Néstor Carlos Kirchner (NCK), cuando era presidente, y Cristina Fernández de Kirchner (CFK), quien lo es en la actualidad, nunca demostraron mayores preocupaciones por reformar la ley de entidades financieras de 1977. (Ver aparte)
Sin embargo, modificaciones para restablecer la estabilidad del sistema y recuperar la confianza de los ahorristas se mencionaron en el 2003, considerándose que para lograrlo era preciso jerarquizar el rol supervisor que ejercía el Banco Central (BCRA) mediante la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias.
Sí les interesó a los Kirchner disponer de los fondos del BCRA para financiar al Tesoro con adelantos o giro de dividendos (sin olvidar los derivados de la Administración Nacional de Seguridad Social, Anses, para otros menesteres). Tardíamente, reconocieron casos de salideras bancarias que conmovieron al país -el directorio de la institución monetaria aprobó medidas para reforzar la seguridad el 9 de septiembre pasado, mientras el Senado de la Nación consideraba el proyecto sobre el mismo tema aprobado por la Cámara de Diputados y la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba) difundía seis días después su propuesta de "domiciliazión" (sic) de cuentas para reducir el manejo de circulante en efectivo con el fin de evitar las salideras, mediante el otorgamiento gratuito de prestaciones bancarias básicas como una caja de ahorro y una tarjeta de débito y la posibilidad de efectuar transferencias sin cargo-.
Asimismo, se renovó el directorio del BCRA, incluida su presidenta, Mercedes Marcó del Pont, quien antes, al encabezar con CFK la celebración de los 75 años de la institución, el 3 de junio último, afirmó que la modificación de la ley de entidades financieras "avanza en varios frentes y es muy interesante, porque abre la discusión" y lo mismo sucede con "la Carta Orgánica, que heredamos de la época de (ministro de Economía, Domingo Felipe) Cavallo". Incluso destacó la importancia de que "esos debates se den en el Congreso".
Por otra parte, Amado Boudou, titular de Economía y Finanzas Públicas, habló de una reforma del sistema "con un sentido realista" y de que "la Argentina use el volumen de crédito para las pequeñas y medianas empresas" (pymes). Opinó, por otra parte, sobre lo "esencial" de cambiar la Carta Orgánica y de que una de las medidas adoptadas más importantes fue el cambio del programa monetario, "porque ahora está adecuado a la realidad".
Cuando un acuerdo por un proyecto unificado resulta dificultoso, corresponde señalar:
? La promesa asumida durante su campaña electoral por el diputado nacional Carlos Heller (Nuevo Encuentro), cumplida con la presentación de la propuesta de "Servicios financieros para el desarrollo económico y social", destinada a redefinir la actividad como "un servicio público orientado a satisfacer las necesidades transaccionales de ahorro y crédito de todos los habitantes de la Nación y contribuir a su desarrollo". Fue compartida con sus pares Martín Sabbatella, Jorge Rivas, Ariel Basteiro y Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro Popular y Solidario); Nélida Belous (Proyecto Progresista) y Silvia Vázquez (Partido de la Concertación). La iniciativa prevé que el 38%, como mínimo, del promedio anual de las financiaciones totales al sector privado de cada entidad deberá beneficiar a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) -luego se planteó elevarlo al 43%- y asignar el 2% a microemprendimientos. El propósito es que el Estado regule la actividad y contempla diferencias entre las entidades de capitales nacionales y extranjeros y tasas de interés máximas para préstamos a mipymes y para aquellos personales de menos de 100.000 pesos. Fija incluso un máximo del 8% para la participación de las entidades privadas en el sistema, tanto en los depósitos como en los préstamos concedidos, aunque posteriormente aceptó elevar ese tope al 10% para que ningún banco planteara problemas teniendo en cuenta su actual participación en el mercado. Propone, asimismo, un régimen con garantía del Estado nacional para todos los bancos comerciales, de inversión e hipotecarios, compañías financieras y cajas de crédito, con un límite de hasta 100.000 pesos para cada depositante o su equivalente en moneda extranjera, cualquiera sea la tasa pagada por los depósitos. La idea, incluso, es reincorporar el "sistema de garantía de depósitos" al BCRA, que fue parcialmente privatizado por la ley 24485, y crear allí la defensoría del usuario de servicios financieros, así como también abrir un departamento de atención al mismo en cada entidad.
