorsión es un delito y nosotros aplaudimos que eso haya sucedido", dijo el ministro de Defensa, Juan Santos.