Tras el fracaso del debate en el Congreso de la Nación sobre el proyecto de presupuesto para el 2011 presentado por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), debido a que la oposición no consiguió los votos necesarios para que volviera a ser tratado en la comisión correspondiente, el PEN deberá ir resolviendo sobre la marcha las modificaciones de ingresos y egresos de acuerdo con lo previsto por la ley de administración financiera para este tipo de situaciones. (Ver aparte)

En parte, quizás influyó que la oposición no mantuvo los acuerdos alcanzados para las elecciones del 2009. Las tensiones se profundizaron cuando Elisa Carrió, líder de Coalición Cívica, denunció que el kirchnerismo había intentado sobornar a diputados radicales, peronistas disidentes y del PRO para que facilitaran la aprobación, como admitieron Elsa Álvarez y Cynthia Hotton. Una semana después la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara baja analizó las denuncias, pero las archivó por los votos de los kirchneristas, socialistas y del PRO. Lo que aún no se archivó fue la bofetada propinada por Graciela Camaño, peronista rebelde y presidenta de la comisión, al ultraoficialista Carlos Kunkel.

Mientras en el Congreso se frustraba el debate, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), acompañada por todos los ministros de su gabinete, firmó el decreto 1798/10 por el que podrá disponer de los excedentes del cálculo de gastos y recursos del 2010, provenientes de la subestimación de las pautas de crecimiento e inflación, una práctica que el kirchnerismo viene repitiendo desde hace años.

"Resulta urgente incorporar los créditos para atender gastos no contemplados en el presupuesto vigente, principalmente aquellos resultantes de la política salarial, para el personal dependiente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Ministerio Público, y de las prestaciones de la seguridad social, como consecuencia de diversas normas dictadas con posterioridad al envío del proyecto de ley de presupuesto del 2010", puntualizó dicho decreto.

En el Boletín Oficial se publicó el 24 de noviembre el decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el monto más elevado: 30.254 millones de pesos destinados al pago de sueldos, jubilaciones, deuda, obras públicas (sobre todo viales), el Congreso, la Secretaría General de la Presidencia y todos los ministerios. El PEN se amparó en los "superpoderes", cuando por todos los cambios introducidos hasta entonces el gasto total era un 18% mayor (unos 50.000 millones) que lo autorizado por el Congreso, sin contar los 2.031 millones para el pago de la suma fija de 500 pesos a más al 80% de los jubilados (más de 4 millones) que se hará efectiva durante este mes.

Lo cierto fue que el 24 del mes pasado la oposición intentó sin éxito debatir sobre el proyecto enviado al Congreso por CFK, quien no estuvo dispuesta a aceptar ningún cambio y obligó a sus seguidores a no aceptar la discusión. Esto permitirá al PEN manejarse el año próximo sin presupuesto, para lo cual repetirá el del 2010 pero con agregados y modificaciones mediante DNU y facultades extraordinarias. Si se computan aquellos excedentes tributarios que el gobierno nacional no declaró en este período y los previstos para el próximo, en el 2011 tendrá un margen de maniobra discrecional de unos 100.000 millones de pesos.

El oficialismo hasta bloqueó la eliminación de los "superpoderes", que habilitan al PEN a tomar resoluciones sin la previa consulta parlamentaria (y rechazó las reformas del Consejo de la Magistratura, el organismo que elige a los jueces, y el proyecto que habilita la ratificación del Poder Legislativo de los decretos presidenciales).

La alicaída conducción del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas publicitó antes que las prioridades durante el próximo ejercicio estarían dirigidas a "seguir generando las condiciones necesarias para lograr el desarrollo económico con inclusión social, evitando que la inestabilidad internacional interfiera en el actual modelo de crecimiento con equidad". Consideró necesario hacerlo sobre la base de "pilares" como "el aumento de la actividad económica real, la obtención de superávits gemelos, el logro de una mayor recaudación fiscal, la generación de una mayor y mejor inversión pública en infraestructura económica y social, el sostenimiento del empleo público y privado y el fortalecimiento del mercado interno".

En relación con la asignación de recursos públicos, planteó el siguiente cuadro de situación por áreas:

? Inversión pública. Continuar con "el impulso a las obras de infraestructura económica y social", de "carácter federal", en materia de "viviendas, energía, escuelas, transporte, redes de alcantarillado y carreteras".

? Gasto social. Proseguir con la promoción de "mecanismos de inclusión de las familias en situación de vulnerabilidad social", teniendo en cuenta que la red federal "se encuentra profundizada merced a la denominada asignación universal por hijo" (AUH). También iniciativas para impulsar "el desarrollo personal, cooperativo y comunitario, fortaleciendo el capital social y la economía local".

? Educación. Incrementar las asignaciones en cumplimiento de las leyes de financiamiento que "disponen metas en términos del Producto Bruto Interno (PBI) para el gasto consolidado de los estados nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado al área educativa". A la AUH sumaba el "Programa conectar igualdad.com.ar" para "brindar mayores posibilidades de inserción social a quienes más lo necesitan", mediante la entrega de computadoras portátiles a los alumnos y profesores del nivel secundario de las escuelas públicas y de educación especial y los institutos de formación docente.

