Luego de años de ir por caminos separados, el petróleo y el medio ambiente parecen haber iniciado en la Argentina una relación más sustentable.

Podría decirse que la legislación sobre medio ambiente en cuanto a la actividad hidrocarburífera en nuestro país es relativamente nueva, sobre todo si la comparamos con la de los países centrales o del Primer Mundo. Es que hasta 1992, año en que se publicó en el Boletín Oficial la ley 24051, a los derrames no se les daba la importancia que actualmente tienen. Tampoco nadie se preocupaba por el destino de los residuos generados por la actividad, dando por hecho que la naturaleza limpiaba el ambiente.

A partir de allí comenzaron a sucederse leyes, decretos reglamentarios, disposiciones y resoluciones que obligaron a las empresas a ocuparse del problema. Hubo dos razones fundamentales para este avance: las empresas que tomaron concesiones cotizan en bolsa en todo el mundo y la promulgación de legislación en todos los niveles jurisdiccionales.

La ley provincial de Medio Ambiente 1875 data de 1991 pero el decreto reglamentario 2656, que efectivamente la puso en vigencia, vio la luz recién en 1999. El anexo 7 es el que establece las normas y procedimientos para la actividad hidrocarburífera, tanto para la exploración como para la explotación.

Medio Ambiente tiene rango de subsecretaría en la provincia. Según su coordinador general, Ricardo Esquivel, se trabaja en tres áreas: "una de evaluación de impactos ambientales, una de fiscalización y la tercera, de seguimiento de los residuos peligrosos".

El funcionario considera que en los últimos años se ha avanzado mucho en la materia. Menciona como ejemplo la ley 2600, denominada de Aptitud Ambiental y sancionada el año pasado por la Legislatura provincial. "Pretendemos -dice Esquivel- elevar la calidad ambiental tanto por parte de las concesionarias como de los servicios de work over, pulling y perforación que prestan las subcontratistas".

El artículo 13 del decreto reglamentario de esta ley, que el gobierno confía en tener listo para el mes próximo, dispone la creación de una tasa ambiental. La misma -con la cual se prevé recaudar entre 5 y 6 millones de pesos anuales- se cobrará en función de la cantidad de pozos en actividad e inactivos, las hectáreas en concesión y la cantidad de petróleo y gas producida y computable que tenga cada empresa.

Para Esquivel se trata de una norma fundamental. "Se armonizará la tarea de control con los municipios, porque el ambiente es uno solo. La tasa ambiental se coparticipará para que las comunas dispongan de más recursos y dispongan del personal para fiscalizar adecuadamente", asegura. Según los últimos datos disponibles, del 2008, se han cobrado multas por infringir la ley de Medio Ambiente por apenas 1.200.000 pesos, una cifra insignificante teniendo en cuenta la millonaria facturación de las empresas.

Derrames y desechos

Los derrames siempre fueron y serán el problema más complicado que las empresas tienen que combatir con planes de contingencia adecuados. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional del Comahue, las causas principales de los derrames son:

- roturas de líneas de conducción (pinchaduras, fractura completa o parcial, actos de sabotaje),

- pérdida en las empaquetaduras de los pozos,

- roturas en oleoductos, acueductos, poliductos de interconexión,

- pérdidas en los tanques de almacenamiento y

- derrames en baterías.

Antiguamente la práctica tradicional de perforaciones utilizaba piletas para disposición de los lodos con los detritos una vez que resultaban inútiles para el circuito de inyección. Es así que una vez concluida la perforación quedaban esas piletas colmadas con barro contaminado con petróleo que en ocasiones carecían de protección o barrera hidráulica, que impactaban en el suelo y la fauna.

La ley 24051 de tratamiento de residuos peligrosos cambió radicalmente el modo de operar de las empresas. Por ejemplo, éstas han aplicado la metodología de perforación de pozos con "locación seca", sin pileta. Consiste en utilizar equipos especiales de tratamiento de lodos, que hacen un uso más eficiente de los mismos al separar mejor la fase líquida de la sólida, con lo cual el volumen final de esta última se reduce sustancialmente y facilita el tratamiento y disposición final de ambas fases.

En cuanto a los desechos, existen por lo menos cinco empresas de primer nivel dedicadas al tratamiento de los residuos de la actividad. Según el coordinador técnico de Medio Ambiente una cantidad similar está solicitando autorización para instalarse en distintos municipios como Vista Alegre, Senillosa y Neuquén.

