El poder político descansa sobre los números relucientes de la economía y, a la vez, en el poco interés social para discutir la calidad institucional del país.
Sin embargo, el ascenso de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta se sostuvo - al menos en la dialéctica de su campaña- en la expectativa de un cambio en ese sentido.
¿Tendrá Cristina la voluntad de encarar reformas estructurales, que su marido demoró so pretexto de que cuatro años no le alcanzaron?
Algunas reformas que sí encaró generaron más suspicacias que aliento: la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura -dándole preponderancia a la representación política sobre la judicial-; la reglamentación de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) - fue el gobierno que más abuso hizo de ellos- y la sanción de una regulación polémica que permite la sanción ficta ante el silencio del Congreso. Estas fueron acciones muy polémicas.
Cristina tuvo relevancia en las dos cuestiones, ya que alumbraron en la Comisión de Asuntos Constitucionales que manejó en los últimos cuatro años. Al mismo tiempo, el gobierno K amplió el concepto de superpoderes para el jefe de gabinete disponiendo de reasignaciones presupuestarias de manera discrecional, y volvió a prorrogar la emergencia económica. Por supuesto que desde el oficialismo se pone de relieve la reforma de la Corte Suprema, que no sólo cambió los nombres del tribunal del "menemato", sino que redujo sus miembros de 9 a 5. La medida en la órbita judicial máxima fue respaldada por casi todo el espectro político social.
Para muchos, el mal endógeno del sistema argentino recae en la tendencia hiper-presidencialista, que la figura del jefe de gabinete incluida en la reforma del 94 trató de morigerar. Sin embargo, con superpoderes a la vista el resultado fue nulo, lo que sigue generando una corriente proclive a volver a "tocar" la Constitución. (Ver entrevista a Duhalde)
BORRADORES DE REFORMA
El ex presidente Kirchner tuvo un anuncio importante antes de culminar su mandato, que repercutirá puertas adentro y afuera del espacio gobernante. Su decisión de reordenar el Partido Justicialista puede ser la ambición de un hombre que no quiere perder injerencia pública o también -¿por qué no?, sin anular la primera alternativa- tiene una certera lectura de que el actual esquema político eclosionó y no da para más.
¿Qué tiene que ver esto con la reforma? "Mucho", afirman sectores de gobierno que ya están manejando algunos borradores.
El oficialismo cree que la reforma debe ser en principio gradual. Sin embargo, no descarta para el fin del período Cristina avanzar en modificar nuevamente la Constitución para restablecer el Colegio Electoral. Para marzo, mientras Néstor Kirchner se acostumbra a su nuevo rol, ingresarán al Congreso algunas iniciativas, a saber:
* Reordenamiento de los padrones electorales.
* Subir el piso de exigencias para conformar partidos políticos.
* Terminar con las listas colectoras. Un candidato por partido por una sola categoría de cargo.
* Ir a un sistema de boleta única, confeccionada por el Estado, para evitar el robo de las mismas.
* Mejorar la ley de financiamiento político, exigiendo que los partidos presenten sus balances de gastos a tiempo y estudiar la posibilidad de que el Estado reparta por formas iguales los espacios de publicidad.
* Obligar a la realización de internas en cargos par
tidarios y optativas en las de elecciones de candidatos.
* Rediscutir el principio de propiedad de las bancas. Es decir, si el escaño es de la persona o de los partidos elegidos. Así se evitaría el efecto llamado "borocotización".
ESCEPTICISMO EN OPOSITORES Y ONG'S
Consultado sobre estas iniciativas, el legislador peronista disidente Juan José Álvarez manifestó: "Si no nos podemos poner de acuerdo en el voto electrónico, que no requiere de cambios sustanciales, ¿qué nos puede pasar con requisitos más complejos? Además al día de la fecha no ha ingresado ningún proyecto concreto del oficialismo".
A la vista de las complicaciones en las últimas elecciones, con faltante de boletas y insólitos retrasos en el escrutinio final , el ex funcionario duhal
dista apuesta a una reformulación a fondo del sistema electoral: "Hay que cambiar el ballottage. El sistema de segunda vuelta esta diseñado para que en primera instancia todo el mundo vote lo que desea y, si se abre la segunda vuelta, se emita un voto útil. Esta flexibilidad, de que con más de 40 puntos, si se le lleva 10 puntos al segundo ya no hay ballottage, obliga a votar, con la visión utilitarista".
