INTACTO, EL NUDO DE LA POBREZA ESTRUCTURAL

LA PERPETUACION DEL ASISTENCIALISMO RATIFICA QUE LA POBREZA SIGUE SIENDO FUNCIONAL A LA POLITICA DEL CLIENTELISMO.

Por FACUNDO CHAVES RODRIGUEZ

El gobierno nacional, y en igual medida los provinciales, no lograron durante 2006 desatar el nudo de la pobreza estructural de la Argentina, pese al permanente crecimiento de la economía. Los ministerios de Desarrollo Social de Nación, el bonaerense y el de la Ciudad -tres áreas representativas sobre la situación de gran parte del país- anunciaron con mayor y menor suerte medidas para quebrar la inercia de generación de camadas de pobres y desempleados.
Sin embargo, la suerte de programas de este tipo estuvo sellada desde el inicio, tanto por los escuálidos recursos destinados a ese fin, como por el formato elegido para atender a los sectores más postergados.
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación -que volvió a ser conducido por Alicia Kirchner, hermana del presidente, tras un fugaz y gris paso por el Senado- administró un presupuesto estimado en 2.814 millones de pesos, con fuerte énfasis en la asistencia alimentaria y sanitaria.
En base a los datos que DyN pudo obtener en mayo último -debido a que el organismo no informó sobre la gestión- las líneas de financiamiento destinadas a los denominados “proyectos productivos” eran marginales frente al grueso de recursos del ministerio.
Hasta mediados del 2006, aún percibían el plan Jefes y Jefas 1,3 millón de personas, que no involucra -en la mayoría de los casos- contraprestación laboral ni requisito alguno para su recepción.
Tanto la permanencia de los subsidios directos como la modesta participación de planes apuntados a los denominados “pobres estructurales” no fue exclusivo de la órbita nacional.
El viceministro de Desarrollo Humano de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, admitió la existencia de “un núcleo duro de pobreza”, más allá de que destacó que la administración “logró sacar a más de 3,5 millones de personas” de esa condición.
“El núcleo más duro está en el conurbano, adonde se envían muchos recursos (el presupuesto estimado es de 900 millones de pesos), con políticas dirigidas a la seguridad alimentaria, a la protección de los chicos y adolescentes y las vinculadas al sector productivo, pero sabemos que falta”, consigna el bonaerense.
El gobierno porteño, mediante el Plan Ciudadanía Porteña, intentó cambiar la perspectiva de la asistencia, mediante la entrega de tarjetas magnéticas precargadas con recursos a más de 250 mil personas que integran 70.600 hogares, en su mayoría mujeres con dos y tres hijos.
Desde las tres órbitas, y según lo que fue informado por el organismo y los funcionarios consultados, los planes fueron diseñados con especial atención en el paliativo de situaciones de crisis social, pero las medidas de reconversión y capacitación de los sectores postergados siguen teniendo recursos financieros y énfasis programáticos marginales.
Por último, y como otro ejemplo más de un cuadro de situación complejo, las agrupaciones piqueteras volvieron hacia fin de año a ponerse nuevamente en estado de visibilidad social, tras un largo período de contención derivada de la intervención del Estado y de los propios dirigentes de base.
Desde los primeros días de diciembre regresaron con sus reclamos y pusieron en evidencia que están lejos de desaparecer como uno de los actores que más demuestran la persistencia de la pobreza estructural argentina.
Más allá de los reclamos por “trabajo legítimo” que las organizaciones calificadas como “duras” hacen en forma permanente, el reclamo aglutinador sigue siendo la ampliación de los montos de los subsidios y hasta la exigencia del pago de un virtual “aguinaldo” de fin de año para los beneficiarios.
Sin bien el gobierno había logrado controlar a un vasto sector de esas organizaciones con la inclusión en puestos de gobierno de sus representantes, el despido de Luis D’Elía de la Subsecretaría de Tierras y Hábitat Social abre un interrogante sobre el futuro.

