En el 2005 llegó a tener un déficit de 24.000.000 de pesos. Hoy, luego de conseguir la matrícula de distribuidora de energía, la cooperativa CALF llegó a un equilibrio presupuestario que busca mantener. Su presidente, Marcos Silva, dice que la tarifa está retrasada, pese a lo cual este año se harán obras por 20.000.000 de pesos. Y que todos los días se trabaja para solucionar el tema de los enganchados al sistema.

-¿Qué retraso tiene hoy la tarifa de CALF?

-En el contrato de concesión se establece que se debe hacer una revisión tarifaria a fin de año, donde se evalúan en primer término los aumentos salariales que hubo en el sector, después los aumentos del precio de la energía y luego los aumentos en los insumos que la cooperativa utiliza para brindar el servicio. En el caso de los aumentos salariales, recién una vez que estén homologados por el Ministerio de Trabajo las cooperativas los pueden trasladar a sus tarifas. El contrato de concesión dice que esos aumentos tienen que ser comunicados al poder concedente y éste luego los manda al Concejo Deliberante. Lo mismo sucede con el aumento en el precio de los insumos y la energía. Además, anualmente se revisan todos los costos de la cooperativa. Es una revisión exhaustiva, donde un equipo de la municipalidad se instala en la cooperativa para evaluar con los técnicos de CALF. Porque no solamente se evalúan las variaciones en los costos sino también el plan de obras a ejecutar. La cooperativa presenta el cálculo de dinero que se necesitará para ampliar el servicio eléctrico en la ciudad. El contrato de concesión es por diez años y los primeros cinco este cálculo de obras se hace en forma anual; a partir del sexto es bianual.

-A esta altura del año, ¿en qué porcentaje piensan que está retrasada la tarifa?

-Nuestro balance cierra del 30 de junio, es decir que toda la información sobre los aumentos que hubo se termina de procesar a fines de julio. Pero es evidente que está retrasada, porque hubo aumentos salariales y en el valor del transporte de la energía. Justamente el ENRE y Cammesa nos han convocado a una reunión conciliatoria con el EPEN para establecer ese valor.

-También piden un aumento del 100% en la tarifa social...

-Nosotros evaluamos que no hay modificaciones desde hace dos años. De los 8 pesos que se cobran desde hace dos años, pedimos llevarla a 18 pesos (N. de la R.: el Concejo Deliberante está a punto de aprobar el aumento). En ese lapso hubo aumentos salariales, en la madera, en el bronce. Además, la tarifa social no es sólo para sepelios; también es para la revista, para los cursos de capacitación. Todo eso es gratuito. El quebranto que tenemos con las prestaciones sociales de 2,5 millones anuales, solamente en sepelios. La cantidad de servicios de sepelios pasó de 70 a 120 por mes y está considerado como uno de los mejores de la Argentina por la Federación de Servicios de Sepelios, a la cual estamos adheridos. Y la ciudad necesita cuatro salas velatorias más. Tenemos programadas una en la calle Bahía Blanca, otra en Gran Neuquén, otra en El Progreso y una en Valentina. Pero no se pueden hacer hasta que no se resuelva la situación legal de las tierras, que pertenecen a sociedades intermedias como comisiones vecinales o clubes.

-¿Cómo van a resolver el tema de los enganchados?

-Está en vías de solución, pero hay cerca de 70 asentamientos en la ciudad; por ejemplo, se dispone un millón de pesos de la tarifa para ir resolviendo la situación de asentamientos y de a poco se van regularizando. La cooperativa se descentraliza en esos sectores y los funcionarios se instalan en alguna entidad intermedia, les toman los datos a los asociados y se van instalando los medidores. Es lo que llamamos "inclusión eléctrica". Y esa gente va pagando. En el caso de que las tierras sean municipales, esa gente tiene una tarifa de emergencia por un tiempo limitado y por una cantidad de kilovatios. Y hemos creado, junto al municipio, un bono que vendría a resolver la situación de mucha gente que contaba con el servicio y luego fue enganchándose ilegalmente. Este bono les permite incorporarse al sistema nuevamente. Es una de las herramientas que tiene CALF para limitar las pérdidas de energía (estábamos en el 21% y ahora llegan al 18%). Ocurre que se resuelve la situación de un asentamiento y al tiempo aparecen tres. Calculamos que en esos asentamientos había unas 3.000 familias y consideramos que se resolvió la situación de 500. Esto significa que la cooperativa deja de recaudar entre 4 y 5 millones de pesos anuales. Pero es una realidad social: en la mayoría de los asentamientos hay gente joven con hijos y la única forma que tienen de tener energía es enganchándose. Es un mito que haya una industria del enganche. Hemos hecho un relevamiento y la mayoría son jóvenes de barrios cercanos que han formado sus familias y ya no pueden vivir más con sus padres. Pero tampoco es que la tarifa tiene un alto componente de subsidio para esas personas. En lo que trabajamos es en ir solucionando este tema. Las obras de infraestructura en esos lugares están dentro del plan de obras anual, es decir que se destina más de un millón de pesos de la tarifa. Lo que ocurría antes era que la normativa no permitía darle un medidor a alguien que no tuviera la escritura. Pero en el último contrato de concesión se lograron pautas más flexibles: basta que estén la mensura y la proyección de la calle por parte del municipio. Entonces, con una tenencia provisoria y dos testigos ante la policía o el Juzgado de Paz, CALF puede poner el medidor. Pero además de las tomas, la ciudad ha crecido mucho.

