Llama la atención que un tema tan clave no forme parte ni del discurso de campaña de los candidatos ni de la agenda de concertación de políticas de Estado de largo plazo.
El próximo 13 de diciembre se cumplen 100 años del descubrimiento del petróleo argentino en Comodoro Rivadavia, hecho relevante que dio inicio a un proceso de desarrollo altamente exitoso que llevaría a la Argentina a un puesto de liderazgo en América Latina de la mano de la empresa estatal YPF.
El próximo 10 de diciembre un nuevo gobierno democráticamente elegido asumirá sus funciones. Finalmente, y coincidentemente, termina su mandato el gobierno del presidente Kirchner.
La proximidad de las fechas y el hecho de encontrarse la Argentina en una crisis energética estructural nunca admitida por el gobierno que finaliza nos sugiere la conveniencia de abordar esta temática. El siglo XX fue el siglo del petróleo y de la energía eléctrica. Fue también el siglo en que el concepto de servicio público se impuso como modalidad organizativa de prestación, combinando las características de prestación monopólica del suministro con regulación estatal.
Ocurrieron cosas que no habían sido tomadas en cuenta con anterioridad:
" La agotabilidad del petróleo planteó con crudeza la necesidad de los consumi
dores de asegurarse las fuentes de suministro (usualmente ubicadas en países distintos de los países de consumo) y con ello la aparición de los neocolonialismos.
" La energía basada en la utilización intensiva de combustibles fósiles (hidrocarburos, carbón) trajo como consecuencia la producción de cantidades de gases de efecto invernadero que complican el funcionamiento climático del planeta.
" La existencia del monopolio como forma eficiente de prestación para los servicios públicos exige la existencia de Estados nacionales fuertes para regular legalmente y en forma transparente y equitativa el funcionamiento de esos monopolios.
El panorama presente es complicado. Poco queda del Estado que descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia y que rápidamente, de la mano del presidente Figueroa Acorta, declaró la reserva para el Estado de los yacimientos descubiertos en su jurisdicción. Nada de la YPF de Mos- coni, de la YPF que casi 50 años más tarde descubrió los yacimientos gigantes de gas en Loma de la Lata y en las cuencas del Noroeste y Austral y que le permitió a nuestro país transformar-se en uno de los consumidores de gas más importantes del mundo de la mano de Gas del Estado.
Las reformas de los '90 llevaron a una transformación sin precedentes en nuestro país: privatización absoluta y
rápida; retirada del Estado del ejercicio de sus roles indelegables sobre todo en materia de fijación de la política energética de largo plazo, de planificación estratégica y de fiscalización de la actividad de producción de hidrocarburos; desnacionalización total de la econo- mía energética. Ello dio como resultado el formidable choque contra la realidad con que la Argentina celebra lamentablemente el centenario de su industria petrolera: desde 1998 se registra la mayor caída de la producción petrolera de toda nuestra historia; nuestros saldos exportables disminuyen dramáticamente y en poco tiempo nos convertiremos en importadores; nuestras reservas de gas bajaron de 30 años, a comienzo de los '90, a 8 años en la actualidad por falta de inversiones y por carecer de una política exploratoria.
A causa de ello hemos incumplido de una forma escandalosa los compromisos de exportación con Chile. En resumen, celebramos el centenario de nuestro petróleo con un sector cuyo crecimiento no es sustentable y, lamentablemente, careciendo de una política petrolera nacional que nos permita revertir esta situación. Todo ello en el marco de una desnacionalización del sector que los gobiernos de los últimos 15 años no supieron o no quisieron evitar.
Argentina ha tenido un gran crecimiento económico desde la salida de la crisis que hizo eclosión a finales de 2001 y que comprometió el funcionamiento económico y social de la nación. Sin embargo la recuperación económica no fue acompañada por la inversión en energía, que hoy exhibe un retraso considerable. La crisis es, en síntesis, resultado de la combinación de una demanda creciente con oferta estancada o, lo que es lo mismo, con la oferta que se alcanza a materializar con la infraestructura de la precrisis.
En este contexto se puede afirmar que el gobierno actual termina su gestión con una infraestructura energética más envejecida y más exigida en su funcionamiento que la que recibió al iniciar su gestión, con mayores incertidumbres para los actores respecto al futuro, con mayores costos de funcionamiento y sin haber encarado las soluciones de fondo para entregar al sucesor un sistema sustentable.
Visto así, el gobierno que asuma el 10 de diciembre recibe como herencia una pesada hipoteca que tendrá un alto costo levantar. Llama la atención que el tema no forme parte ni del discurso de campaña de los candidatos ni de la agenda de concertación de políticas de Estado de largo plazo entre la política y los actores económicos.
JORGE LAPEÑA