GANSOS,  PAVOS... Y  EL PATO DE LA BODA

POR GLADYS DE LA NOVA

El ejercicio del libre comercio, un derecho legítimo del sector privado, puede vulnerarse en un instante y desaparecer como herramienta empresarial cada vez que esté en juego, aunque sea tibiamente, un incremento en los índices inflacionarios de Argentina. El último año, la producción agropecuaria nacional y la comercialización de sus zafras no escaparon a esa modalidad que imponen las autoridades para hacerse oír, a costa del precio que sea, siempre que el desembolso se haga desde otro bolsillo, no intente afectar a los consumidores y no provoque una estampida en la inflación, que el gobierno intenta mantener en un dígito contra viento y marea.
Un claro ejemplo de ello fue la suspensión de exportaciones cárnicas y la fijación de precios máximos que se aplicaron desde marzo último, en momentos que se incrementaba la oferta de vacunos en la plaza, consecuencia de la falta de pastos en los campos. La sequía, una de las peores que se recuerde en el país, profundizó estragos en la productividad ganadera y se extendió, impiadosa, al abanico de actividades del agro, incluyendo a los principales granos de exportación y las economías regionales.
La respuesta inmediata de los mercados se tradujo en una caída fenomenal en los precios de la hacienda, que superó el 30 por ciento en pocos meses, sin que ese recorte se reflejara en las góndolas. Por entonces, el gobierno no reaccionó, profundizó los controles y desde el campo se comenzó a entender que lo peor, todavía no había llegado.
En rigor, los productores se preguntan que pasará con la falta de terneros que se producirá en unos tres años; esos cuya crianza hoy nadie quiere encarar por falta de previsibilidad y modificación permanente de normas que definen por decreto el mayor o menor kilaje que debe tener un animal.
La ganadería no puede convivir con el cortoplacismo, como son las medidas que adoptó el gobierno a lo largo del 2006 y en ese esquema de producción. Queda claro que este presente mostrará los resultados negativos en un futuro cercano: si los precios y los costos se siguen manejando desde dependencias oficiales, se repetirá el escenario actual de desinversión y la escasa que se arriesgue, no dejará espacio para las producciones de largo plazo, excluyendo a la ganadería, como sucedió en el 2006.
El año cerró con el mismo stock bovino que mantiene desde hace 30 años, aunque diezmado en calidad y desplazado a zonas más marginales, donde requerirá de fuertes aportes genéticos para sobrevivir a la aventura de la improvisación. Curiosamente, mientras la ganadería vacuna atravesaba momentos críticos, que aún no desaparecieron, en la industria sectorial se optimizaron las inversiones y el “pase de manos” de grandes grupos frigoríficos.
Además, sin interlocutores en el ámbito económico y del diálogo, así como falta de presencia total en la SAGPyA, dos veces en el año 2006 los productores buscaron el camino de la protesta, en julio y diciembre, cuando protagonizaron el mayor embate sectorial hacia el gobierno de Néstor Kirchner.
Fueron algo más que conflictos gremiales y, en cada caso, las autoridades se encargaron de echar más leña al fuego, enfrentando a la población con la gente del campo, acusándola de avara e insaciable, hasta derivar en calificativos poco académicos hacia los dirigentes. Se los definió como “pavos” y “gansos”. Ellos sabían que eran “el pato de la boda”, pero nunca se había incluido a otros plumíferos bípedos a la hora de las comparaciones.
En materia de carnes,  la aftosa volvió a cerrar mercados en el 2006, con la reaparición de un foco en Corrientes, que obligó al sacrificio de unos 5.000 animales en el norte del país, previo al cierre del grifo exportador, que sólo se reabriría meses después, un 70 por ciento del volumen vendido en el 2005 y por un plazo que caducará en los primeros meses del 2007. Ante el asombro mundial por la decisión de suspender exportaciones, que permiten el ingreso genuino de divisas a un país, la avanzada oficial no se detuvo y lejos de ello, se extendió al comercio de trigo y de maíz, dos de los cultivos más castigados por la sequía que los acompañó en momentos clave de la campaña, determinando recortes en hectareajes sembrados y pérdida en los rindes finales de cada grano.
El gobierno decidió intervenir ambos mercados, con medidas veladas que buscaron fundamentarse en la necesidad de abastecer el mercado interno, impedir subas de precios al consumidor y no encarecer producciones como la avícola o porcina. Sobre el cierre del año 2006 y aunque los protagonistas prioricen el diálogo, la historia de desencuentros amenaza con extenderse durante 2007.
Será un año electoral que requerirá de mayor disponibilidad de caja. La caja se llama soja y a pesar de la sequía, dejará la mayor cosecha histórica del país, por lo cual no se esperan intervenciones en ese mercado, que exporta en grano más del 90 por ciento de su zafra anual. Y tributa retenciones por 23,5 por ciento.