? Gerardo Millman, diputado de Generación para un Encuentro Nacional (GEN), elaboró un proyecto "de relaciones financieras y garantías al usuario de créditos y depósitos" que intenta que los bancos destinen préstamos a las pymes. Incorpora una lista de derechos de los clientes bancarios, nuevos incentivos al ahorro y prevé que se creen bancos especializados en microcréditos orientados a promover el desarrollo productivo regional.
? "Un cambio estructural de largo plazo para tener una economía productiva, con mucho ahorro, mucha seriedad y mucho crédito" propuso Federico Pinedo, titular del bloque PRO (Propuesta Republicana, denominación en cierto momento objetada), con sus compañeros de bancada Paula Bertol y Jorge Triaca y los siguientes legisladores del Peronismo Federal: Gustavo Ferrari ("denarvaísta"), Walter Agosto ("reutemanista"), Marcelo López Arias y Eduardo Amadeo (Bloque Peronista encabezado por Eduardo Duhalde). No están de acuerdo con que la actividad sea un servicio público de titularidad estatal ni con que se otorguen créditos por ley, pero coinciden en la necesidad de crear el "defensor del usuario" y un tribunal administrativo para resolver los reclamos de los clientes. Habrá un sistema de premios y castigos y se sancionarán los comportamientos que lleven a "tasas injustificadamente caras". Para fomentar el ahorro se manifestaron a favor de actualizar el capital según las variaciones de precios de diferentes productos, obligando al mismo tiempo a que los préstamos estén calzados de igual modo. Acentúa los controles del riesgo y normas sobre lavado de dinero.
Directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la Cámara Argentina de Comercio (CAC) rechazaron la propuesta liderada por Heller pero no se refirieron a las otras dos cuando el 30 de septiembre concurrieron a Diputados. Alertaron sobre problemas para obtener créditos, como consecuencia de la legislación vigente, y se opusieron a que la actividad financiera se convirtiera en un servicio público con intervención activa del Estado. Sí observaron la necesidad de impulsar créditos productivos a plazos más largos y de ampliar el acceso para las pequeñas y medianas empresas.
El Poder Ejecutivo Nacional reivindicó el papel "desarrollista" asignado al BCRA, aunque varias de las funciones que asumió últimamente no corresponden a la "misión fundamental " prevista por su Carta Orgánica. "Aspiramos a poner al BCRA en el centro de la coordinación macroeconómica", declaró Marcó del Pont el 2 de septiembre pasado, cuando "coincidió" con CFK en que la entidad tiene que actuar como "guardiana del peso" y "garantizar una estabilidad monetaria y financiera consistentes con el crecimiento económico y el empleo". Al exponer sobre el nuevo "programa monetario" ante el Senado tres días después, afirmó que los objetivos deben ser "más amplios" y contemplar "la preservación del valor de la moneda -el control de la inflación-, el sostenimiento de un alto nivel de crecimiento económico y la creación de empleo", reiterando prácticamente la iniciativa que presentó cuando era diputada, en el 2007. "Necesitamos una legislación funcional a la nueva realidad, que no tiene nada que ver con el régimen de acumulación económica de la convertibilidad", aseveró, no sin dejar de mencionar que antes de la modificación de 1992 "el BCRA perseguía objetivos múltiples". Luego de manifestarse partidaria de "reconciliar la estabilidad de precios con el crecimiento del PBI y la creación de empleo", reconoció que las modificaciones sugeridas están en línea con las de bancas centrales del mundo, citando a la Reserva Federal de Estados Unidos y al Banco Central de Vietnam, que son responsables de preservar un tipo de cambio competitivo y estable y asegurar la estabilidad de la balanza de pagos, la consolidación de la infraestructura nacional o la expansión del crédito productivo.
