El paradigma energético argentino cambió y difícilmente vuelva a ser el mismo de hace unos años, cuando había "una abundancia relativa del recurso gas natural a precios bajos". Ahora estamos ante un "recurso escaso con precios crecientes en un plazo previsible", lo que obliga a reconocer el fracaso de las políticas de los '90 y a sancionar nuevas normas.

La opinión pertenece al especialista Gerardo Rabinovich, del Instituto Argentino de Energía "Enrique Mosconi", que preside Jorge Lapeña, el consultor más enfrentado con el gobierno de la actualidad.

"Estado de situación del sector energético nacional" se llama el trabajo que Rabinovich realizó a instancias del instituto que integra y de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Belgrano.

"El desarrollo de una nueva política energética de largo plazo como política de Estado es imprescindible", sostuvo el especialista. El objetivo de esa política de Estado debería ser "reducir la vulnerabilidad energética del país e incrementar la diversifica

ción energética". Por ello, expuso la necesidad de implementar un plan con dos horizontes: uno a mediano plazo (desde este año al 2012) y otro estratégico, mirando hacia el 2025. En el medio está lo urgente, sin lo cual ese horizonte no existirá.

Propone, en ese sentido, "planes nacionales de ahorro y eficiencia energética, innovación tecnológica y energías renovables".

En ese mismo sentido, habló de la "integración en redes internacionales para la investigación y el desarrollo de tecnologías de punta en el campo energético: hidrógeno, celdas de combustible y fusión, entre otras".

Rabinovich que fue defensor del usuario en la primera revisión tarifaria de Edersa, en el 2001 sostiene que es preciso sancionar "nuevos marcos regulatorios para la industria eléctrica y del gas natural".

En este barajar y dar de nuevo el especialista propone, además, "renegociar los contratos de servicios públicos energéticos, adecuar precios y tarifas de la energía" y sancionar leyes de servicios públicos y de tarifa social. Asimismo, considera de urgente definición la firma de un acuerdo a plazo más largo con Bolivia para la provisión de gas, mientras se construye un nuevo ducto y se terminan las dos centrales térmicas de ciclo combinado.

Ambas cosas, el caño y las usinas, deben estar "fuertemente

vinculadas" debido a la necesidad de garantizar el suministro en el tiempo.

También es preciso "comprometerse con la terminación de Yacyretá y Atucha II" pero, además, se deben encarar "nuevos proyectos hidroeléctricos binacionales", como Garabí y Corpus, y "estudiar la factibilidad del desarrollo nucleoeléctrico", propone el especialista del instituto que preside Lapeña.

También recomendó la elaboración de una nueva ley de hidrocarburos, un cometido que en más de diez años desde la norma de federalización (privatización de YPF) no ha podido llevarse adelante. El mayor avance, hasta ahora, ha sido la sanción de la denominada "ley corta", que efectiviza la transferencia de los recursos a las provincias.

Esta nueva norma de hidrocarburos debe ser moderna, recomienda.

Además, es preciso avanzar en el "diseño del plan exploratorio de reservas y la definición de un nuevo modelo de contrato de asociación en reemplazo de las concesiones actuales". Este último punto está llamado a crear polémica porque por caso en la provincia del Neuquén se está hablando de prorrogar los actuales permisos de explotación.

Rabinovich sostiene que, para lograr el cumplimiento de estos objetivos, es condición necesaria "adecuar y reforzar las instituciones sectoriales" mediante la "normalización de los entes reguladores y el fortalecimiento de la Secretaría de Energía".

Finalmente, Rabinovich propone "otorgar prioridad a los acuerdos de intercambio y complementación energética en el ámbito del Mercosur".