| La empresa provincial de electricidad rionegrina Edersa reclama que para el nuevo período quinquenal que debería comenzar antes de fin de año el gobierno rionegrino le conceda un aumento de tarifa de casi el 70%. El pedido, que debería ser sometido a una audiencia pública, está llamado a generar gran polémica porque quienes deberían soportar ese incremento son los hogares, comercios e industrias de Río Negro. La empresa sostiene que ese es el precio de la luz que debería regir en la provincia si la decisión es mantener las exigencias en la calidad del servicio en los estándares actuales. No es un juego de palabras porque sus autoridades están dispuestas a renegociar el contrato, si ello permite disminuir los costos de la compañía. En los diez años que lleva como prestadora del servicio, Edersa logró mejoras en su tarifa sólo del 6,65%. En el mismo período, especialmente desde 2002, los costos aumentaron al punto de multiplicarse por dos y hasta por tres. LA PRIMERA En 2001 Edersa enfrentó la primera revisión quinquenal, un proceso que supone la apertura de todos los números de la empresa para que el EPRE los analice y establezca cuánto debe costar la electricidad de acuerdo con los verdaderos costos del servicio y una lógica tasa de rentabilidad. En aquel entonces la empresa reclamaba un incremento tarifario del 26% (aún no se había producido la devaluación). El EPRE con otras autoridades convocó a una audiencia pública en Cipolletti que atrajo gran cantidad de público a finales de 2001 y resolvió, al año siguiente, no sólo el rechazo de las pretensiones de la compañía sino el establecimiento de un nuevo cuadro tarifario que significó, según Edersa, una caída del 1% en sus ingresos. Años después, con otras autoridades, el ente regulador concedió dos pequeños reajustes, del 4,5% y el 3,15%. A cinco años de aquel primer proceso, la segunda revisión quinquenal está en marcha y Edersa acaba de presentar su propuesta: aumentar en un 69% el precio de la luz en la provincia de Río Negro para el período 2006-2011. Pretende llevar el valor promedio del kilovatio hora (kWh) de 0,145 a 0,245 pesos. Habrá que ver cómo se repartiría ese incremento entre las tarifas que conforman el cuadro de la empresa. Para el gobierno provincial, el reclamo de Edersa fundado en abundantes argumentos técnicos, económicos y financieros ya es un dolor de cabeza porque nadie está dispuesto a conceder semejante aumento, que tendría un impacto sumamente notable en la vida cotidiana de los rionegrinos, en la rentabilidad de los comerciantes desde el más pequeño hasta el más grande y en la producción: chacareros, empacadores y frigoríficos. Además la nueva tarifa debería comenzar a regir en un año electoral. Según los números que entregó la empresa al EPRE el incremento que tuvieron sus costos desde principios de 2002 justifican plenamente el pedido. El costo laboral de la distribuidora creció en estos años por efecto de los decretos del gobierno y el cumplimiento de los acuerdos paritarios. Los valores de los materiales, los suministros y los servicios contratados se dispararon en niveles a veces superiores al crecimiento de la cotización del dólar. Son, claro, los números que le expuso la empresa al ente regulador, cuyos técnicos deberían auditar la información porque la premisa es en las revisiones quinquenales confrontar los números de la distribuidora con los de una "empresa ideal" que, en los papeles, crearon hace cinco años los especialistas que trabajan para el EPRE. Como en Río Negro no hubo una flexibilización de la calidad del servicio exigida por contrato, como sí ocurrió a nivel nacional con la renegociación de las concesiones, el espíritu de la revisión es también que se encuentre la tarifa justa que permita repagar un determinado estándar de prestación. Al respecto Norberto Bruno, gerente general de Edersa, dijo que "desde 2002 la compañía viene reclamando que se formalice el llamado a una comisión de renegociación para revisar el contrato" (ver aparte). ¿Y LOS ACCIONISTAS? Este proceso de revisión tarifaria encuentra a Edersa en medio de un conflicto de accionistas que, de no resolverse rápidamente, podría crear una crisis en la empresa que afecte el servicio de luz en la provincia. La mitad del paquete accionario