Los residuos se reducen en hornos pirolíticos

El tratamiento de residuos sólidos generados por la actividad hidrocarburífera se hace por incineración (termodestrucción por pirólisis). El proceso busca la destrucción de los residuos en forma tan completa como sea posible, de manera tal de reducir su volumen hasta un nivel que represente de un 3 a un 5% del original. La incineración es pirolítica (en defecto de oxígeno), lo que asegura una mejor combustión del material y su completa gasificación.Los gases son quemados a una temperatura de 1.200 grados centígrados durante dos segundos, según lo estipulan las normas internacionales, y antes de ser liberados son tratados mediante un sistema de lavado que garantiza la remoción del particulado y la neutralización de vapores ácidos. De esta manera, sólo se libera a la atmósfera dióxido de carbono y agua.

Además, el agua utilizada para el enfriamiento de los gases recibe un tratamiento físico-químico para dejarla en condiciones óptimas de reutilización. Finalmente, las cenizas son analizadas por un laboratorio externo y enviadas a relleno sanitario, una vez verificada su inocuidad.

Éste es, de manera simplificada, el destino que se les da a los residuos sólidos generados por la explotación petrolera en una de las empresas dedicadas al rubro. Jorge Lucero, gerente de Planta de Indarsa, explica que en la destrucción de residuos peligrosos se aplica la trazabilidad, es decir, "el generador de residuos sabrá lo que ocurrió con los mismos de la cuna a la tumba".

Lucero señala el enorme horno, en pleno proceso de ampliación, que podrá procesar hasta 300 toneladas por mes. "A esto hay que sumarle los residuos líquidos, generalmente agua empetrolada o con aceite -dice-. En cambio, es muy poco lo que se puede reciclar, salvo en el caso de los envases vacíos de agroquímicos".

"Afortunadamente se ha avanzado mucho en la materia y las normas son hoy muy estrictas -advierte Lucero-. Por eso la documentación sobre la disposición final de los residuos es la más buscada por las empresas". De todas formas, aclaró que "todavía estamos lejos de otros países, donde las normas son severísimas; tanto, que definen el negocio".

Sobre el costo del servicio, es terminante: "Para la empresa que nunca se ocupó de sus residuos puede resultar caro pero, pensando en las normas legales, las multas a las que se expone y el daño a la población, flora, fauna y suelos que se evita, el servicios es más que barato".

La remediación de suelos contaminados es más difícil, pero también se puede hacer. El método más utilizado es con bacterias que degradan los hidrocarburos. "Incluso -amplía Lucero- hay empresas que hasta patentaron bacterias. Estos microorganismos degradan o 'comen' un determinado tipo de producto, por lo cual tienen la posibilidad de biorremediar la tierra en un tiempo mucho más corto que la competencia".

La legislación también obliga al tratamiento de los efluentes cloacales generados en los campamentos, otra actividad que las petroleras tercerizan. El desecho es un líquido que, una vez tratado con microorganismos, como todo sistema biológico va al campo. Antiguamente se hacía un pozo y todo iba a parar allí.

Alejandro Ponce, a cargo de la división Medio Ambiente de la empresa Bacs, dice que el residuo luego del tratamiento "es un barro que se dispone en el sistema de tratamiento tanto en Neuquén como en Rincón de los Sauces. Pero son cantidades mínimas, de dos metros cúbicos por planta cada tres meses", aclara. Si bien la actividad bajó un 25% desde el estallido de la crisis internacional, hay unas 80 plantas de esta sola empresa en toda la provincia.

La herencia de tros tiempos

Como vimos, desde que comenzó la actividad petrolera en el país y hasta la década del '90 no se prestó mucha atención al tema medioambiental.

La contaminación producida y no tratada se denomina pasivo ambiental. En Neuquén se está fiscalizando el pasivo ambiental y se espera tener un informe detallado en unos dos meses.

NORMAS

La ley 2615 de prórroga de concesiones estableció el funcionamiento de comités operativos para discriminar los impactos ambientales anteriores a la privatización de YPF. "Pero las empresas se tendrán que hacer cargo -dice Esquivel-. Elevarán a la subsecretaría una declaración jurada de los pasivos ambientales que será remitida a la Legislatura. Luego surgirán otros que pueden ser informados por las mismas empresas, por terceros o por fiscalización de la autoridad de aplicación". La misma ley obliga a las empresas a sanear los ambientes afectados en un determinado tiempo. Según Esquivel, "hay un cronograma para que esto se vaya cumpliendo y la mayoría de las concesionarias se comprometió a que la remediación quede completa en el 2017".