Crítico de las reformas de los '90 y de la política energética actual, el vicepresidente de la Fundación Bariloche, Daniel Bouille, sostiene que la crisis es estructural y que los precios son sólo un componente.

-Hace unos años los más ortodoxos decían que el problema energético argentino era de tarifa. ¿Lo era?

-No, no estoy de acuerdo. Eso puede ser interpretado de dos formas: si está expresado por un grupo de intereses, que es completamente lícito, porque se espera una mejora de los precios de los productos que está vendiendo; si está vinculado a un error de interpretación, es darle al mercado y a los precios un rol un tanto exagerado. Esto no significa decir que los precios no son un instrumento adecuado para contribuir a la solución del problema. La solución de la situación energética argentina requiere instrumentos de política y estrategia que van mucho más allá de discusiones sobre precios.

-¿Estamos mejor o peor que en el 2002 con los parches que fue haciendo el gobierno nacional?

-La problemática energética argentina de hoy es estructural, fuertemente vinculada a ausencia de elecciones o retrasos de inversiones. Apunta a la estructura misma del sistema en cuanto a su capacidad de abastecimiento y en cuanto a su estructura legal y regulatoria. Mi sensación, a pesar de que pueda haber otras opiniones, es que la acción gubernamental de gestión no llegó a revertir la situación. Si no se toman las acciones correspondientes, cuando más se demore, la situación tiende a desmejorar. En ese sentido, está peor. No podría llegar a decirse que el accionar del gobierno la empeoró. Se ha dado un conjunto de situaciones internacionales, como la evolución de los precios del petróleo, situaciones que están fuera del control del gobierno, por ejemplo los cambios en países vecinos, como Bolivia, que era un potencial abastecedor de gas y resulta que no tiene la capacidad para cumplir con los compromisos.

-¿La crisis no es una consecuencia directa de la devaluación?

-Cuando digo que es un problema estructural es porque está fuertemente vinculado con las re

formas estructurales de la década del '90. Hubo un quiebre de la política energética en cuanto al abandono de los principios básicos que había hasta ese momento, como eran el autoabastecimiento de energía, el control sobre los recursos naturales energéticos, la propiedad sobre esos recursos la diversidad de la matriz energética a través de políticas públicas. El Estado tenía una presencia fuerte, con errores y con aciertos. Lo que se denominó "subsidiariedad del Estado" a partir de los '90 prácticamente significó replegarse desde esa acción de intervención de las políticas públicas, dejando fuertemente en manos de los actores descentralizados los procesos de decisión. Ya no hubo autoabastecimiento sino libre disponibilidad, no hubo control sobre los recursos naturales sino transferencia del derecho de propiedad y de la infraestructura; la diversificación de la matriz energética quedó en manos de la eficiencia del mercado.

-Los precios también.

-Los precios fueron de mercado durante toda la década, mucho más bajos que los de hoy porque el petróleo estuvo entre los 15 y los 20 dólares por barril.

-Los gobiernos desde el 2002 hasta ahora evitaron aumentar las tarifas de la electricidad, lo que generó una brecha enorme entre los precios y los costos.

-No haber modificado los precios es un error. Respetando la equidad distributiva, no alterando los precios de los hogares de menores ingresos, las tarifas del resto deberían haberse modificado. Hay que tener cuidado porque habría que hacer un análisis de todo el país. El Estado nacional tiene in

jerencia sobre los precios de las empresas que están en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y si usted hace un análisis comparativo se va a encontrar con que ésos son los precios más bajos del país y que en el interior las tarifas son más elevadas. El gobierno de Santa Fe que acaba de asumir incrementó en un 20% las tarifas; no acompaño esa medida en particular pero es otro tema. Hay un espectro muy fuerte de tarifas pero es cierto que la mayoría se concentra en las tres empresas. En mi casa he llegado a consumir hasta 1.600 kilovatios hora por bimestre, pago un peso por día de electricidad. He llegado a tener facturas con crédito a favor por aplicación del Plan de Uso Racional.

-Una tarifa que contemple aspectos sociales no se ajusta al marco regulatorio.

-Para nada, por supuesto. En la modificación

del marco regulatorio hay un amplio margen de acción, con el fin de revisar los cuadros tarifarios. En el 2000 la revisión que no llegó a hacerse incluía dos aspectos importantes. Uno era la fijación de lo que se denomina "módulos homogéneos", que los usuarios fueran diferenciados en función de su localización geográfica y la calidad del suministro que reciben; no es lo mismo el abastecimiento con un sistema aéreo que uno subterráneo. Había un principio de revisión y la incorporación del concepto del uso racional de la energía, lo cual implicaba revertir esa situación que tenemos ahora de tarifa decreciente: cuando más consume más paga por unidad. El impacto de la salida de la convertibilidad, que fue una crónica de una muerte anunciada, fue tremendamente desigual y fíjese que los sectores más pobres de la sociedad

fueron los que más sufrieron porque satisfacen sus usos calóricos con gas licuado de petróleo, que tiene precio libre porque se considera derivado del petróleo, aunque en Argentina es derivado del gas natural. El precio de la garrafa se multiplicó por tres y por cuarto. No se intervino inmediatamente. Las tarifas a nivel minoristas deben ser revisadas.