En sintonía opinó el Director del programa de instituciones del Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), Antonio Cicioni, quien declaró que "debe irse hacia un ballottage serio cuando el candidato de arriba no logre la mitad más uno de los votos" .
El diputado kirchnerista y apoderado del PJ, José Landeau, anticipó opinión: "Me inclino a que en la segunda vuelta se plebisciten todos los cargos, así los legisladores no dejan aislados a los que pelean por la Presidencia. No tocaría el piso del ballottage y volvería a la institución de Colegio Electoral".
Advirtió que "resulta mejor la intermediación federal mediante el Colegio Electoral, para evitar así la preeminencia de los grandes núcleos urbanos que ter
minan definiendo las elecciones nacionales".
El representante del Cippec lo refutó: "Volver al Colegio Electoral sería un retroceso notable ya que aumentaría las asimetrías de representación, violando el principio de una persona un voto".
"Vamos a pasar a una etapa superior de la organización política", se entusiasmó Landeau, para quien la reforma "va a tener que dar respuestas a algunas cuestiones fundamentales como el régimen de afiliaciones. Hay que generar una nueva afiliación para hacer a los partidos más abiertos y ágiles".
No tan optimista, Juan José Álvarez señaló: "Lo que ocurre es que las internas partidarias se juegan en las elecciones generales. Vemos en el Parlamento a radicales y peronistas siendo diputados en espacios diferentes. El sistema partidario tiene que reordenarse. La última elección puso de relieve la crisis política".
POR UN CAMBIO DISTRIBUTIVO
Cicioni agregó un dato clave: "Hay que combatir la pobreza urbana y suburbana. Esto se relaciona con la reforma, desde la representación política en el Congreso, que es actualmente asimétrica. La capacidad de gasto de las provincias coexiste con una enorme disparidad. Por ejemplo, Santa Cruz tiene 14 mil pesos por habitante mientras que en Salta solo 2 mil pesos por habitantes. La provincia del presidente dispone de 20 veces más de recursos por habitante con NBI (necesidades básicas insatisfechas) que las provincias más al norte".
Otro cruce de dato demostrativo de la asimetría del criterio federal es que Neuquén casi cuadruplica en su gasto por habitante a la provincia de Buenos Aires. La primera tiene un poco más de 500 mil habitantes mientras que la vecina a la Capital Federal acumula más de 14 millones de habitantes según el último censo del INDEC.
"Los niveles de gasto público son bajísimos con respecto a la provincia de Buenos Aires, que es la más perjudicada por la coparticipación , y es la menos representada en proporción a los millones de habitantes que tiene. Ahí tenemos cinco millones de pobres de los cuales dos millones están en estado de indigencia. En definitiva, si atacamos la desproporcionalidad se puede luego avanzar en el rediseño distributivo de la riqueza", sostuvo el representante de la ONG.
"Esta distribución no responde a ningún criterio racional . Significa que todas las provincias que tienen menos de un millón de habitantes manejan el 67% de bancas del Senado de la Nación. El Parlamento nacional es el más desproporcionado del mundo", completó el razonamiento.
-¿Cómo se comienza? , preguntó "Río Negro".
-Uno de los caminos pasa por la rediscusión de los niveles de coparticipación, vieja asignatura que nunca logró consensos en el Parlamento. Por la coparticipación se hace imposible comenzar porque toca intereses provinciales, que la mayoría de los legisladores y gobernadores no quieren modificar. Sería bueno comenzar por reformular la ley 22847, remanente del último gobierno de facto, que es la que establece la cantidad de diputados por provincia", contestó el representante de Cippec.
"Las gobiernos provinciales que tienen gran manejo de dinero, a partir de recursos baratos como los hidrocarburos, son potencialmente peligrosos, por la concentración de poder , en provincias muy poco pobladas", apuntó .
El ex gobernador y frustrado candidato a presidente Jorge Sobisch tuvo un manejo escandaloso de los dineros públicos desviados a la campaña política. Es un caso paradigmático de la primera clasificación. "En los Estados ricos poco poblados se suelen vulnerar derechos políticos, mientras que en los Estados pobres superpoblados se violan derechos sociales", cerró el análisis Cicioni.
POR HORACIO CARIDE 
