| | Las distribuidoras de electricidad son en Argentina el eslabón del negocio más cercano a los consumidores y, a la vez, el que menos logró recomponer sus tarifas desde la crisis de principios de 2002. Si para todo el mercado el crecimiento de la demanda fue exponencial desde la devaluación, para los “minoristas” del sector el desafío fue doble porque debieron atender ese incremento del consumo con una estructura sobre la que poco pudo invertir por el congelamiento de las tarifas.
Los distribuidores son los únicos de los tres grandes sectores del mercado eléctrico argentino que dan la cara diariamente ante los consumidores, que son sus clientes.
Muchos de esos usuarios ni siquiera tienen tiempo de ponerse a razonar que los aumentos que el precio final de la luz ha tenido desde 2002 hasta ahora fueron a parar a los generadores, los transportistas y los fondos fiduciarios pero no para las empresas que llevan el servicio hasta el pilar de cada hogar.
Y, dicho sea de paso, esos fondos fiduciarios de financiamiento de inversiones no actúan todavía sobre las redes de distribución.
Según lo que detectó la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec), las distribuidoras recién iniciaron el camino de recomposición de sus ingresos en 2004 y otras, recién este año.
En el estudio se mencionan los dos aumentos que le concedió el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) rionegrino a Edersa, pero para la empresa se trata de porcentajes ínfimos y uno hasta enganchado con aumentos de costos laborales.
Como prueba de la carga que deben soportar las distribuidoras frente a otras empresas del mercado eléctrico basta ver la situación de CALF: a finales del año pasado le concedieron un exiguo aumento de tarifa tras años de congelamiento, con el agravante de que no podía hasta ahora trasladar siquiera los incrementos estacionales de los costos que otras empresa, aun cooperativas, incorporan automáticamente a sus precios finales.
Para lograr que se le reconozcan nuevos costos –incremento en la tarifa del transporte o nuevos cargos nacionales– los dirigentes de CALF deben convencer a cada uno de los concejales –o al menos a la mayoría– y al intendente, entre los que, salvo una casualidad muy llamativa, se sabe poco y nada del negocio eléctrico.
Las distribuidoras de electricidad argentinas, en reglas generales, debieron atender un crecimiento de la demanda del orden del 30% sin que se les reconozca un correlato en las tarifas.
“Esto las coloca en el lugar más vulnerable del sistema eléctrico”, sostuvo Fundelec en el informe.
Y encuentra fundamentación a esta afirmación en la realidad de que “las inversiones en distribución se limitaron al mantenimiento y la mínima ampliación del servicio”.
Es preciso aclarar que hay excepciones porque, por caso, mientras las distribuidoras de la zona metropolitana (Edesur, Edenor y Edelap) y la rionegrina Edersa deben esperar los procesos de revisiones tarifarias que suelen ser largos e intrincados y no siempre favorables a las empresas, en Neuquén, el EPEN consigue mejoras en sus precios sin tanta espera porque es el gobierno provincial mediante una decisión administrativa el que resuelve.
Las facturas que reciben los usuarios fueron cargándose en los últimos años, no sólo de nuevos cargos fijos para alimentar fondos fiduciarios, sino además nuevos impuestos o tasas, según la jurisdicción. TRANSPORTE En general en el mercado hay coincidencia en que, si en algún segmento se realizaron inversiones, fue en el transporte de electricidad.
En 2002 las líneas de alta tensión y especialmente el parque transformador de potencia del país era el punto más débil del sistema.
Las maniobras de Cammesa y la pericia de los técnicos de las empresas hicieron que el colapso no existiera.
Luego, con inversiones, se llegó a un escenario en el que “el transporte eléctrico no es una limitante”, según Fundelec.
Una de las obras realizada con el Plan Federal de Transporte fue la interconexión del sistema interconectado nacional con el patagónico entre el Valle Medio rionegrino y Puerto Madryn.
Muchos de los que escuchan al gobierno nacional negar la existencia de una crisis –esta vez con centro en la generación–0 y defienden esa política, recomiendan observar cómo el país zafó de los problemas en el transporte y transformación para esperar los resultados de los anuncios en materia de producción de electricidad, que esencialmente son:
*Construcción de dos centrales térmicas de ciclo combinado de 800 megavatios (MW) cada una en la zona central del país.
