| La implantación masiva del cultivo de soja en Argentina fue una verdadera revolución, ya que en menos de 10 años pasó de cultivo marginal (menos del 1% de la producción de granos en 1975) a predominante (el principal producto agrícola argentino en 2003). Sus fuertes, variadas y complejas facetas tecnológicas, económicas, ambientales y sociales hacen particularmente ilustrativa su discusión. Su cultivo se extiende desde la región pampeana hasta el pie de la Cordillera de los Andes, puede comenzar inmediatamente después de la cosecha de trigo y permite (en un proceso racional de rotación de cultivos) un promedio de 3 cosechas en 2 años, aumentando significativamente la rentabilidad agrícola. Entre 1990 y 2005 su producción se multiplicó por 5 creciendo de 7 a 35 millones de toneladas. En el mismo lapso el área sembrada con soja se multiplicó por 3 (no por 5, como la producción, indicando un significativo aumento de productividad agrícola) pasando de las iniciales 5 millones de hectáreas a más de la mitad de la superficie total bajo cultivo del país, generando el 45% de las exportaciones agrícolas. La producción de soja disminuyó significativamente la de maíz y drásticamente la de sorgo y centeno, y ha crecido sin pausa en los últimos 10 años. Requiere fertilizantes el 85% del área cultivada con maíz y trigo, pero menos del 30% de la cultivada con soja. Una razón es que esta leguminosa contiene en sus raíces bacterias capaces de transformar el oxígeno del aire en nitratos asimilables por las plantas, la misma razón por la que se agrega trébol (también una leguminosa) al césped de los jardines. A pesar de esto, algunos científicos estiman que durante el 2003 los cultivos de soja extrajeron del suelo argentino y exportaron al exterior aproximadamente 1.000.000 de toneladas de nitrógeno y unas 200.000 toneladas de fósforo. Si hubiera que reponerlos usando fertilizantes sintéticos, el costo sería de unos 900 millones de dólares, una fracción apreciable del valor de la cosecha de ese año. Esta pérdida de fertilidad no puede continuar indefinidamente y en algún momento la cosecha se hará inviable: el suelo es un recurso renovable sólo cuando se lo usa racionalmente. En cultivos intensivos como el de soja es crítico eliminar las malezas para que no compitan por los nutrientes del suelo. El método tradicional de pasar el arado antes de la siembra, enterrando las malezas para que sirvan de abono, y desmalezar a mano durante el crecimiento de los cultivos, es lento y costoso en mano de obra. El modo más barato es usar herbicidas, el problema es que usualmente matan también a los cultivos y sus residuos son tóxicos para las personas y el ganado. NUEVA FAMILIA En la década de 1970 la empresa de semillas y agroquímicos Monsanto desarrolló una familia de herbicidas a base de glifosatos que comercializó con la marca Roundup. Letales para las malezas críticas en dosis comparativamente bajas, los glifosatos eran menos tóxicos para las personas y los animales que los herbicidas preexistentes y tenían menor efecto residual por no ser absorbidos por los cultivos y descomponerse naturalmente en el suelo en corto tiempo. Monsanto logró luego identificar un gen ajeno a la soja que brindaba inmunidad a los glifosatos (denominado por eso RR, Resistente al Roundup) e implantarlo en la semilla de soja, producto que patentó y puso en venta en 1991. Argentina fue en 1996 -junto con EE. UU. y Canadá- uno de los primeros países en usar la soja transgénica. Brasil y varios países europeos, en cambio, prohibieron su cultivo durante varios años. Por su vertiginosa e incontrolada expansión, Argentina fue escenario de uno de los mayores experimentos negligentes hechos en el planeta con organismos genéticamente modificados. EE. UU. produce el 46% de la soja mundial y el 30% de los trabajos de investigación sobre el tema; Brasil el 24% de la soja y el 10% de las investigaciones; Argentina el 16% de los productos y un escaso 2% de los estudios; Monsanto invierte anualmente en el tema 6 veces el monto de todas las investigaciones agropecuarias argentinas, pero sus resultados no son del dominio público, como sucede con casi todos los saberes de valor comercial. El Protocolo de Cartagena del 11/9/2003 (auspiciado por las Naciones Unidas) que regula la seguridad en el uso de biotecnologías (manejos, usos, movimientos a través de fronteras e indicación de origen) ya fue ratificado por 132 países, pero Argentina se opuso y todavía no ha adherido a él. Los productores argentinos carecen así del apoyo científico necesario para comprender bien los problemas y sus soluciones y no hay recaudos legales para la protección de la población. La gran complejidad de los fenómenos genéticos impide asegurar que no habrán efectos negativos imprevistos sobre la salud humana, los animales, las plantas y el medio ambiente en general (aunque tampoco se puede asegurar que sí los habrán). El éxito productivo argentino generó una gigantesca publicidad internacional para la soja transgénica y el glifosato. A pesar de no haber registrado la semilla en Argentina, Monsanto se beneficia también de su auge sojero porque, para evitar futuros conflictos, algunas empresas semilleras hicieron acuerdos de pago de derechos por su producción. Por si eso fuera poco, Monsanto pide ahora que todos los agricultores del planeta le paguen 15 dólares por tonelada de soja transgénica producida, cualquiera sea el origen de la semilla. Ya solicitó el embargo de los embarques que arriban a puertos de países donde tiene registrada la patente, como la mayoría de los europeos. En algunos de esos países ya