Los últimos acontecimientos y comentarios de la semana permitirían intuir que el gobierno nacional habría optado por enviar al Congreso un presupuesto consciente de que no iba a poder pasar por ambas cámaras. La oposición entró, erróneamente, en el juego que le propuso el Ejecutivo.

El oficialismo elevó, tal como lo estipula la ley, el proyecto de presupuesto para el 2011 en tiempo y forma y con los lineamientos generales para la conducción del próximo ciclo de gestión.

Mantuvo las distorsiones en sus recursos y gastos de otros años, aunque en este caso los desvíos de algunas variables fueron impunemente llamativas.

Inflación de un dígito, recursos corrientes subestimados en un 30%, gastos para obras públicas por encima de los 50.000 millones de pesos (cabe recordar que este año en este rubro sólo se ejecutó el 40% de lo presupuestado), altas necesidades de financiamiento y muchas otras variables que apuntan, sin dudas, a sostener un colchón de dinero de "libre disponibilidad" para poder ejecutar en un complejo año electoral como que debe afrontar en pocos meses más el oficialismo.

Varios de estos "artilugios" fueron denunciados por la oposición, consciente de que le permitiría al gobierno de Cristina Fernández alcanzar un margen de flexibilidad importante en el manejo de los recursos públicos.

La brecha entre la economía real y la presentada en el proyecto de presupuesto es muy grande como para que la oposición pueda aprobar el texto original elevado por el Ejecutivo.

Desde la cartera del ministro Boudou aseguran: "En las actuales condiciones nos resulta mucho más beneficioso manejarnos con el presupuesto prorrogado".

La fuente consultada señala que "el presupuesto aprobado en el 2009 para ser ejecutado este año ya tiene una importante masa de fondos que pueden ser utilizados por el gobierno con total discrecionalidad. Pese a ello no lo hace. No entiendo a la oposición, que ahora pone el grito en el cielo por estos fondos".

Al no aprobar el presupuesto 2011, el gobierno también dejará de erogar una importante suma de dinero que estaba proyectada para el gasto del próximo año: los 7.500 millones de dólares de reservas para el pago de deuda, el incremento del 20% en las deducciones del Impuesto a las Ganancias que afecta a nueve millones de contribuyentes, la exención impositiva para los combustibles líquidos y el gasoil, el aumento de avales de 5.000 a 18.000 millones de dólares para inversiones estatales (entre los cuales figurarían los de la represa Chihuido I), transferencias para los nuevos fondos fiduciarios de infraestructura y regímenes de promoción industrial sobre todo para el sector automotor, entre otras innovaciones.

Para muchos analistas políticos el gobierno nacional sabía de antemano que el proyecto presentado difícilmente llegaría a ser ley bajo estas condiciones. Y también que podría manejarse en base al cálculo de recursos y gastos aprobado en el 2009 para el ejercicio 2010. Esta opción le permitiría un manejo discrecional de los excedentes de recaudación, que según cálculos del Iaraf rondarían los 70.000 millones de pesos, suficientes, en un principio, para llegar a las elecciones sin grandes problemas de caja.

El gobierno nacional se niega a cambiar un punto o una coma del proyecto de presupuesto enviado, aunque contradictoriamente afirme que la discusión y la negociación hacen al sistema democrático.

La estrategia es clara: el Ejecutivo sólo aceptará que se aprueben a libro cerrado los números del presupuesto para el próximo año electoral. No quiere debatir temas que pueden mellar las estadísticas de imagen que hoy maneja. Tiene su Plan B: seguir con el presupuesto de este año, que ya contempla fondos de "libre disponibilidad" por unos 70.000 millones de pesos.

(Redacción Central)