La renegociación de las concesiones de las áreas hidrocarburíferas, acuerdo cerrado entre Jorge Sapag y las empresas petroleras durante el segundo semestre del 2008, permitió recursos adicionales para la administración neuquina por unos 1.583 millones de pesos.

Este monto refleja sólo las transferencias directas de las empresas del sector y no computa el aumento de puntos logrados en el acuerdo sobre las regalías.

Las estadísticas oficiales detallan que durante el 2008 los ingresos totalizaron 128 millones de pesos, con depósitos realizados por parte de las empresas en noviembre y diciembre de ese año.

En el 2009 se ubicaron en torno a los 1.046 millones, con transferencias realizadas durante los doce meses de ese año.

Para el 2010 hay presupuestados unos 409 millones de los cuales se llevan ejecutados, a la fecha, algo más de 242 millones de pesos. En noviembre de este año finalizan estos aportes extraordinarios, tal lo firmado oportunamente con las empresas.

Todos estos montos mencionados incluyen la renegociación de las áreas acordadas con las petroleras YPF, Pluspetrol, Petrobras y Total Austral.

La cifra no es menor. Los cerca de 1.600 millones (unos 400 millones de dólares) que ingresaron en forma extraordinaria -y por única vez a la provincia- representan, por dar algunos ejemplos, cerca del 25% del actual presupuesto neuquino, un monto equivalente a la construcción de unas 1.500 viviendas, unos 20 hospitales de alta complejidad o un centenar de escuelas en toda la provincia.

Pero poco y nada de esos recursos llegaron a estos destinos.

Eso sí, unos 211 millones de pesos de este fondo se orientó a cancelar deuda pública.

Si bien la ley 2.615 -que en sus artículos define el destino de estos 1.600 millones de pesos- asegura que los fondos ingresados por la renegociación de las áreas hidrocarburíferas deben aplicarse a la dotación de capital (maquinarias, obras de infraestructura, etcétera), desde el Ejecutivo, con el aval de la contaduría, salieron los decretos que liberaron los fondos para el pago de deuda pública.

El petróleo, una ayuda permanente

Las recurrentes crisis financieras que sufrió el Estado neuquino desde su creación, definidas por lo general por la mala gestión de los gobernadores de turno, estuvieron muchas veces compensadas por los recursos extraordinarios que llegaron de la mano del petróleo.

En varias oportunidades se ha señalado a esta reciente operación cerrada por el gobernador Sapag como la liquidación de "las segundas joyas de la abuela". De los 1.600 millones de pesos que ya ingresaron sólo quedan en caja para ejecutar algo más de 510 millones de pesos. Esta inmensa masa de dinero utilizada por la administración Sapag en nada cambió la estructura de servicios de la provincia. Es más, en muchos casos se observa un profundo deterioro en los servicios esenciales del Estado por un problema de gestión.

Los 1.600 millones de pesos que llegaron a las arcas provinciales como recursos extraordinarios, en definitiva, no pudieron cambiar la inercia de la política económica llevada por la presente administración.

El primer gran aporte del sistema petrolero a Neuquén fue durante la gestión de Jorge Sobisch. En el año 1993, a través de la ley 2.006 (Acuerdo de Acreencias Recíprocas con el Estado nacional por regalías mal liquidadas), la provincia incorporó a su presupuesto la friolera de 786 millones de dólares que tuvieron como fin -además de cubrir el déficit estructural del presupuesto provincial- el financiamiento de proyectos como la multitrocha, el estadio Ruca Che.

Luego del receso de Felipe Sapag y con regalías en baja (período 1995-1999), Sobisch retomó el gobierno, esta vez por ocho años más, donde además de contar con la suerte de acompañarlo el "viento de cola" nacional, la salida de la convertibilidad y un precio internacional del petróleo en alza, obtuvo importantes ingresos adicionales con la contratación del Estudio Montamat para seguir realizando cobros por regalías mal liquidadas.

