Más allá del veto que promete Saiz y de las modificaciones que esta semana pueda introducir el bloque de la UCR, el proyecto que avanzaba hasta ahora en la Legislatura rionegrina mantiene buena parte de la propuesta oficial original y algunas incorporaciones de los diputados en el trabajo en comisión.
Las operadoras que pretendan extender diez años la explotación que actualmente está en sus manos deberán asumir algunos compromisos:
* Remediación del pasivo ambiental.
* Compre rionegrino: "Los trabajadores, profesionales, proveedores y empresas de servicios radicados en la provincia de Río Negro deberán ser contratados prioritariamente".
* Compromisos de inversiones: deben estar claros.
* Pago por única vez que guarde relación con "las reservas y/o producción hasta el fin de la concesión existente y de la vida útil de los yacimientos". Se incluyen en este punto las transferencias por "responsabilidad social empresaria", que es una denominación eufemística para mejorar este desembolso.
* Pagos periódicos: "Las empresas deberán contraer como mínimo obligaciones de pagar a la provincia un ´aporte en especie´ más un incremento del mismo en concepto de ´renta extraordinaria´, que será calculado exclusivamente en relación con el precio de venta obtenido por el hidrocarburo extraído". Se trata de regalías extras.
Los fondos de los pagos extraordinarios "serán destinados a financiar equipamientos y obras que contribuyan a la mejora de las infraestructuras con fines económicos, urbanos y de saneamiento; la implementación de políticas sociales, sanitarias, educativas, hospitalarias, de viviendas o viales en ámbitos rurales y/o urbanos; la satisfacción de obras y créditos generados por la realización de obras productivas y aquellas que tengan por objeto el desarrollo autosustentable y la diversificación productiva", pero con esos recursos el gobierno debe pagar la deuda con los municipios tradicionalmente productores, con los que está en falta.
Todos los fondos (pago inicial y regalías extras) tendrán que ser coparticipados a los municipios con los procedimientos del reparto tradicional y no podrán usarlos más que para obra pública (en ningún caso para gastos corrientes).
Lo diferente en relación con lo que ocurrió en Neuquén y Chubut es que los diputados tienen la intención de crear una "comisión de preadjudicación" presidida por la secretaria de Minería e Hidrocarburos, Tamara Pérez Balda, e integrada por dos representantes del Ejecutivo, tres legisladores (dos por la mayoría y uno por la primera minoría), un representante de la Confederación General del Trabajo, el intendente de un municipio productor y un representante de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro. Esta comisión tiene como finalidad, de acuerdo siempre con el texto que avanza en comisiones sin los cambios que tendrá a último momento, "controlar el debido cumplimiento de los compromisos de inversión en exploración y explotación y de las demás obligaciones contractuales", además de "evaluar la evolución de las explotaciones hidrocarburíferas" y "recabar y considerar toda otra información complementaria que pudiere ser pertinente, para efectuar recomendaciones o proponer ajustes al Poder Ejecutivo".
En el modelo de pliego aparece el compromiso de las operadoras de "pagar a la provincia en forma mensual en efectivo o en especie un porcentaje de la producción de hidrocarburos extraída durante la concesión a acordar por las partes, que no podrá ser inferior al 5%". Esto significaría que las regalías se fueran al 17%. Éste es un punto polémico del proyecto porque hasta ahora las provincias que negociaron la extensión de las concesiones lograron sólo dos puntos más del 12% de regalías que perciben las provincias por ley.
Otro aspecto polémico es que las empresas que pretendan extender sus explotaciones deberán "aceptar expresamente que para la contratación o subcontratación de trabajos o servicios necesarios para llevar a cabo la actividad deberán utilizar marcos contractuales de mediano y largo plazo no inferiores a dos años, salvo que el trabajo o servicio contratado sea requerido por un plazo menor al señalado anteriormente". Esta obligación va de la mano del "compre rionegrino" porque busca estabilidad para las empresas locales.
