El gobierno redobla su apuesta y profundiza su política de intervención estatal en el mercado.
A la ya puesta en marcha de precios máximos sobre determinados productos, retenciones a las exportaciones y apoyo directo a la industria, la administración Kirchner ahora agregó una política de subsidios cruzados que tendrá como corolario pocos beneficiarios reales, una mayor distorsión de precios relativos y una transferencia de recursos que acentuará la discriminación del sector agropecuario.
La suba de las retenciones al complejo sojero para subsidiar el consumo interno de cereales, lácteos y oleaginosas es el inicio de esta nueva política.
Muy pocos avizoran que los cerca de 500 millones de dólares que el Estado conseguirá con los cuatro puntos adicionales por las reten ciones a las exportaciones de soja lleguen verdaderamente a las góndolas y, menos aún, a los productores.
Este pesimismo tiene sus argumentos.
Por un lado, las empresas industrializadoras de los complejos a subsidiar que son las que, en principio, recibirán estos fondos deberán sortear una catarata de trámites burocráticos para poder acceder a este beneficio. Está claro, por la historia que tiene nuestro país, que este nuevo recorrido que se deberá transitar no será nada fácil de sortear.
Por otro lado, habrá que ver qué mecanismos de control establece el Estado para verificar fehacientemente que esos montos de subsidio una vez que estén en manos de las empresas se derramen hacia todos los sectores de la cadena y presionen a la baja las cotizaciones en las góndolas.
Todo indica que la nueva medida de subsidios cruzados, que ya adelantan algunos que se profundizará en los próximos meses mediante su ampliación a otros productos, es una política cuyo objetivo es sostener la caja fiscal del gobierno y presionar a los sectores que se ponen en contra de la política oficial. Es decir, una forma sutil de 'chantajear' a quienes osan oponerse al esquema de un Estado mal llamado "redistribucionista".
Está claro que, en la medida en que los precios internacionales de los commodities se mantengan tonificados, la mano del Es tado estará presente para poder absorber una parte importante de las utilidades que antes caían en manos de los privados.
Con el sector frutícola puede pasar algo parecido. Desde la Secretaría de Comercio Interior, liderada por Guillermo Moreno, no se descarta aumentar en cinco puntos las retenciones a las exportaciones durante la presente temporada si el precio de la manzana en la góndola local no se alinea con las cotizaciones que pretende Economía.
Hoy el desfase entre las listas oficiales y los precios del mercado interno supera el 30%, un dato que Moreno ya tiene agendado para la próxima reunión con los empresarios frutícolas.
PASADO Y FUTURO
Con el actual escenario internacional, el gobierno se garantiza ingresos extras para sus arcas fiscales. El problema lo tendrá cuando el precio de los commodities comience a acomodarse al ingresar en el ciclo recesivo que históricamente tiene este tipo de productos.
Hace tan sólo tres meses, con un barril de crudo en 75 dólares, nadie arriesgaba que esa cotización fuera a perforar la barrera psicológica de los 50 dólares. Sin embargo, esta semana el petróleo estuvo por primera vez desde mediados del 2005 en 49,80 dólares el barril. Es que los commodities son productos cuya cotización experimenta una alta volatilidad. Históricamente, sus curvas de precios presentan fuertes ascensos para luego reacomodarse con importantes bajas.
El problema está en que el gobierno no cree en esas oscilaciones del mercado internacional y confía en que cambió el 'paradigma económico' mundial y la demanda de productos agropecuarios se mantendrá insatisfecha por los próximos veinte años. Un dato más que optimista.
Pero eso también se pensaba en 1949, con el gobierno peronista en pleno apogeo y los precios de los commodities por las nubes en el mercado internacional. En ese momento se le dio relevancia al Instituto de Promoción del Intercambio (IAPI), creado a instancias del gobierno de facto anterior.
En aquel entonces la política económica del peronismo contenía una alta dosis de intervencionismo estatal. El gobierno utilizó todo tipo de mecanismos para regular prácticamente la totalidad de las relaciones económicas. Por ejemplo, sus objetivos redistributivos se alcanzaron mediante un aumento considerable de los salarios y la ocupación, el control de precios de los productos de la canasta familiar, la construcción de viviendas populares y los subsidios a algunos alimentos.
La industrialización fue estimulada a través de créditos a mediano y largo plazos, medidas proteccionistas de ciertas industrias, el impulso a la fabricación de acero, el control de las importaciones y la formación de empresas mixtas. Al mismo tiempo, se reguló la producción agrícola mediante el establecimiento de precios oficiales para los cereales, subsidios, leyes que prorrogaron los arrendamientos rurales, la sanción del Estatuto del Peón y la comercialización por parte del Estado de las cosechas en los mercados local y externo.
Aun con los cambios que esta política implicaba, la Argentina seguía dependiendo de los recursos provenientes de su comercio exterior, principalmente basado en la producción agrícola-ganadera. Por lo tanto, el gobierno se planteó tener una mayor injerencia también sobre los intercambios externos. La creación del IAPI reflejó, justamente, la intención de ejercer una acción centralizada y directa sobre los mismos.
Durante más de un quinquenio el IAPI monopolizó las exportaciones e importaciones de productos agropecuarios que salían de la Argentina con el objetivo de redistribuir las utilidades en mejoras sociales y créditos para el desarrollo de la industria.
El flamante organismo compraba la producción para exportar a un precio definido por el gobierno y la vendía en el exterior consiguiendo valores tres o cuatro veces mayores que los pagados por esa mercadería.
Con el tiempo, el IAPI pasó a ser una herramienta esencial en la política económica del gobierno peronista. Pero este esquema terminó por deprimir las inversiones en el campo. Conclusión: entre 1947 y 1956 el agro bajó su participación en el PIB nacional en un 35% y en la misma proporción cayó el área sembrada de granos.
Cuando los precios internacionales comenzaron a caer, a partir de inicios de la década del '50, el IAPI no podía consolidar sus cuentas. El gobierno había pensado que esta 'fiesta' con recursos en exceso nunca iba a terminar y por eso los gastos se habían disparado. A partir de entonces comenzó la decadencia económica del país.
Esa misma política económica es la que está aplicando la administración Kirchner. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasará cuando los precios internacionales de los commodities agropecuarios comiencen a estabilizarse a la baja y el gobierno deje de tener la renta que hoy le deduce al sector privado? ¿Cómo va a hacer para compensar esos más de 4.000 millones de dólares que año tras año generan las retenciones a las exportaciones, con una estructura de gastos sobredimensionada en el Estado?
El campo podrá aportar por un tiempo más recursos extras al Fisco a través de las actuales desmedidas retenciones. Pero esto tiene sus costos. Tengamos conciencia de lo que nos muestra la historia y de la verdadera fuerza que puede tener el mercado.
J. L.
