Córdoba (La Voz del Interior / Red de Diarios en Periodismo Social).- El día que todos los trabajadores bolivianos de Córdoba decidieron realizar una huelga en reclamo de mejores condiciones laborales, se paralizó un tercio de las 500 grandes obras en  construcción en la capital y el valle de Punilla, ya que al menos el 30 por ciento de los 30 millones de ladrillos de barro que se usan mensualmente son producidos por obreros bolivianos.

El resto de las 333 obras tuvo graves complicaciones debido a que no contó con buena parte de sus albañiles, en especial yesistas y ceramistas. Lo mismo ocurrió en pequeñas obras particulares.

Además, la parálisis de los quinteros bolivianos evitó que entraran al Mercado de Abasto 300 de las 500 toneladas de frutas y verduras diarias, lo que hizo que, después de las 11 de la mañana, muchas verdulerías de Córdoba se quedaran sin mercadería.

Por otra parte, cientos de hogares se vieron sorprendidos esa mañana cuando las empleadas domésticas no llegaron. Hubo que llamar a abuelos, vecinos y parientes para “colocar” a los niños. Los padres no sólo entraron tarde a sus trabajos, sino que  a la noche, al volver, se encontraron con los pisos sucios, las camas sin hacer y la comida sin cocinar.

No se trata de una fantasía: es lo que sucedería si algunos de los 8 mil bolivianos que, se infiere, trabajan en Córdoba (Ver Las cifras) decidiera suspender sus actividades.

Productores

En 2004, los estadounidenses conocieron cómo sería un día sin inmigrantes en la ciudad de Los Angeles, al estrenarse la película Un día sin mejicanos.

El año pasado, los madrileños leyeron en el diario El País un ensayo sobre qué pasaría en la capital española si se esfumaran de repente los 800 mil trabajadores extranjeros.

En ambos casos, los habitantes de esos países tuvieron una noción aproximada de cómo influyen en su vida cotidiana los inmigrantes que, aun siendo imprescindibles para alimentar el motor de las economías locales, son discriminados o marginados.

En Argentina suele pensarse que estamos lejos de aquellos problemas que afectan a Europa o Estados Unidos en el aspecto inmigratorio. Sin embargo, nuestra realidad refleja periódicas señales de alerta.

El verano pasado, cuando seis trabajadores textiles bolivianos murieron en un incendio, la sociedad descubrió las condiciones en que estas personas trabajaban. En marzo, una investigación de La Voz del Interior reflejó las irregularidades en la documentación de numerosos niños de esa nacionalidad, así como las precarias condiciones en que se desempeñan los cortadores de ladrillos en algunas localidades de Córdoba. Se trata de una de las principales actividades que desarrollan los bolivianos, que en la provincia conformarían una comunidad de al menos 15 mil personas.

Las cifras sobre esta situación son alarmantes: de 300 cortaderos de ladrillos inspeccionados por la delegación Córdoba de la Unión Obrera de Ladrilleros (UOLRA), el 98 por ciento no cumplía ninguna de las condiciones mínimas de salubridad o higiene, como dos baños cada cinco personas, pozos de agua potable o lugar para comer.

Se cree que hay alrededor de 800 cortaderos en la provincia, y que el 30 por ciento del personal está integrado por bolivianos. Allí viven con sus familias en campamentos sin agua potable, cloacas o a veces energía eléctrica, trabajando de 10 a 14 horas diarias.

Salvo unos pocos casos –por lo general fábricas grandes–, la UOLRA detectó que el resto de estos lugares no figura en registros municipales ni fiscales. Mucho menos, quienes allí trabajan.

Los datos de la Secretaría de Trabajo muestran lo mismo: en la última inspección realizada en la zona de Monte Cristo, en el Gran Córdoba, se revisaron 12 cortaderos: los 120 obreros estaban en negro. Asimismo, 102 estaban indocumentados, de los cuales 93 eran de nacionalidad boliviana y nueve, peruanos. Entre los restantes 19 argentinos, ocho figuraban como nacionalizados.

De sol a sol

“Estos obreros trabajan de sol a sol, a la intemperie, sin ningún elemento. Si hacen mil ladrillos por día, se tienen que agachar 500 veces. Por esa tarea cobran 35 pesos, aguantando el clima o el tremendo calor de los hornos, sin ningún tipo de protección. Diez años de ese trabajo equivalen a 30 años en otros rubros”, dice Luis Dambolena, uno de los inspectores de la obra social de UOLRA. Y agrega que, si bien se realizan operativos con la Secretaría de Trabajo, “la Afip no va hasta ahí ya que son lugares poco rentables, de donde no puede sacar grandes multas”.

Esto, sin tener en cuenta los graves desequilibrios ambientales que producen no sólo las quemas sino las extracciones de barro que, en algunos cortaderos, producen cavas con una profundidad mucho mayor a los 40 u 80 centímetros permitidos.