•Recrecimiento de la cota de la presa Yacyretá, sobre el río Paraná, de 78 a 83 metros sobre el nivel del mar, que es la altura de diseño.
•Terminación de Atucha II, la central atómica a medio construir.
•A más largo plazo, construcción de una cuarta planta nuclear (Neuquén quiere que se haga en su territorio).
En generación, la solución es un poco más complicada y costosa que en transporte. El solo hecho de que los industriales deban este verano procurarse la energía que exceda su demanda del año anterior –la electricidad para el crecimiento de la economía– es síntoma de una crisis profunda.
(AN) Carga impositiva Como si no fuera suficiente el hecho de que las distribuidoras de luz deban poner la cara ante los consumidores cada vez que aumentan sus costos, en las tarifas eléctricas minoristas argentinas la presencia de impuestos y tasas es muy alta: el 35% en promedio.
Una tarifa de energía eléctrica se divide, en reglas generales, en tres: costo de abastecimiento, tasas e impuestos y valor agregado de distribución, que es la porción sobre la que desarrollan sus negocios las minoristas.
“Al igual que la tarifa, también es distinta la carga impositiva que se paga en cada jurisdicción, variando entre un mínimo de 21,6% (IVA y el impuesto nacional de la ley 23.681) hasta una carga que supera el 100%, como en el mencionado caso de la ciudad de Lobos, donde el cobro de cargos adicionales hacen que el importe pagado en concepto de impuestos supere al importe facturado por el consumo eléctrico”, dice el informe.
“En este sentido –continúa–, se ven casos tan dispares como los de Olavarría, donde se abona más del 60% en impuestos; Paraná, con casi el 60%; el Gran Buenos Aires, casi 45%; y la ciudad de Buenos Aires, con el 28%”. (AN) Precios con hasta un 200% de diferencia Fundelec hace hincapié es un aspecto conocido del negocio: en la zona metropolitana el precio de la electricidad es mucho más barato que en el resto del país, donde se paga hasta un 200% más por el servicio. Ello se debe a que el servicio no está regulado de manera centralizada sino que lo hace cada jurisdicción, inclusive pequeños municipios.
“Por esta razón, mientras un usuario de la ciudad de Lobos (en la provincia de Buenos Aires) paga más de 60 pesos por 170 kilovatios hora (kWh) de consumo, uno de Capital Federal sólo paga poco más de 20”, detectó la fundación.
“En este sentido, vale la pena reflexionar acerca del costo que representa para todos los argentinos, que aquellos que concentran el 42,6% de consumo total estén hoy beneficiados con tarifas que son casi tres veces menores a las que paga el resto”, propusieron en Fundelec.
En el estudio se determina que la ciudad de Buenos Aires y su Gran Buenos Aires, que están atendidos por Edenor y Edesur, y la ciudad de La Plata y su zona de influencia, donde el prestador es Edelap, “concentran el 42,6% de la demanda total del país”.
Estas tres empresas tienen las tarifas, en promedio, más bajas del país. Sin contar los impuestos, en las ciudades mencionadas más arriba se pagan unos 40 pesos por cada 500 kWh de consumo, mientras que en sitios como Santa Fe y Córdoba los usuarios llegan a pagar 100 pesos por la misma demanda.
“Si, en cambio, consideramos la carga impositiva, el importe llega a poco más de 40 pesos para usuarios de Capital Federal y a más de 120 en el caso de Córdoba y Santa Fe”, se lee en el informe.
“En la comparación libre de impuestos –continúa– y considerando un consumo medio de 500 kWh por bimestre, pueden distinguirse tres bloques de tarifas: uno compuesto por Edesur, Edenor y Edelap, que tienen tarifas menores a 40 pesos; un segundo bloque de 17 empresas provinciales, cuyos importes se ubican entre los 40 y los 80; y un tercero de cuatro empresas provinciales que superan los 80 pesos”.
Se determinó entonces que de esta comparación surge que “mientras el mayor centro de consumo paga tarifas inferiores a los 40, el resto del país paga un 83% más, en promedio”. (AN) |