-¿Revisadas quiere decir aumentadas en función del poder adquisitivo?

-Exactamente. Hay una aclaración que tampoco se dice regularmente: muchos de los consumidores de electricidad y gas ya tienen tarifas libres. Son los grandes usuarios que se han visto obligados a negociar directamente su tarifa con los abastecedores y no están pagando los precios que fijan los cuadros.

-El sector generador tiene precios libres, ¿cómo son esos precios en relación con valores internacionales?

-Estamos a niveles similares. Cuidado: no es el precio que se está pagando, pero se están reconociendo precios de máquinas de despacho forzado que funcionan a gasoil, que está valorado a precio de importación.

-Contra las acusaciones de improvisación, el gobierno dice que atendió necesidades en el transporte, que está por inaugurar la fase abierta de dos ciclos combinados de generación, que no aumentó tarifas y que con el programa Energía Plus hay promesas de inversiones.

-Todo eso es cierto. Pero las centrales de Timbúes y Campana tardaron mucho tiempo en iniciar sus construcciones y el costo está bastante por encima del precio del mercado para ese tipo de equipamiento por la necesidad de realizar negociaciones de corto plazo: cuando sale apurado a comprar, paga más caro. Lo que deberíamos pensar, con una visión a largo plazo, es en aliviar la presión sobre el gas para liberarlo hacia los sectores industrial y residencial. Hay fuertes atrasos para recuperar el plan nuclear, para terminar Atucha II y construir las dos o tres que restan.

-Están las centrales hidroeléctricas...

-Hay una carpeta de centrales hidroeléctricas que se podrían llevar adelante. Lo que llama la atención es que lo que se anuncia son medidas a corto plazo. Anunciar como una solución la instalación de barcazas de 40 megavatios o centrales de 20 megavatios es un mensaje de corto plazo que no recuerdo que tenga antecedentes. Tenemos una fuerte vinculación (en la Fundación Bariloche) y una coincidencia con la Secretaría de Energía, pero da la sensación de que el proceso de decisión está siendo tomado por otros actores. Pareciera que el área técnica no toma las decisiones.

-¿Hay posibilidades de que el Estado intervenga en el mercado?

-El Estado ya está interviniendo fuertemente. Una de las cosas que fracasaron del marco regulatorio es la ampliación de la red de transporte en alta tensión, y ahí intervino el Estado para suplir las inversiones del sector privado. El mecanismo de las dos nuevas centrales es una intervención del Estado, que asume el 50% de los costos de construcción. Es evidente que en estos momentos nosotros no somos un lugar muy atractivo para inversiones. Para atraerlas hay que fijar condiciones tremendamente favorables y ahí hay que evaluar el costo-beneficio de esa decisión. Históricamente, el único que invirtió en los procesos de expansión de los sistemas eléctricos en Argentina fue el Estado. Cuando se transfirieron los derechos de propiedad, no se construyó ni un solo gasoducto troncal.

-Hubo inversiones en generación.

-Con un comportamiento que fue muy particular. Si estoy en un desfile y me paro en puntas de pie voy a ver mejor, pero si todos lo hacen vamos a estar todos igual. Recuerde que cuando se produce la privatización, el costo del megavatio hora estaba en 50 dólares y el costo de un ciclo combinado era de 25. Si todos hacemos centrales de ciclo combinado el costo marginal baja a 20 dólares, que fue lo que pasó.

-El gobierno parece haber convencido a grupos económicos nacionales para que inviertan en generación. ¿Con los capitales argentinos y el Estado no basta?

-Sí, de cualquier manera... ¿Cuál es el precio de frontera del petróleo argentino? Entre 42 y 64 dólares. ¿Y cuál es el costo de producción?

-¿Cuál es el costo de producción?

-Yo no creo que supere los 12 dólares.

-Sin tener en cuenta la exploración.

-¿Pero se está haciendo exploración? Me refiero a que en este momento hay 30 dólares de renta petrolera; ¿no podría invertirse en exploración? ¿Sería posible que parte de la renta petrolera que el Estado está captando a través de retenciones a las exportaciones revirtiera el sector? Es una discusión entre el ministro de Economía y el secretario de Energía, si es que suponemos que el ministro de Economía es el que toma la decisión de política fiscal.

-El gobernador Jorge Sapag sostiene que si se remunerara mejor el gas, habría reservas suficientes.

-Internamente, hay opiniones divididas. En la Fundación Bariloche hay quienes creen que hay gas y lo que hay que hacer es ir a buscarlo. Otros dicen que ya consumimos la mitad de las reservas. Si uno plantea un esquema de mejor remuneración, debería encuadrarse en un esquema de inversiones y pago por reservas nuevas. Primero invertir y después cobrar, no cobrar y dejar librada la inversión.

MARTÍN BELVIS

martinbelvis@rionegro.com.ar