“El boliviano no se queja, soporta todo porque viene de un lugar en donde no conoció nada mejor”, explica Lucio Paz Castillo, ex cónsul de Bolivia y actual titular del Probo (Pro Bolivia), una entidad que asesora gratuitamente a sus compatriotas para tramitar la documentación argentina. Paz Castillo explica que una de las causas por las que históricamente la gente no obtenía sus documentos era la falta de información y el elevado costo. Al menos la segunda razón ya se simplificó, y los trámites no cuestan más de tres dólares.

Indispensables

La problemática de los bolivianos en Córdoba quizá no difiera a la de cualquier obrero en esos mismos rubros, y puede que esté más ligada a la pobreza que a la xenofobia. Pero sus consecuencias no son muy diferentes.

Se trata de una comunidad cerrada, con un bajo nivel de instrucción que, sin embargo, no se traslada a sus hijos: la matrícula escolar de los niños hasta 14 años crece cada año, y casi no existen padres que no los envíen a la escuela.

Las actividades económicas que desarrollan son las más castigadas en la escala laboral. Cortan ladrillos, trabajan en quintas y en el servicio doméstico. Ganan miserias y desconocen cualquier beneficio social, pero desempeñan una labor indispensable para la actividad económica de la provincia.

Las cifras

15 mil serían los integrantes de la comunidad boliviana en Córdoba, según datos del Centro de Residentes y de la Dirección de Migraciones. El Probo estima que son 30 o 40 mil.

30 por ciento de los trabajadores de los 800 cortaderos de ladrillos en la provincia son bolivianos, según la UOLRA. Cada mes se usan 30 millones de ladrillos.

98 por ciento de los 300 cortaderos inspeccionados en 2006 no cumple con las condiciones mínimas de salubridad o higiene. Ni siquiera figuran en algún registro impositivo. Mucho menos sus empleados, salvo en algunas grandes fábricas.

35 pesos cobra un trabajador por hacer mil ladrillos que se venden a 300 pesos.

60 por ciento de la producción de frutas y verduras en el cinturón verde de Córdoba está en manos de bolivianos, según el Mercado de Abasto. Cada día pasan por allí 500 toneladas de mercadería.

500 grandes obras se realizan en la ciudad de Córdoba y Punilla, según la UOCRA.

4 por ciento de los más de 20 mil albañiles que hay en Córdoba, son bolivianos.

50 por ciento es la tasa de empleo entre la población boliviana (en Argentina es del 40 por ciento). Una de las razones es que esposas e hijos suelen trabajar junto a los jefes de familia.

Apolinar Torrico Montero cuenta que aguantó cinco años, y que ya no tiene ganas de hacerlo. Tampoco podría, porque los dedos ya no aguantan la carretilla con ladrillos que, durante ese tiempo, dice haber cargado varias veces al día con 80, 100 kilos.

Vive en el mismo cortadero de Colonia Tirolesa, en una casa de ladrillo con techo de chapa y una pieza en la que convive con su familia. Toman agua de un pozo que se llena cada tanto, y utilizan el mismo baño que los demás trabajadores y sus familias. Se cansó, relata, de trabajar de cinco de la mañana a ocho de la noche apilando y cortando esa mezcla de barro, paja, guano, sin cobrar beneficios familiares, sin obra social, sin jubilación y sin implementos de salud.

Todo esto es lo que denunció a la Secretaría de Trabajo de Córdoba, a lo que le agregó una presentación policial por discriminación: dice que las ofensas comenzaron luego de hacerle conocer al patrón sus reclamos.

Lo de Apolinar no es un caso más: es la primera vez en mucho tiempo que un trabajador indocumentado decide hablar públicamente sobre su situación laboral, al entender que su condición de indocumentado no está reñida con la obligación de los empleadores de respetar las leyes laborales.

Apolinar asegura que posee una enfermedad reumática fruto de su extenuante trabajo, y dice que estuvo internado dos semanas.

También señala que muchas veces los hicieron esconder cuando llegó alguna inspección, o que los conminaban a decir que trabajaban en el lugar desde hacía dos días.

Mañana tendrá una audiencia en el Ministerio de Trabajo de Córdoba con los dueños del establecimiento, y espera cobrar lo que, calcula, le deben.

El día que Apolinar denunció su situación a los medios, la hermana del propietario del cortadero dijo que se trataba de un “gravísimo error” y que nunca hubo discriminación. Agregó que era cierto que el hombre trabaja en el lugar, pero que los cinco años no fueron corridos, ya que se trata de un “operario golondrina”.

Para consultar

Centro de Residentes Bolivianos en Córdoba. (351) 424-2364.

Secretaría de Trabajo. (351) 434-1530

Probo (ProBolivia). (351) 411-4018.

Dirección de Migraciones. (351) 426-4206 / 422-2740.

Unión Obrera Ladrillera (UOLRA Córdoba). (351) 423-2392 / 460-9224 / 155575506.