UN CONFLICTO Y DOS REENCUENTROS

Por WALTER SCHMIDT

La política exterior del gobierno de Néstor Kirchner debió concentrar sus esfuerzos en el 2006 en el conflicto con Uruguay por las pasteras de Fray Bentos, y si bien mantuvo su alianza con Venezuela, logró recomponer el diálogo con los Estados Unidos y con Italia, el último de ellos, un vínculo que estaba roto. La controversia por las papeleras, que pese a la labor del cuerpo diplomático argentino concluiría en una derrota en la Corte de La Haya -ya sea por la instalación de las plantas como por los cortes de rutas-, es responsabilidad del poder político de ambos países.
Rafael Bielsa y Didier Oppertti, cancilleres de Argentina y Uruguay allá por el 2004, no sabían que la irresolución de un tema bilateral devendría en un conflicto que obligaría hasta la intervención del Rey Juan Carlos de España. Si por aquel entonces ambos gobiernos, el de Kirchner y el de Jorge Batlle, hubieran acordado la instalación, todo lo demás no hubiera ocurrido: la actuación de dos países dirigida a los frentes internos respectivos, con el costo del desmejoramiento de una relación histórica.
Lo cierto es que la controversia no sólo trascendió las fronteras para llegar a Washington, cuando argentinos y uruguayos trataron de influir sobre la decisión del Banco Mundial de otorgar un crédito a Botnia, sino que generó que algunos empresarios -por ejemplo suizos- llamaran a diplomáticos de su país en Buenos Aires para saber si en Argentina era posible invertir.
Una triste aseveración merodea el problema. Ninguno de los dos países tiene entre sus prioridades la protección del medio ambiente. Sin embargo, este conflicto sirvió para medir la alianza estratégica que Kirchner inició con el español José Luis Rodríguez Zapatero y que llevó al rey de España a aceptar un rol de “facilitador”. España, hoy por hoy, es el gran aliado europeo de la Argentina.
El 2006 trajo también consigo el regreso de las relaciones amistosas con Italia. De la mano de Silvio Berlusconi, Roma suspendió toda actividad bilateral con la Argentina luego que el gobierno de Kirchner anunciara la quita de la deuda que afectó a miles de jubilados italianos. Aunque, en verdad, detrás del reclamo se escondían los “fondos buitres” que compraron esos bonos a los jubilados y hacían lobby contra Argentina en el G7. Alguna vez, en el 2005, se escuchó al presidente Kirchner decir que con la Italia de Berlusconi “hay que esperar”.
Eso quería decir que “Il Cavalieri” podía perder las elecciones con un hombre de la izquierda, como Romano Prodi, con quien el santacruceño recompuso rápidamente el vínculo. Otros de los resultados del año todavía en curso fue el restablecimiento de la relación con Estados Unidos, sobretodo después de la dura derrota que significó para George W. Bush la Cumbre de las Américas de Mar del Plata, donde el Mercosur + Venezuela rechazaron el relanzamiento del proyecto ALCA.
La importancia de Argentina como estabilizador de la región, de los exabruptos de Chávez y de la crisis de la Bolivia de Evo Morales, sumados a algunos gestos como el pedido de captura internacional de funcionarios iraníes por parte de la Justicia argentina por el atentado contra la AMIA, fueron gratificados por Estados Unidos con la decisión de no marginar a la Argentina de los beneficios arancelarios del Sistema General de Preferencias (SGP). Su flamante embajador, Earl Wayne, se ocupó de resaltar el inicio de esta nueva etapa. Con Venezuela, sobretodo tras el triunfo electoral de Chávez, la alianza sigue intacta. A la ayuda a través de la compra de bonos, se sumó el salvataje del líder bolivariano para la empresa Sancor. Aunque el gasoducto regional sigue siendo una incógnita.
No obstante, la deuda pendiente sigue siendo la integración regional. Está bien que Lula Da Silva debió batallar con su reelección; que Evo Morales intenta evitar la fragmentación de Bolivia; que Chávez recién obtuvo su reelección; que Uruguay está sumido en el conflicto con Argentina; y que Bachelet recién ahora se estabiliza tras su primer año corto de gestión. Pero la tarea será ardua si es que la región quiere consolidar un crecimiento de manera sostenida.