? Ciencia y tecnología. Continuar fortaleciendo la capacidad para dar respuesta a problemas prioritarios e incrementar la competitividad del sector productivo. Asimismo, se pensó en fortalecer los recursos humanos, principalmente con la repatriación de científicos y el mejoramiento permanente de las condiciones laborales.

? Salud. Garantizar desde el Estado nacional, junto con las provincias y los municipios, "un acceso igualitario" para todos los habitantes, "promoviendo un estándar mínimo en la calidad de atención y la disponibilidad de infraestructura adecuada y poniendo especial énfasis en la prevención y la atención primaria".

? Ambiente. Convertir el desarrollo sustentable y su cuidado en una política oficial.

? Financiamiento y servicio de la deuda. Aunque se destacaron las reducciones de "los costos de financiamiento", se puntualizó que las reservas internacionales en vez de disminuir luego de la aplicación del fondo de desendeudamiento argentino (FDA), creado por el decreto 298/2010, aumentaron por el superávit comercial y la estabilidad financiera. Se previó la continuidad del FDA para "afianzar el normal cumplimiento de las obligaciones del Estado nacional aunque persistan los efectos de la crisis".

El proyecto de marras subrayó que se construyen con recursos nacionales 120.000 viviendas nuevas y mejoran 110.000 existentes, con lo cual se brindarán soluciones a 1.250.000 habitantes, y 1.200 kilómetros de autopistas, autovías y obras para aumentar la capacidad de la red vial nacional. Para el 2011 se realizarían 280 nuevas escuelas. La creación del fondo fiduciario y cargos Gas-GNEA y gasoductos regionales permitirían encarar nuevas obras de infraestructura energética.

La composición del presupuesto se considera una parte importante de la política económica oficial, ya que establece los tipos de gastos, inversión, subsidios, pago de deudas y estructura impositiva, entre otros. Los ingresos fiscales estimados permiten establecer si se prevé o no déficit y la forma de financiarlo. Muchos olvidaron que si bien la elaboración y ejecución presupuestaria corresponden al PEN, la Constitución determina que debe emanar como ley del Congreso.

Distintos analistas coincidieron en que la falta de debate influyó para que no se trataran:

? La derogación de las facultades del jefe de Gabinete para reasignar partidas discrecionalmente.

? El uso de reservas, utilidades contables del Banco Central (BCRA) y recursos de la Anses, por ejemplo.

? La disminución o eliminación de impuestos altamente perjudiciales como las retenciones y el correspondiente al cheque.

Antes de que se planteara cualquier discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley de presupuesto 2011, en el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) pronosticaron que se presentaría "diferente a las anteriores por el cambio en la composición parlamentaria y la pérdida de mayoría propia del oficialismo". Incluso subrayaron que, de no alcanzarse acuerdos que permitieran la sanción, "se abría la posibilidad de que, por primera vez desde el 2002, debiera prorrogarse el presupuesto del año anterior". Hasta advirtieron que "de poco puede servir no aprobar el presupuesto: el gobierno nacional podría seguir administrando el gasto sobre la base del presupuesto 2010, aumentándolo mediante decretos y reasignando partidas mediante el uso de superpo- deres".

Por algo la ley de administración financiera 24156, en su artículo 27, expresa qué modificaciones podrían ejecutarse de no aprobarse el presupuesto del año siguiente en tiempo y forma.

En lo relacionado con los ingresos de recursos fiscales:

? Eliminar los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente.

? Suprimir los ingresos provenientes de operaciones de crédito público autorizadas, en la cuantía en que fueron utilizadas.

? Excluir los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero precedente, en el caso de que el presupuesto en ejecución hubiera previsto utilizarlos.

? Estimar cada uno de los rubros de recursos para el nuevo ejercicio.

? Incluir los recursos provenientes de operaciones de crédito público en ejecución cuya percepción esté previsto que ocurrirá en el ejercicio.

En lo concerniente a gastos, la misma norma indica:

? Eliminar los créditos presupuestarios que no deban repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos.

? Incluir los créditos presupuestarios indispensables para el servicio de la deuda y las cuotas que se deban aportar en virtud de compromisos derivados de la ejecución de tratados internacionales.

? Incorporar los créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios.

? Adaptar los recursos y créditos presupuestarios que resulten de los ajustes anteriores a los objetivos y las cuantificaciones en unidades físicas de los bienes y servicios a producir por cada entidad.

Como la Argentina tendrá que afrontar el 2011 sin presupuesto aprobado, tras el fracaso del debate parlamentario, el PEN determinará qué rubros de los gastos considera ineludibles para el normal funcionamiento del aparato estatal y la prestación de los servicios públicos. Además, podrá disponer de nuevos recursos, de acuerdo con la recaudación fiscal.

Esto significa que determinará los gastos y actuará como estaba previsto en el proyecto de la ley de presupuesto pero mediante decretos y otras medidas y sin rendir cuentas al Congreso.