-¿Qué proyecciones hacen del aumento de la demanda en la ciudad?

-Tenemos un crecimiento anual del 8% aproximadamente. Por eso tenemos que expandir el sistema de distribución, hacer obras.

-¿Cuáles faltan?

-Varias. Pero hemos lanzado dos muy importantes, una ya está licitada y es el anillado llamado AV7, que viene desde la estación Alto Valle hasta la calle Láinez. Es financiada por la cooperativa y se recupera con la tarifa. La expansión del sistema necesita que todos los años se vayan haciendo obras. Para el 2010 se estima invertir 20 millones de pesos en obras. También es importante que el gobierno nacional haya decidido financiar la línea desde Céspedes a Regina, porque alivia a Neuquén. No se discutía el beneficio de la obra sino de dónde se sacaba el dinero. Con el EPEN nos pusimos firmes, porque al EPEN le tocaba un 17% y a nosotros un 18% de la obra. Nuestros usuarios tenían que poner 10 millones de dólares en quince años.

-¿Por qué la boleta llega ahora con el mensaje de "tarifa subsidiada por el gobierno nacional?

-En realidad la tarifa siempre estuvo subsidiada. Lo que hace ahora el gobierno nacional es dejarlo claro.

El polémico contrato de compra de energía a alto valle

En tiempos de Osvaldo Bonvín en la presidencia, CALF participó del holding que se quedó con la privatización de la central Alto Valle y quedó atada a un contrato de compra de energía que nunca fue ventajoso.

-¿Qué pasó con el contrato que obligaba a CALF a comprar energía a la central térmica Alto Valle?

-Se terminó en enero de este año. En el 2006 llegamos a una negociación con Duke Energy y entonces se estableció bajar la curva de carga. Coincidimos en que se venía una especie de crisis energética y que ese valor que nos cobraban a nosotros lo podían superar en el mercado nacional. Eso nos significó un ahorro de cerca de cuatro millones de pesos anuales. El contrato original vencía en el 2012, pero ahora le compramos energía directamente a Cammesa. También quedaba la deuda pendiente de las acciones (CALF tiene el 6,55% de las acciones de la central térmica). Entonces la cooperativa se encontraba pagando energía que debía, comprando la actual y pagando las acciones que había adquirido. Las acciones se terminaron de pagar en enero y, como dieron ganancia, también nos beneficiamos con los dividendos. Por suerte estamos comprando bien en el mercado mayorista, pero hay que estar atentos porque pagar fuera de término implica multas muy importantes. Lo fundamental es lograr la confiabilidad del sistema. Y lo vamos logrando con las obras que hacemos para evitar las pérdidas técnicas y no técnicas (enganchados).

-¿Cuál es la situación financiera de la cooperativa hoy?

-Cuando asumimos había un déficit proyectado de 24 millones de pesos, mientras que el último balance (de junio del 2009) cerró equilibrado, con dos millones de superávit. Y estimamos también un equilibrio para este balance. Esto se pudo lograr, entre otras cosas, al obtener la matrícula de distribuidor de energía. Es la única cooperativa que logró reunir todos los requisitos que marca la ley para ser distribuidor. Antes éramos gran usuario mayorista, por lo cual pagábamos una energía mucho más cara. Esto también nos permitió llegar al equilibrio, renegociar el contrato con Duke y cobrarles a las medianas y grandes demandas el aporte de capitalización que no estaban pagando. Y, por supuesto, tener un contrato de concesión (2007) con una tarifa inicial justa y equilibrada. Además, fuimos eliminando muchos gastos superfluos que había en la cooperativa y optimizando recursos; por ejemplo, se cambió el 70% de la flota de vehículos (estimamos completar este año el restante 30%), lo que permitió ahorrar mucho en las constantes reparaciones y el consiguiente alquiler de grúas. Todo esto sin echar gente y respetando todos los convenios colectivos. Hoy la cooperativa tiene 420 empleados, de los cuales más del 80% pertenecen al gremio de Luz y Fuerza. Creo que hicimos las cosas bien y por lo tanto voy a ir por la reelección en la próxima asamblea.