desde fines de siglo XIX se llevó a cabo una política de aprovechamiento de los recursos mineros en nuestro país. Esa modalidad intervencionista del Estado se inscribe en el marco del accionar dinámico de un sector de la clase dominante y de la burocracia estatal; labor que adquiere mayor relieve si tenemos en cuenta que el Código de Minería en su artículo 9° (1887) prohibía a la instancia nacional (el Estado) intervenir en la explotación de recursos mineros.
En 1907, en el contexto de una intensa tarea de la Dirección de Minas, Geología e Hidrología tanto en territorios nacionales como en provincias, se descubrió petróleo en Comodoro Rivadavia (Territorio de Chubut). En forma inmediata, el presidente Figueroa Alcorta procedió a la reserva de los terrenos petrolíferos apelando a una ley de tierras debido a la inexistencia de legislación vinculada al nuevo recurso descubierto. A su vez, el presidente Roque Sáenz Peña tres años después, creó el organismo que se convierte en el antecedente de la petrolera fiscal: la Dirección General de Explotación del Petróleo, bajo la responsabilidad del ingeniero Luis A. Huergo.
Con la llegada del radicalismo al gobierno continuó la política de intervención estatal en la explotación de hidrocarburos; situación que se hizo evidente por un lado, en el intento del presidente Hipólito Yrigoyen de modificar la legislación vigente y, por otro, con la creación de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), por decreto del Poder Ejecutivo del 3 de julio de 1922. La política del gobierno, si bien no descartó la presencia del capital privado, tenía ideas diferentes sobre los  hidrocarburos. Es que la guerra mundial y sus consecuencias, las restricciones en el suministro de combustible, fundamentalmente de carbón, puso en evidencia el grado de dependencia del país en materia energética, pero además, influían las ideas de figuras y personajes, con presencia directa o indirecta en el aparato estatal, como es el caso de Enrique Hermitte y Alejandro Bunge, que planteó a comienzos del siglo XX la necesidad de introducir modificaciones a la política económica, observando ciertos límites al modelo agro exportador. Este clima de opinión trasuntó distintos ámbitos y son especialmente recogidas por algunos hombres de las Fuerzas Armadas -entre otros- Mosconi, Baldrich, AlIaría y Fliess.
Con el presidente Marcelo T. de Alvear la política petrolera adquirió una mayor agresividad, traducida en el apoyo irrestricto a la empresa estatal y a su director, el coronel Enrique Mosconi, operando en la formulación de una ideología de nacionalismo petrolero, enmarcada, entre otras cuestiones, en las experiencias dejadas por el conflicto mundial y el avance de los trusts frente a los cuales la producción fiscal estaba en desventaja. La idea de nacionalización del petróleo que se venía planteando desde la primera presidencia de Yrigoyen, retomada por Alvear, se amplió sustancialmente al finalizar ese gobierno con el intento de nacionalización y monopolio del petróleo de 1927.
YPF ofrecía, a criterio del radicalismo, además de la posibilidad de empleos, la oportunidad de generar nuevas actividades relacionadas a las distintas fases de la industria petrolera, asistencia médica, cooperativas, mutuales, gratificaciones, promociones, formación de técnicos, desarrollo de la investigación, etc. Pero el elemento central a la cuestión del petróleo estaba dado en el hecho que, en la medida que el recurso se identificaba con la Nación, el radicalismo encontraba un elemento de fundamental importancia para aglutinar a sus heterogéneas bases sociales en el marco de la crisis del modelo económico; aunque, como es conocido, desembocó en el golpe de 1930, año en que regresan los 'conservadores', aggiornados con la nueva coyuntura económica.
El accionar de la empresa en provincias poseedoras del recurso, como Salta y Mendoza, provocó conflictos con sus respectivas burguesías, en la medida que la instancia nacional intervenía en esos espacios y reservaba-explotaba el petróleo. Conflicto que se manifestó por parte de las provincias como una resistencia al centralismo de Buenos Aires y en los debates en el Congreso por el tema, la bandera que encabezó los discursos de diputados o senadores –a veces de la propia UCR- fue la defensa del recurso en nombre del federalismo. No sucedía lo mismo en los territorios nacionales donde había petróleo, Neuquén o Chubut, ya que aún no estaban conformadas sociedades o constituidas las clases que pudieran plantear conflicto por la intervención del Estado nacional; antes bien, son estos espacios dependencias de la Nación los que proveerán por mucho tiempo, el petróleo para alimentar el proceso de industrialización, sin que fuera necesario aportar regalías, razón por la cual, entre otras, estuvieron 70 años en calidad de territorios sin ser convertidos en provincias.
