La Corte Suprema de Justicia entra a este 2007 en camino hacia su normalización. No es poco. Desde el 2001 vive convulsionada por los cambios internos, los juicios políticos, renuncias, escraches y nombramientos de jueces que llevaron meses de polémicas públicas. Luego de años de reclamos, sus miembros lograron que el Poder Ejecutivo y el Legislativo reduzcan el número de miembros de nueve a cinco. Ahora se enfrentan al desafío de mostrar a la sociedad que el máximo tribunal mejorará definitivamente su funcionamiento.
La nueva etapa de la Corte, según confiaron dos de sus jueces a “Río Negro”, empezará tras el fallo que pondrá fin a las discusiones sobre la pesificación. La mayoría de la Corte considera que las quejas por la pesificación de depósitos es “abstracta” ya que cada dólar pesificado equivale hoy a 2,86 pesos ($1,4 más índice CER, más 2% de interés anual).
Para la Corte es muy importante terminar con los más de 50 mil expedientes que se tramitan allí sobre el corralito. El objetivo principal para este 2007 es acelerar el flujo de causas entre los jueces y para eso deben bajar la demanda de casos que hoy existen en el Tribunal.

PASION POR EL LITIGIO
Los magistrados consideran que desde la crisis del 2001 hasta hoy aumentó de manera notable la litigiosidad, en parte producto del caos institucional pero también debido a que la sociedad confía más en la Justicia que antes. Creen que aumentaron los juicios, por un lado, porque se generaron infinidad de causas donde el Estado es litigante, como las del corralito o las relacionadas a las jubilaciones y pensiones. “El Estado no las paga como es debido, muchísima gente está excluida de las políticas estatales y eso produce una enormidad de juicios. Creemos que con el tiempo esto se va a solucionar. Cuando hablamos de normalizar las instituciones nos referimos a cosas como esta. Con un Estado funcionando normalmente este tipo de juicios baja notablemente y eso ayuda a que podamos resolver otro tipo de causas”, graficó un miembro de la Corte. El otro núcleo que aumentó la cantidad de expedientes es el referido a los Derechos Humanos y el terrorismo de Estado. Desde que la Corte dictaminó la inconstitucionalidad de las leyes del perdón, se incrementaron las causas al respecto.

EL INICIO DE UN CAMBIO
Los jueces de la Corte son optimistas. Consideran que la normalización del Tribunal será el inicio de un cambio en todo el Poder Judicial. El año pasado se organizó un Encuentro Nacional de Jueces en Santa Fe donde se buscaron consensuar políticas perdurables. Ese camino seguirá y se profundizará durante este 2007. Dentro de pocos meses se pondrá en funcionamiento, por ejemplo, un centro nacional de prensa del Poder Judicial que buscará centralizar y mejorar la comunicación entre los jueces, fiscales y camaristas con los medios y con la sociedad. Se busca que los periodistas ayuden a los magistrados, y viceversa, a transmitir mejor y de manera más “terrenal”el duro lenguaje de los expedientes judiciales. Los jueces quieren mejorar progresivamente la comunicación con la sociedad. “Estamos haciendo políticas de Estado, que es lo que le corresponde hacer a la cabeza del Poder Judicial, no cambiar cíclicamente como se hacía hasta ahora. En el 2007 vamos a seguir en este camino, reuniéndonos para consensuar y tomar medidas”, explicó una alta autoridad de la Corte.

CON OTRA IMAGEN
La imagen que intentará dar la nueva Corte es doble. Por un lado, demostrará cada vez que pueda (algo que ya está haciendo) que se ocupa de temas que tienen resultados inmediatos para la sociedad. Ejemplos de esto son, por caso, el fallo que le otorgó la personería jurídica a la Asociación de Travestis, o el que obligó al Estado a comenzar con la limpieza del Riachuelo. Este último fallo sirve para ejemplificar una nueva política que pondrá en marcha la Corte modelo 2007: la de buscar mayores consensos entre las partes en conflicto, a la vez que se abre a la sociedad el funcionamiento interno del Tribunal. Para sacar el fallo del Riachuelo, la Corte realizó audiencias públicas entre las diferentes partes (empresas, el Gobierno, los vecinos afectados). Ese método se repetirá a lo largo de este año.
La lenta normalización del Tribunal -es inevitable- producirá en este 2007 alguna renuncia entre sus miembros. Hoy está compuesta por siete jueces que a lo largo del tiempo se reducirá a cinco. En la Corte nadie se anima a decir quiénes de sus miembros terminarán presentando la renuncia. Todas las fuentes coinciden en decir que Carlos Fayt, de 88 años, no seguirá por mucho tiempo más en su cargo. Pero es algo que se dice desde hace muchísimo tiempo y él sigue allí, llegando cada día a su despacho a las ocho de la mañana.
“Nosotros lo cargamos, le decimos que nos diga cual es el secreto de la longevidad y la lucidez”, contó uno de los jueces. Raúl Zaffaroni dijo públicamente que no seguirá siendo juez de la Corte por muchos años más, pero no especificó cuándo dejará su puesto.
Aunque buscarán consensos y diálogo, los jueces de la Corte saben que durante este 2007 entrarán inevitablemente en cortocircuitos con el Poder Ejecutivo. Aunque Néstor Kirchner es el presidente que más autolimitó su poder con respecto a la Corte (firmó el decreto 222 que cambió las formas en la designación de sus miembros, redujo el Tribunal cuando podía haber nombrado a dos jueces más) consideran que tarde o temprano se escucharán reclamos del Gobierno por fallos emitidos por el Tribunal. Cristina Kirchner se quejó este año de que varios jueces “sobreactúan independencia”.
Dos jueces dijeron a “Río Negro” que de ninguna manera la Corte buscará sacar un fallo contrario a los deseos del Ejecutivo para dejar en claro que ya no responde órdenes de la Casa Rosada, como en otra época. Pero sí dijeron y explicaron, siempre en off the record, que consideran que Kirchner es un presidente con rasgos hegemónicos y que el Poder Judicial debe funcionar como balance y freno a las ambiciones del Ejecutivo.
La Corte Suprema se achica pero quiere ocupar cada vez mayor espacio en la agenda pública nacional. Menos es más y mejor, dicen sus jueces. Eso quieren demostrar durante este 2007 que ya empezó a correr. (ABA)

