La frase quedará como una de las más destacadas de la historia política neuquina: "Yo salí de acá pobre, hecho un desgraciado, y me pasearon por todos los juzgados. Entonces uno empieza a tener miedo...". La pronunció Jorge Sobisch el 7 de noviembre de 2002, según consta en la cámara oculta que grabó el entonces diputado Jorge Taylor.

Ese fue el norte que guió la demolición del Poder Judicial ocurrida en los últimos años. Hoy se asiste a un triste espectáculo de jueces y fiscales desprestigiados, acostumbrados a las intrigas, obedientes al poder, que logran tapar a esos otros pocos que han demostrado su independencia con algunos fallos valientes.

Jorge Sapag aclaró que manejará la provincia sin mirar por el espejo retrovisor. Puede inferirse que no alentará, por ejemplo, juicios políticos contra los vocales del Tribunal Superior de Justicia, pero está en duda si desalentará los que eventualmente se presenten. "Todo dependerá de la oportunidad", dicen cerca de su entorno.

Amagues de juicio político se conocen varios. El gremio Sejun preparó uno, e invoca entre otros motivos el plus salarial que cobraron algunos vocales por trabajar para la Justicia Electoral.

El ex vocal Marcelo Otharán está armando un mega pedido: "el cobro del plus es la causal número 8", murmuran quienes lo frecuentan.

Pero por bien fundamentados que estén, sólo prosperarán si -como mínimo- el nuevo gobierno mira para el costado y deja hacer.

Hay versiones de que se ejercerán discretas presiones sobre dos vocales que están en condiciones de jubilarse. A uno, Jorge Sommariva, parece apuntar la decisión legislativa de revisar todo lo que hace el Consejo de la Magistratura, que él preside. El otro, Roberto Fernández, tejió una alianza con el Sejun. ¿Tocarlo equivale a declararle la guerra al gremio?

Ante el rumor de la embestida que podría venirse, en los últimos días de 2007 Jorge Sobisch tanteó a algunos de los vocales, que están en ese puesto porque él los designó. Les pidió "cohesión", según reveló una fuente directa.

Habrá otros frentes en el 2008 que amanece. Hay que poner en marcha los juzgados del fuero Contencioso Administrativo; cubrir algunas vacantes estratégicas; se reprogramarán las obras, algunas de ellas faraónicas como la Ciudad Judicial, y calmar los reclamos de mejor infraestructura en el interior.

Otros ambiciosos proyectos, como la reforma Procesal Penal y la reforma Procesal Civil quedarán para mejor oportunidad.

Todo eso habrá que sacarlo adelante con hombres que vienen soportando un desgaste propio de quien actuó como fuerza de tareas en pos de un objetivo.

Es que más allá de los nombres, Sapag hereda una estructura concebida para que pocas manos puedan ejercer control sobre todos los expedientes. Y para entenderlo merece conocerse en detalle una pieza clave en este esquema: la Cámara Provincial de Apelaciones.

EL GRAN FILTRO

Fue creada en 2005 con un fundamento técnico que se desprende de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia instalada a partir del fallo Venezia (por Daniel Venezia, el hombre de los desarmaderos condenado y luego absuelto en Neuquén). Según la Corte, el mismo tribunal que se pronunció para resolver una apelación no puede intervenir después en la etapa del juicio.

Si todas las apelaciones se concentran en una Cámara que se dedica exclusivamente a atender estas cuestiones y no hace juicios, el riesgo de incumplir el mandato de la Corte desaparece. Tal fue el argumento oficial. Pero apenas disimulaba el objetivo real: un Tribunal con facultades para revisar lo que hacen todos los jueces de Instrucción de la provincia es un filtro poderosísimo para cualquier causa penal. Sea para dejarla correr, sea para trabarla para siempre si es necesario.

La integración de esa Cámara no podía quedar librada al azar. En la época en que los jueces eran elegidos por el Tribunal Superior de Justicia (designado por Sobisch) y recibían acuerdo de la Legislatura (controlada con comodidad por el sobischismo), los tres vocales de Apelaciones fueron seleccionados cuidadosamente.

Designaron a Daniel Varessio (el hombre que sobreseyó a Luis Manganaro en la causa por presunto enriquecimiento ilícito), Roberto Abelleira (sobreseyó a Jorge Sobisch en la causa de la cámara oculta) y para equilibrar, al independiente Héctor Rimaro, quien en 2003 había sido designado juez de Instrucción y sorpresivamente recibió un nuevo ascenso.

Abelleira renunció antes de asumir, y el TSJ se apuró en nombrar en su reemplazo a Diego Alonso. Pero el pliego quedó atrapado en una grieta del tiempo: justo cambió el método de nombramiento de los jueces por la reforma constitucional de 2006, y su pliego no llegó a ser tratado por la Legislatura.

