El bloque oficialista acompañará el proyecto de renegociación petrolera en la provincia de Río Negro. Su presidente, Adrián Casadei, no dudó en adelantar ese apoyo aunque, en realidad, la iniciativa que tendrá tratamiento el jueves próximo se diferencia mucho del proyecto elevado por el gobernador Miguel Saiz. La bancada radical le incorporó importantes modificaciones. Casadei destacó esas reformas en el resultado del debate y del análisis de las reuniones de los diputados en Catriel y Allen con los representantes de los municipios y organizaciones petroleras.

Días atrás, el gobernador advirtió que vetaría parcialmente la ley si se aprobaba la prevista preadjudicación vinculante de una comisión mixta y la posterior ratificación legislativa. Luego Saiz se reunió con Casadei. El legislador aseguró que no habrá veto porque existió acuerdo, modificando algunos textos.

"Será una comisión de renegociación", la adjudicación dependerá del gobernador y la Legislatura deberá otorgar su ratificación. Si el Poder Ejecutivo no acepta el dictamen de la comisión mixta y no quiere adjudicar, el área petrolera se deberá licitar en un plazo de 60 días, explicó Casadei.

La decena de representantes del justicialismo recibió el mandato partidario de rechazar la renegociación. La declaración oficial del principal partido de oposición da cuenta de que se opondrán en este caso a toda iniciativa que "en forma flagrante o velada signifique un avasallamiento a la calidad institucional, la transparencia de los actos de gobierno, el bienestar de la población, el cumplimiento de los deberes indelegables del Estado y la dilapidación de los recursos económicos y naturales de todos los rionegrinos". La posición fue rubricada por el intendente Carlos Soria, como presidente partidario; los legisladores y la Liga de Intendentes, entre otros.

El bloque Redes adelantó que comparte el texto borrador del proyecto numerado con el 612 y que fue elaborado por parlamentarios de distintas extracciones políticas. Éste recoge las inquietudes de representantes municipales, sindicatos y empresas de servicios.

El texto consensuado crea la comisión de preadjudicación -conformada por representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, comunas, sindicatos y empresarios-, que a su entender decide en forma absolutamente transparente la preadjudicación de cada contrato y eleva los correspondientes proyectos de contrato para su aprobación al Poder Ejecutivo y la posterior ratificación legislativa.

De esta manera, el sector que integran Fabián Gatti, Beatriz Manso y Martha Ramidán considera que se garantizan la transparencia y el cumplimiento del precepto constitucional que establece que la renegociación de estos convenios es resorte facultativo del Legislativo. De ser así, Redes acompañará la iniciativa.

Foro Rionegrino tiene muchas dudas sobre qué actitud tomará el 2 de septiembre próximo. "No estamos conformes con lo que plantea el Ejecutivo y nos dan vueltas con los resultados de la extracción porque nadie sabe el alarmante nivel de información", denunció Luis Bardeggia. Advirtió que no existen controles fehacientes por parte de la Policía de Hidrocarburos en virtud de que las planillas con lo obtenido de los pozos las conforman las empresas y la provincia no corrobora. A su entender, no están contemplados los intereses de la principal zona petrolera, que es la de Catriel, y por ese motivo "hay que extremar los controles en cuanto a la extracción de crudo".

En el mismo sentido, a Daniel Cortés, de Crecer con Principios, no lo convence la información disponible sobre la cantidad de crudo obtenido; además, "no se contempla la participación social de los trabajadores, está en riesgo la mano de obra y sólo (se privilegian) los artículos económicos". Adelantó que por ahora "estoy más por el no que por el sí".

Los más chicos

Sur, de Manuel Vázquez e Irma Hanek, considera que no existen urgencias para renegociar los contratos. Vázquez condicionó el apoyo al proyecto gubernamental a que el texto se corrija profundamente, lo cual puso en duda. Criticó que no existen cláusulas que obliguen a las empresas a cumplir en forma acabada las remediaciones ambientales y agregó que paralelamente "no sabemos por qué no se les inserta un compromiso que permita determinar qué tipo de inversión harán y qué se hará con las máquinas que dicen que pasarán a la provincia al finalizar el contrato, con todo el riesgo que para esa época se corre de que caigan en la obsolescencia".

El sector que integran Facundo López, María Inés Maza y Beatriz Contreras (Encuentro-Frente Grande) esperará hasta último momento para resolver su postura. (Agencia Viedma)