Las concesiones de las áreas que no entren en esta prórroga podrían ser declaradas extinguidas y la provincia estaría en condiciones de hacer un llamado a licitación anticipada, advirtió la fuente del gobierno consultada.

Los problemas con la duración de las concesiones es uno de los tantos puntos flojos del proceso de privatizaciones de los 90. Para las provincias, es casi un callejón sin salida porque cómo podrían hacer para obligar a una empresa a seguir invirtiendo a futuro en un yacimiento que perderá en cinco años.

La extensión de esa concesión aparece entonces como lo más natural, aunque en realidad el problema no desaparece sino que su solución se pospone diez años.

Las prórrogas se otorgan en función de la ley de Hidrocarburos de los 90, que permite extender en 10 años (no más) las concesiones, que fueron originalmente de 25.

¿Qué pasará en el 2025 y 2027 cuando venzan las concesiones con sus respectivas prórrogas?

Siempre habrá posibilidades de otorgar nuevas concesiones, no ya prorrogar las que se otorgaron hace 20 años.

Los ejecutivos de las petroleras preferirían que las concesiones se extendieran hasta el fin de la vida útil del yacimiento pero, además de que la legislación no lo contempla, difícilmente los gobiernos provinciales, que son los que ahora tienen la potestad de adjudicar, estén dispuestos a perder la posibilidad de negociar cada determinada cantidad de años los contratos.

En función de estas circunstancias que rodean los procesos de prórrogas, es que el gobierno rionegrino pretende incluir la "facultad del Poder Ejecutivo de declarar extinguida la concesión y llamar a licitación anticipada", según se lee en un borrador de proyecto de ley que manejan los diputados oficialistas.