Si se comparan los recursos previstos en el presupuesto provincial con la recaudación real, durante los últimos cuatro años de gestión del gobierno de Sobisch los ingresos corrientes (los de recaudación regular) superaron al cálculo previsto en el presupuesto en 1.800 millones de pesos. Pero pese a esta nueva "masa de dinero", el gobierno de ese momento endeudó a la provincia en 250 millones para nuevas obras que, con una buena gestión, se podrían haber financiado con recursos de rentas generales.

Exactamente lo mismo ocurre hoy con la administración Sapag. Pese a contar con ingresos extraordinarios desde el inicio de su gestión, el gobernador mantiene su voluntad de seguir endeudando la provincia sin corregir el fuerte déficit de gestión existente en la administración.

¿Hacia dónde fueron los fondos?

El estado consolidado de recursos y gastos correspondiente a la renegociación de las concesiones de las áreas hidrocarburíferas muestra, entre otros puntos, que quedan todavía disponibles para gastar unos 510 millones de pesos.

En la estructura de gastos se puede mencionar:

• En estos tres años se destinaron 336 millones de pesos a construcciones.

• Hacia el ítem "Maquinarias y equipos" se destinaron 43 millones de pesos (se incluyen aquí las transferencias por responsabilidad social empresarial).

• Hacia el sector privado para financiar gastos de capital se destinaron a la fecha unos 10 millones de pesos, incluyendo los fondos que llegaron por responsabilidad social.

• Hacia las instituciones provinciales para gastos de capital se transfirieron alrededor de 35 millones de pesos en estos últimos tres años.

• Los fondos destinados a los municipios alcanzaron los 274 millones de pesos, todo ese dinero fue orientado al gasto de capital.

• Hacia la compra de acciones, participaciones de capital y préstamos a largo plazo, la provincia transfirió de estos fondos alrededor de 36 millones de pesos.

• Hacia los servicios de deuda pública la administración Sapag giró 211 millones de pesos.

Puntos claves de la ley 2.615

La ley 2.615, aprobada por la Legislatura provincial en octubre del 2008 y que resulta del acuerdo de la renegociación de las áreas hidrocarburíferas, tiene varios puntos claves para su análisis.
El Capítulo III señala el destino de los fondos extraordinarios.

• Artículo 3º. Destínanse los fondos convenidos en concepto de "pago inicial" -con excepción de los fondos por "responsabilidad social empresaria"- a financiar exclusivamente los equipamientos y obras de infraestructura con fines sociales, económicos, urbanos y de saneamiento, la satisfacción de obras y créditos generados por la realización de obras productivas y aquellas que tengan por objeto el desarrollo autosustentable y la diversificación productiva. Dichos fondos no podrán utilizarse para solventar gastos corrientes del Estado provincial y de los Estados municipales.

• Artículo 4°. Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer las reestructuraciones, modificaciones o reasignaciones en las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

El Capítulo IV menciona el desarrollo y promoción de los municipios con estos fondos disponibles.

• Artículo 5°. Distribúyanse los fondos convenidos en concepto de "desarrollo y promoción de los municipios". El monto total previsto en el presente artículo no podrá ser inferior al quince por ciento (15%) de la suma total del "pago inicial" más todo otro ingreso financiero. Los fondos previstos en este artículo deberán aplicarse exclusivamente a la adquisición de equipamiento o a la ejecución de obras con fines urbanos y sociales de interés municipal.

• Artículo 6°. Créase el "programa para el desarrollo", que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Territorial. Dentro de este programa se afectará un fondo específico con destino al desarrollo de las comisiones de fomento. El gobierno provincial y cada uno de los gobiernos municipales acordarán la realización de obras de interés conjunto.

• Artículo 8°. Para el cumplimiento de los objetivos determinados en el programa para el desarrollo, el Poder Ejecutivo dispondrá la creación de fondos fiduciarios que serán administrados por la empresa provincial Fiduciaria Neuquina SA para el financiamiento de las obras, equipamiento y para el desarrollo de los proyectos, con exclusión de lo establecido en el art. 5° de la presente ley.