EL GOBIERNO CONFIGURO UN NUEVO ESTADO, DE FUTURO RESERVADO

POR FERNANDA BALATTI

El presidente Néstor Kirchner demostró ser una excelente espada a la hora de ejecutar reformas en el Poder Judicial: en un año achicó el Consejo de la Magistratura, diseñó una Corte Suprema que gradualmente quedará conformada por sólo cinco ministros y, así, configuró un nuevo Estado de futuro reservado.
Diestro en un manejo personalista del poder, Kirchner dejó su marca en los principales acontecimientos que tuvieron como escenario el Palacio de Justicia y, resueltamente, completó el proceso que inició apenas se instaló en la Casa Rosada para reestructurar la Corte, cabeza de uno de los tres poderes de la República y pieza clave en el desenvolvimiento del gobierno.
Por obra de Kirchner, el país tiene una Corte de mejor calidad institucional a la de aquel tribunal supremo en el que Carlos Menem colocó a los más capaces de arrebujar sus peores ropas. Sin embargo, en ese lado del triángulo de Poder -último refugio de los ciudadanos ante la hostilidad o indiferencia del Congreso y la Casa Rosada- el Presidente tiene mayoría propia y, además, ganó control con la borradura de siete cargos en el Consejo de la Magistratura.
Reformada la cúpula del sistema de Justicia, que funcionará con siete jueces hasta que se abran las dos vacantes que el gobierno decidió no cubrir, y modelado un nuevo Consejo, el Estado presenta un equilibrio de fuerzas distinto del que existía hasta ahora. Y sólo una estricta observación de las reglas de juego que fija la Constitución Nacional evitará que este reordenamiento de las cosas derive en abusos hacia los gobernados.
Las dos reformas centrales del Poder Judicial se produjeron a través de un complaciente Congreso, con leyes que motorizó la senadora y primera dama Cristina Fernández, artífice también de la llegada del civilista Ricardo Lorenzentti a la Corte, cuya presidencia ejercerá el rafaelino desde este año.
Durante todo el 2006, Kirchner evitó definir si legalizaría una Corte que desde setiembre de 2005 funciona con siete jueces, o postularía dos candidatos. Eligió el misterio y la sorpresa final: el retorno a un tribunal de cinco ministros.
Mientras tanto, en los tribunales inferiores hubo un notable éxodo de jueces que aún deben ser reemplazados, y se celebraron los primeros juicios orales contra represores, merced a la caída de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Despojados de toda inmunidad, a más de 30 años de sus crímenes fueron condenados con penas máximas Miguel Etchecolatz y Julio “El Turco Julián” Simón.
En el caso de Etchecolatz, la victoria judicial quedó opacada por la desaparición del testigo Jorge López, y la Corte salió a reclamar al gobierno protección efectiva para quienes aporten datos sobre violaciones a los derechos humanos. La justicia federal, por otra parte, indagó al ex presidente Fernando de la Rúa bajo sospechas de haber sobornado senadores para obtener la sanción, en el año 2000, de la ley de Reforma Laboral.
El radical, de hecho, podría ser uno de los primeros procesados del 2007. También avanzaron las investigaciones por el atentado a la AMIA: Por un lado, fueron procesados el ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el destituido juez Juan Galeano, entre otros, por la posible compra de evidencia dudosa con fondos públicos.
Por otro, fueron dictadas las capturas contra el ex presidente iraní Alí Rafsanjani y otros ocho sospechosos, acusados en un fallo que tipifica el ataque como un crimen de lesa humanidad por el que responsabiliza al régimen islamista.
La Corte, que redujo su competencia y se perfila como un tribunal constitucional, declaró recientemente que no ha prescripto la causa por el ataque a la Embajada israelí; mientras presenta en su favor una activa labor por los derechos sociales: en varias causas, condenó a la Nación y al gobierno de Felipe Solá a asistir a los más desprotegidos y emplazó a los Estados y al empresariado a poner fin a la contaminación del Riachuelo.
Aunque sigue en deuda con ahorristas y morosos que tienen hipotecada su vivienda única, la Corte resolvió, en cambio, cientos de juicios previsionales y obligó al Ejecutivo y al Congreso a adecuar las jubilaciones a la evolución del salario.
(DyN)