on la mira puesta en la contienda electoral del próximo año, la presidenta CFK anunció en mayo el "Programa Federal de Desendeudamiento Provincial", que les permite reprogramar las deudas por 20 años a una tasa fija del 6% con un período de gracia hasta el 2011.

El plan elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación no es en realidad un esquema de desendeudamiento sino un mecanismo de financiación que habilita a las provincias a postergar los pagos de capital e intereses a la Nación durante parte del 2010 y todo el 2011, reprogramado el total de la deuda a 20 años con tasas negativas (que favorecen) para las provincias.

Uno de los puntos, que se detallaba en la letra chica del acuerdo, aclaraba que para acceder a este beneficio se deberían dejar de lado todos los juicios que hay pendientes con la Nación. Este mensaje estaba destinado exclusivamente a un grupo de provincias, entre las que se encontraba Neuquén.

El gobernador Sapag se plantó, en ese momento, frente a la Nación. "Renunciar a los juicios no es la solución", señaló el mandatario provincial días después del anuncio.

La clave para el gobernador estaba en uno de los juicios por regalías mal liquidadas, sobre el que "la provincia no está dispuesta a renunciar pues representa miles de millones de pesos", aseguraba en ese entonces Sapag. "Espero una respuesta a la contrapropuesta que les presenté", le confió el gobernador a los medios, meses después de arduas negociaciones, y señaló que la contestación llegaría en poco tiempo más. El litigio que el gobernador no estaba dispuesto a ceder era por el cobro de regalías mal liquidadas por un monto aproximado de 3.400 millones de dólares, luego pesificada por el Supremo Tribunal de Justicia de la Nación.

Pasó el frío invierno patagónico y las noticias desde la Casa Rosada no terminaban de llegar. Con los primeros vientos de septiembre aterrizó la presidenta CFK en la ciudad de Catriel para inaugurar una clínica del sindicato de los petroleros privados. Toda la plana mayor del Ejecutivo nacional estuvo presente en el acto y allí la primer mandataria disparó: "Estamos esperando que el gobernador se decida a firmar", sin dar más lugar a preguntas. Sapag, presente en ese mismo evento, apeló al silencio frente a la nueva "bravuconada" de la presidenta.

La opción de cambiar los juicios por obras no terminaba de dar forma en Economía y al gobernador lo apuraba tener los números de la refinanciación dentro del próximo presupuesto provincial.

"No hay excepciones. O firma en las condiciones que lo hicieron el resto de las provincias o se quedan afuera", fue la respuesta que recibió Sapag la semana pasada en sus últimos intentos para llegar a un acuerdo por los 3.400 millones de dólares (dos presupuestos de Neuquén) que, en el mejor de los casos, se iban a cobrar no antes del cierre de la presente década.

Para algunos analistas, Jorge Sapag terminó priorizando sus necesidades electorales por sobre las económicas de la provincia. Lógica política pura. Está claro que no se le puede exigir al gobernador ser más papista que el Papa: desde el inicio del último ciclo democrático en el país, la mayoría de los políticos vienen ejerciendo este tipo de conductas.

Las críticas apuntan a defender posiciones que luego no pueden ser sostenidas a la hora de evaluar sus resultados. Puede ser que el gobernador esté siendo mal asesorado en las negociaciones con la Nación. ¿Cómo explicará a todos los neuquinos que la provincia dejó de cobrar dos presupuestos a cambio de una simple refinanciación de deuda? Su comunicación a través de YouTube, el mismo día de la firma del acuerdo, no fue del todo convincente.

Obviamente, no se descartan que volverán a aparecer las promesas de Nación para hacer obra pública en la provincia por miles de millones de pesos en los próximos años para compensar las "pérdidas potenciales" generadas por el acceso a este programa de financiamiento. No pocos dudan de que esto terminará siendo más de lo mismo. Está claro que las provincias se encuentran sumergidas en importantes desequilibrios presupuestarios, problemas que ya son estructurales y que fueron inducidos por la Nación a partir del 2003 al no existir una verdadera política federal en materia de distribución de recursos para los gobiernos del interior.

Es sencillo, los gobernadores deben exigir lo que les corresponde. No pueden seguir en la línea actual, mendigando recursos al poder central para hacer una escuela, 50 unidades habitaciones o para poder llegar a pagar los sueldos todos los meses. Esta conducta termina condicionando el desarrollo de sus territorios.

Es imprescindible que los gobernadores comiencen a trabajar en busca de una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos, por algo que la administración K se desvive por mencionar en cada uno de sus discursos partidarios: una verdadera distribución de la riqueza y un federalismo digno para la Argentina.

Si no se encaran estos cambios con seriedad, Neuquén y muchas otras provincias volverán a firmar acuerdos que no terminan por favorecer a sus ciudadanos.

(Redacción Central)