El diputado nacional Hugo Prieto (un radical que integra la Concertación) quiere que el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, informe sobre si se está cumpliendo con la transferencia de información sobre el mercado petrolero a las provincias, como manda la denominada "ley corta".

Presentó un proyecto de resolución en el que expresa sus dudas respecto de la celebración con las provincias productoras de un "acuerdo de transferencia de información petrolera", como ordena el artículo 5 de la norma que hizo efectiva la transferencia de los hidrocarburos.

El legislador pretende saber sobre "la transferencia de legajos, planos, información estadística, datos primarios, auditorías, escrituras y demás documentación correspondiente a cada área transferida sujeta a permisos de exploración o concesiones de explotación en vigencia o que hayan sido revertidas al Estado nacional".

En el proyecto, el diputado incluyó la solicitud de información acerca de "la transferencia de toda la documentación técnica, de seguridad y ambiental de las concesiones de transporte objeto de transferencia, incluyendo las auditorías de seguridad, técnicas y ambientales, que la normativa en vigencia establece para cada una de las áreas involucradas, con sus respectivos resultados, cronogramas de actividades y observaciones", según se lee en la iniciativa del diputado neuquino.

"En el caso de haberse cumplimentado, indique el grado de cumplimiento de la mencionada transferencia. En su caso, indique en qué estado de avance se encuentra el proceso de conformación del acuerdo con las provincias productoras", añade en el proyecto.

RAZONABLE Y SUFICIENTE

Pretende Prieto que la Cámara de Diputados le pregunte además a Cameron "si la información suministrada por el Poder Ejecutivo Nacional respecto de los yacimientos concesionados a partir de la desregulación de la actividad hidrocarburífera es la necesaria y suficiente para que, razonablemente, las respectivas provincias puedan resolver acerca de la exploración y explotación de sus recursos hidrocarburíferos, por sí o por empresas privadas".

Además quiere saber "si tal información es la necesaria y suficiente para que, razonablemente, las respectivas provincias puedan efectuar un correcto control de la exploración, explotación y el debido resguardo del medio ambiente que realizan las empresas que se desempeñan en las áreas pertenecientes a su jurisdicción".