Si bien Mosconi fue desplazado de la dirección de YPF luego del golpe del ‘30, no fueron eliminados los sectores mosconistas de la empresa ni los hombres de las Fuerzas Armadas vinculados al “nacionalismo petrolero”. El organismo estatal había adquirido cierta independencia de los vaivenes de la política y permitió que, aún en el contexto de la redefinición de las relaciones internacionales a favor de Gran Bretaña, tanto Uriburu, pero especialmente Justo, continuaron con la política petrolera. Al respecto, es necesario señalar que por una parte, promovió a YPF a expensas de la Standard Oil (EE. UU) y, por otra, tranquilizó a los inversores británicos con otras concesiones en la economía argentina. Decretó la organización de la empresa (Ley 11.668) conocida como Ley Orgánica de YPF, a través de la cual se reconoció a la petrolera como el órgano del Estado nacional para la política de desarrollo del recurso. Asimismo, promovió la sanción de la primera legislación petrolera del país (Ley 12.161): Ley nacional del petróleo (1935), que mantuvo el régimen nacional o provincial de los yacimientos en el territorio argentino según donde se hallaran y establecía el porcentaje de regalías para las provincias (12% del producto bruto obtenido).
En los años de referencia, la empresa fiscal logró regular el mercado del combustible al unificar el precio de la nafta, instalar agencias y subagencias en todo el país llegando a las zonas más alejadas, –contribuyendo así a la ampliación del mercado interno–, colocar plantas de almacenaje, construir destilerías, establecer surtidores en la vía pública de los centros urbanos más importantes, como en Capital Federal. En síntesis, en 1930, la empresa se expandió en materia de exploración, explotación e industrialización del recurso; no obstante, su accionar estuvo fuertemente restringido en materia de comercialización del combustible, por la presencia, desde fines del siglo XIX del capital norteamericano en este rubro.
Asimismo, la incidencia del conflicto mundial (1939) condicionó la expansión de la compañía estatal, situación que continuó durante los primeros años del gobierno peronista, por la escasez de equipos de perforación (el más importante proveedor era Estados Unidos); todo esto, en el marco de las conflictivas relaciones político-diplomáticas de Perón con aquel país, que derivó en una importante crisis energética en el país. El desenvolvimiento del ISI (industrialización por sustitución de importaciones) aceleró las migraciones internas que se orientaron a los centros urbanos con el consiguiente aumento de consumo energético; la guerra redujo la disponibilidad de buques y aprovisionamiento de combustible, encareciendo tanto los precios como los fletes. Los países proveedores de equipos de perforación establecieron prioridades para la asignación de los mismos. La crisis se intentó resolver intensificando la explotación de petróleo nacional, básicamente a través del esfuerzo y la retracción de la capitalización de YPF.
Ahora bien, mientras hubo un contexto favorable que permitió continuar con la exportación de productos agropecuarios reasignando ingresos de divisas para la intensificación de la industrialización por sustitución de importaciones, Perón planteó una política que apuntaba a satisfacer a los “grupos nacionalistas” en el marco del Plan Quinquenal. Sin embargo, YPF no pudo mantener el ritmo de una economía que necesitaba cada vez más fuentes energéticas, entre ellas, el petróleo, sin que el gobierno definiera una clara política de capitalización de la empresa. La “imposibilidad” de adquirir material de perforación, la burocratización de la empresa, la exigencia –a pesar de todo– de mayores contribuciones como cánones mineros, regalías a las provincias, impuestos a las ventas e impuestos provinciales, la obligación de vender al Estado a precios reducidos, etc, obligaron a la petrolera a distraer fondos para convertirse en financiadora de otras reparticiones. Esto no sólo provocó la descapitalización de la compañía, sino también, emergió el déficit fiscal, situación que llevó al gobierno a retomar una idea que ya había planteado apenas asumió (1946): la incorporación de capital privado a YPF que derivó en la firma de contratos con la California Argentina de Petróleo (SOCAL), subsidiaria de la Standard Oil, convenios duramente cuestionados por políticos del partido de gobierno y, en particular, por la oposición, encabezada por el entonces presidente del radicalismo, Arturo Frondizi.