hay resoluciones judiciales que obligan a tomar muestras del producto, verificar la presencia del transgen RR y, en caso afirmativo, efectuar depósitos que garanticen el pago en caso de fallo judicial favorable a la empresa. Aunque parece difícil que gane los juicios (lo lógico es cobrar por las semillas, no por sus frutos) Monsanto usa el riesgo y la incertidumbre para favorecer acuerdos extrajudiciales como los ya hechos con semilleras argentinas. La mejora de las tecnologías agropecuarias, que produjo un aumento de productividad del 90% en los últimos 40 años, fue el factor crucial en el éxito de la soja. Esta mejora requiere grandes inversiones en equipamiento, insumos, nuevos modos de gestión, capacitación de mano de obra y asesoramiento especializado, cuya amortización sólo es viable para grandes producciones. El problema de siembra y cosecha mecanizada fue resuelto por los "tanteros" (llamados así porque cobran un porcentaje de la cosecha), contratistas dueños de su propia maquinaria que aumentaron la productividad agraria en base al principio de división social del trabajo. En la región pampeana el 47% de los productores trabaja con maquinaria contratada, mientras en el resto del país sólo lo hace el 21%, dando una significativa diferencia geográfica en productividad. Ha aumentando la cantidad de harinas y aceites de soja con mayor valor agregado, con efectos multiplicadores sobre la fabricación de maquinarias agroindustriales y sus talleres de mantenimiento. Como ejemplo, se estima que del valor de una caja de copos de maíz aproximadamente el 4% corresponde a la agricultura y el 96% restante a otros rubros. El gran negocio sojero impulsó el avance de las fronteras productivas sobre regiones vírgenes de Córdoba y el Noroeste argentino. En Tucumán fue talada casi toda la selva plana del pie de las montañas y un 80% del bosque chaqueño de llanura. En Salta, que ya tenía la tasa de deforestación más alta del país -en los últimos 30 años se talaron para uso agrícola 600.000 hectáreas de bosques nativos- la bonanza sojera aceleró marcadamente el proceso. Se transformaron en cultivos casi la mitad del Chaco salteño húmedo y el 60% de las selvas planas. Si se mantiene esta tasa de deforestación, a fines del siglo XXI no quedarán más selvas planas en todo el Noroeste. Actualmente no hay límites claros ni recaudos técnicos obligatorios para la tala de bosques, lo que modifica la fertilidad y humedad del suelo, genera erosión, afecta las fuentes de agua y puede modificar el clima con consecuencias imprevisibles para las personas y los cultivos. No es que haya poca conciencia de los problemas ambientales, se prioriza la rentabilidad a corto plazo. Por otro parte, el análisis del tema ambiental que hacen las organizaciones ecologistas frecuentemente peca de simplismo, ignorando las grandes incertidumbres, la complejidad y las diferencias regionales de los problemas, lo que lamentablemente disminuye su credibilidad. Falta un equilibrio razonable entre el catastrofismo que ante la menor duda detiene todas las acciones (válido sólo en casos de riesgo grave) y la negligencia criminal de actuar sólo ante catástrofes consumadas. El cultivo intensivo en tecnología de la soja ha favorecido, por razones de escala, la concentración de la propiedad rural. Entre 1998 y 2002 el número de productores agrícolas de Argentina se redujo de 400.000 a 300.000 y la proporción de parcelas rurales pequeñas (menores de 200 hectáreas) del 13% al 9%. En 2005 sólo el 6% de los cultivadores de soja tenían parcelas pequeñas. Hay, sin embargo, grandes diferencias regionales ya que en Santiago del Estero las parcelas pequeñas son menos del 2% del total, mientras que en Santa Fe son el 23%. En la región pampeana el 70% de la superficie se cultiva por arriendo, contra el 18% en el interior del país, donde es mucho mayor el porcentaje de propietarios que habitan en sus tierras. El fenómeno tiene grandes consecuencias sociales ya que el incremento del uso de la tierra como mercadería promueve el despoblamiento y marginalidad del campo. Viven allí mayoritariamente los trabajadores rurales, no los propietarios; si, por ejemplo, las tierras se inundan con el consecuente aumento de fertilidad o no hay servicios humanos esenciales pero sí buen transporte de los productos, "no hay problema". El arriendo desalienta las inversiones fijas al suelo, fomenta el riesgo de su pérdida de fertilidad -aunque la visión cortoplacista de algunos propietarios no quiera reconocerlo- y ejerce presión sobre las áreas urbanas adyacentes. Todo esto ilustra que es imposible separar los aspectos tecnológicos de los económicos, ambientales y sociales, ya que el fenómeno tecnológico los engloba a todos. Como acabadamente ilustra el caso de la soja, la elección de tecnologías, que como en todas las actividades productivas está prioritariamente determinada por la rentabilidad, puede tener drásticos y extendidos efectos ambientales y sociales. La detección de los fenómenos, la dilucidación de causas y efectos, el seguimiento de las variables críticas en los casos en que la comprensión es incompleta o incierta, la formulación de límites y la aplicación de controles de su cumplimiento, el fomento de alternativas beneficiosas y el desaliento de las negativas, son acciones fuera del alcance de los individuos y deben ser realizadas y estimuladas por la organización social como un todo (es decir por los gobiernos nacional y provinciales) en defensa (presente y futura) de las personas (en especial las más débiles) y del medio ambiente. (*) Dr. en Física y Diplomado en Ciencias Sociales. | 