de la distribuidora estaba en manos de una firma chilena, Saesa, controlada por la estadounidense PSEG. Este mes se supo que ese 50% de Saesa fue vendido a un fondo de inversión de capitales argentinos llamado DyG, conducido por el ex jefe de Gabinete en tiempos de Fernando de la Rúa, Chrystian Colombo. Pero la dueña de la otra mitad de Edersa, Camuzzi Argentina, rechazó esa operación y reclamó el derecho de preferencia de hacer opción por el otro 50% de la empresa en las condiciones en las que el gobierno rionegrino aprobó para DyG, que, dicho sea de paso, son excepcionales. CADA MAS RECURSOS AL EPRE Durante los últimos cinco años, la tarifa de Edersa apenas creció, pero el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) aumentó la tasa que la empresa le paga en un 75%. Durante sus nueve años de existencia, el organismo provincial incrementó ese canon en un 140%. El EPRE funciona de manera autárquica; no utiliza fondos del Estado rionegrino. Su misión es, en reglas generales, fiscalizar el cumplimiento del marco regulatorio, defender los derechos de los usuarios y establecer las tarifas no sólo de Edersa sino de las cooperativas de Bariloche (CEB) y de Río Colorado (Cearc). La tasa que financia al ente no es un porcentaje fijo sobre las facturaciones, sino el que se establece cada año. Ni Edersa ni las cooperativas pueden trasladar ese costo a los usuarios; deben absorberlos de la porción que conforma sus ingresos, llamada "valor agregado de distribución" (VAD). Por el tamaño de las tres prestadoras, es sobre todo Edersa la que financia el funcionamiento del EPRE. En 1997, cuando se creó, el ente regulador estableció un canon para Edersa de 875.000 pesos. Nueve años después esa tasa es de 2.100.000 pesos, un 140% superior. Durante el período tarifario que está a punto de culminar y que se inició en 2001 la tasa de fiscalización que el EPRE le cobra a Edersa creció un 75% (de 1.200.000 a los actuales 2.100.000 pesos). En la empresa observan como sumamente paradójico que la tarifa subiera en el mismo período (1997-2006) sólo un 6,6%. EL GOBIERNO ES INDIFERENTE A LOS PEDIDOS DE LA EMPRESA El gerente general de Edersa, Norberto Bruno, sigue reclamando que el gobierno rionegrino convoque a la empresa a una renegociación del contrato de concesión como la que la administración nacional encaró con las compañías de servicios públicos bajo su jurisdicción. Por ahora, los funcionarios provinciales ni siquiera rechazaron esa posibilidad sino que actuaron con indiferencia. "Desde 2002 la compañía viene reclamando que se formalice el llamado a una comisión de renegociación para revisar el contrato", le dijo Bruno a "Río Negro Energía". Son asuntos delicados porque la concesión de la distribución de luz en la provincia es por casi un siglo, a contar desde 1996 (con procesos de relicitación periódicos, el primero en 2011). El equilibrio entre una prestación acorde con estándares de calidad y precios que los rionegrinos puedan pagar es delicado. El directivo de Edersa reconoció que en "ese diálogo (con el gobierno) podría haber una flexibilización que haga viable a la compañía, con una tarifa que pueda ser pagada por los usuarios". Bruno no quiere entrar en demasiados detalles, pero es claro que con un aumento del 70% no hay tarifa posible de ser pagada por los hogares y los pequeños comercios de la provincia. La posibilidad de que el sector productivo sobreviva a tremendo crecimiento del costo de la energía es disímil porque depende de los ingresos de cada empresa. De todos modos, el impacto sería fuerte para todos los segmentos. Lo cierto es que los precios de Edersa están en este momento entre los más bajos del país. "Durante los últimos cinco años se cumplió con el contrato de concesión de manera forzada", protestó Bruno. El empresario deslizó que en la relación contractual con la provincia hay una parte que cumple con lo pactado, que es Edersa, mientras la otra parte, el Estado, no lo hace porque no establece precios que cubran los reales costos del servicio de electricidad. Y puso como ejemplo el valor de un medidor, que hace cinco años costaba 16 pesos y hoy no se consigue por menos de 70. El pedido de aumento tarifario del 70% es "un sinceramiento de lo que planteamos en estos cinco años", añadió. | 