El "no-paso" de Alonso por la Cámara dejó una célebre anécdota: antes de que su pliego fuera descartado, en una reunión con Varessio y Rimaro les confesó: "muchachos, yo de derecho penal no sé nada pero les prometo que me voy a poner a estudiar".

La vacante que dejó Abelleira recién se cubrió en noviembre de 2007 con Richard Trincheri, un inquieto fiscal que supo estar alineado con Ricardo Mendaña. Así como Varessio archivó, cuando era juez, la investigación de los bienes de Manganaro, Trincheri mandó al archivo un pedido de Manganaro para que se investigue a los periodistas que escribieron una nota que le desagradó.

TOMATE UNA LICENCIA

La importancia de la Cámara de Apelaciones y su necesidad de controlarla por parte del poder político quedaron en evidencia cuando aterrizó en ese tribunal un pedido del gremio docente ATEN para ser querellante en la causa Fuentealba II, que investiga las responsabilidades políticas de la represión de Arroyito.

Para nadie era un secreto que ATEN quería ser querellante para pedir la indagatoria de Sobisch. El precedente que sentó el procesamiento del ex presidente Fernando de la Rúa por la masacre de Plaza de Mayo en el trágico diciembre de 2001 pre

ocupaba al Ejecutivo.

Pero había una relativa tranquilidad: estaba garantizado que Varessio votaría contra las aspiraciones de ATEN, y todo indicaba que Rimaro lo acompañaría. Después de todo, ya lo había hecho cuando el gremio intentó ser querellante en la causa Fuentealba I, que investiga el crimen del docente.

Sin embargo, Rimaro encontró un precedente en un fallo de la justicia cordobesa que le cambió la visión del tema y se pronunció a favor de ATEN. Había un empate, y surgió la necesidad de convocar a un tercer camarista que inclinara la balanza.

La noticia llegó con rapidez al Poder Ejecutivo, que aspiraba a un rechazo unánime a las pretensiones del gremio. ¿Alguien tuvo que dar explicaciones por el inesperado contratiempo?

Por esos días Rimaro comenzó a vivir una pesadilla, cuya profundidad muchos asocian con el sentido de su voto.

El miércoles 21 de noviembre tuvo una pelea -otra más- con Varessio, quien le birló un secretario (es decir, lo trasladó sin consultarlo). Harto de las escaramuzas de este tipo a las que lo tenía acostumbrado su compañero de trabajo -con el cual no intercambia palabras- fue directo a hablar con Badano.

Le planteó lo insalubre e insostenible de la relación, y el presidente del TSJ le sugirió que visitara al psiquiatra del Cuerpo Médico Forense porque lo veía muy estresado. Le prometió además que buscaría una solución. Badano conoce bien a Varessio, porque lo tuvo de secretario cuando era juez de Instrucción.

Mascullando bronca, Rimaro fue a verlo a Oscar Romero, quien tras un intercambio de palabras de pocos mi

nutos le diagnosticó un síndrome tan grave que ameritaba una licencia de 30 días. El certificado lleva además la firma de Mariela Kugler, otra integrante del cuerpo médico forense.

Rimero salió del gabinete apabullado, seguramente preguntándose si estaba mal de la cabeza. Consiguió ese mismo día un turno con un psiquiatra particular, quien no le encontró ninguna afectación que implicara semejante diagnóstico. Otros tres profesionales a los que visitó en días sucesivos y que le hicieron test de práctica se lo confirmaron. Con todos esos certificados en la mano, pidió volver a su puesto de trabajo.

Pero Badano ya había firmado el decreto de presidencia que le concedía los 30 días de descanso a partir del mismo día 21 de noviembre, pese a que lo había trabajado. Y dijo a la prensa que la licencia había sido solicitada por Rimaro.

En efecto, en el decreto se alude a un pedido del camarista, pero no tiene relación con ninguna enfermedad sino con el permiso que había pedido mucho antes para asistir a un curso de capacitación.

La maniobra no tardó en salir a la luz. ATEN denunció que fue un intento de intervenir a la Cámara y de castigar a Rimaro por su voto a favor del gremio, y hasta la Asociación de Magistrados -que habitualmente cultiva modales vaticanos- dijo en un comunicado que se trató de un irregular intento de apartarlo.

Sin saber cómo salir de atolladero en el que se había metido, Badano logró reunir de urgencia a una junta médica con otros forenses que declararon "sano" a Rimaro. Así la licencia fue revocada y el camarista volvió al trabajo.

En las entrañas del Poder Judicial es difícil encontrar a alguien que no asocie la licencia psiquiátrica impuesta de oficio a Rimaro con un castigo por su voto en la causa Fuentealba. En todo caso un castigo tardío, inútil, y que se volvió en contra de su mentor. Pero ya se sabe, a los guardaespaldas no se les puede pedir sutilezas.