Los delitos de "salideras bancarias" se habrían iniciado en la década del 80. Hay quienes los vincularon con la importación de motocicletas de alta cilindrada, cuando el tipo de cambio resultaba beneficioso, y que resultaron casi inalcanzables para los móviles policiales en casos de eventuales persecuciones. Desde entonces proliferó una modalidad de robo menos riesgosa para los delincuentes: las salideras. Según la Policía Federal Argentina (PFA) se organizan de la siguiente manera:
* El "sacador" o "marcador", quien por su aspecto e indumentaria no provoca sospechas en el interior de los bancos y aparenta completar un formulario, cuando en realidad observa las ventanillas de pagos. En ocasiones, actúa con la complicidad de un empleado.
* Elegida la víctima, avisa a sus cómplices por un teléfono celular (están prohibidos, pero muchas veces se usan a escondidas) o saliendo de la entidad detrás del "candidato" para indicar disimuladamente y a la distancia a sus compañeros donde guardó el dinero.
* Los motochorros circulan por lo general en pareja y siguen a la víctima. Procuran sorprenderla y se dan a la fuga antes de que el robado reaccione.
* "Personal de apoyo" observa desde un auto que se mantiene distante y ocasionalmente actúa frente a imprevistos.
Sólo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el año pasado hubo 7.185 robos en motos (no sólo salideras), por lo que la Comisión de Justicia de la Legislatura previó en un proyecto de ley la prohibición de que las motos circulen con acompañantes, que fue rechazado por opositores y la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios.
En el primer semestre del año hubo entre 3.000 y 4.000 salideras, según el diputado Gerardo Milman, de Generación para un Encuentro Nacional (GEN).
Las jurisdicciones más afectadas fueron la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza y los episodios demostraron que pocas entidades se preocuparon por los alrededores.
Ante semejante situación, surgieron recomendaciones (ver cuadro), ya que las medidas mínimas de seguridad exigidas por el Banco Central (BCRA) cubren cuestiones básicas determinadas por la circular "A" 3.390 (ver aparte) desde diciembre del 2001 y que actualizó la ley 19.130 de seguridad bancaria, reglamentada en 1971.
Eduardo Berrozpe, secretario de prensa de la Asociación Bancaria, entre otras medidas sugirió que "se modifiquen los costos de transferencias, para evitar que la gente circule por la calle con sumas importantes de dinero". Recordó que en el 2007 se acordó "mejorar la seguridad en los bancos -como la altura de los vidrios de las cajas y que éstas no sean accesibles a todo el público-, pero muchos no las cumplieron". Aparte, consideró fundamentales las capacitaciones del personal, no tercerizar la seguridad y la limpieza, coordinar las acciones entre los organismos involucrados y que todo el personal -policial, de seguridad privada y de limpieza- perciba salarios dignos.
Demasiados casos conmovieron a la opinión pública e impulsaron la búsqueda de soluciones. Córdoba fue tomada como modelo en el Consejo de Seguridad Bancaria -en el que participan la PFA y la provincial, el Banco Central, choferes de camiones y todos los bancos- por los operativos en la apertura y cierre de las entidades y guardias en los puentes. Desde el 2007, alrededor de 50 efectivos monitorean 25 cámaras colocadas en esquinas claves de la capital provincial.
En Santa Fe, funcionarios y representantes de la Justicia, la Policía, bancos, gremios y agencias privadas de seguridad acordaron profundizar la prevención y coincidieron en reafirmar un protocolo de actuación establecido el año pasado, replanificar e incrementar los operativos en las adyacencias de los bancos, reorientar cámaras o incorporar más en cada local e intercambiar informaciones. Los controles público o privado, o de la propia entidad, deberán dedicar especial atención a las personas que no justifiquen sus presencias en tales ámbitos o que permanezcan más tiempo del necesario para efectuar un trámite.
Comentar que estaba "atado de manos", pero que quería ser "más duro", fue algo que dijo Daniel Scioli, gobernador de Buenos Aires, a Juan Ignacio Buzali, marido de Carolina Píparo, la mujer embarazada de La Plata que fue baleada en una salidera y cuyo bebé, Isidro, falleció a la semana.
Entre las medidas acordadas por el Ministerio de Seguridad bonaerense y diversas entidades, se recomendó la instalación de inhibidores y bloqueadores de teléfonos celulares en el interior de los bancos, controlar que los motociclistas no viajen con acompañantes en las zonas bancarias, la posibilidad de usar las llamadas al 911 como pruebas para la Justicia, la ampliación del cuadro de filmación de las cámaras y que en los locales se resguarde el retiro de depósitos. Con anterioridad, dos municipios del conurbano encararon sus iniciativas:
* Avellaneda, un sistema informático de identificación que tomará huellas digitales y fotos y registrará los días y los horarios de ingreso de todas las personas a cada una de las 37 sucursales allí instaladas.
* Tigre decidió que las 42 allí ubicadas coloquen tres cámaras extras en cada local: una en la puerta y dos en las inmediaciones, haciéndose cargo de los costos de las mismas.
Antes de que la seguridad fuera insistentemente tratada por los medios de comunicación, Milman presentó dos proyectos de leyes:
* Uno sobre "medidas mínimas de seguridad bancaria". Prevé el resguardo de la privacidad de las operaciones de caja para evitar acciones de los "marcadores". Dispone que en las sucursales también "deberá establecerse un sistema de protección con suficiente nivel de reserva como para que sólo permita el encuentro entre el personal de la entidad y el usuario e impida la observación de terceros". Para Milman, "hay una responsabilidad civil de los ban-cos por el artículo 42º de la Constitución sobre los derechos de los consumidores de bienes y servicios.
* Otro dispone que "las entidades financieras serán civilmente responsables por los daños y perjuicios sufridos por quienes retiren bienes de sus establecimientos y sean objetos de actos de violencia a fin de apoderarse de esos bienes", incluso fuera de los locales. Y si las víctimas demostraran que "el robo se originó con la participación de dependientes de la entidad financiera, de su personal seguridad o con la intervención de terceros situados en el establecimiento", podrán solicitar "daños punitivos", según el artículo 52 bis de la ley de Defensa del Consumidor.
En junio último, los diputados radicales Jorge Álvarez y el rionegrino Hugo Castañón propusieron que los bancos instalen inhibidores de señales de los teléfonos celulares, con el fin de evitar acciones de los "marcadores", y compartimentos privados en las líneas de cajas y cajeros automáticos.
La comisión de finanzas de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen favorable para extremar las medidas de seguridad en los bancos, sobre la base de los proyectos de Milman y Álvarez-Castañón, cuyo tratamiento debería completar la Comisión de Seguridad Interior. El dictamen estableció brindar mayor privacidad a las operaciones de los clientes en las cajas, con "barreras visuales" y que no sean "especiales" para las grandes operaciones, porque eso "marcaría" al cliente para una posterior salidera, y la inhibición del uso de celulares "siempre que no afecte a terceros". La intención, además, es que los bancos sean responsables civiles de los daños y perjuicios que puedan sufrir los clientes dentro de las tres horas del retiro del dinero.
En Diputados, el kirchnerismo aprovechó el 1 del actual que la oposición no reunió los votos suficientes. "La agenda no la va a marcar la oposición y para el gobierno esto no es prioridad", declaró Agustín Rossi, presidente del bloque oficialista, quien aseveró que si la oposición quería tratar la seguridad bancaria debía "comprometerse" a considerar primero el proyecto que declare de interés público la producción de papel.
Disposiciones de seguridad para las entidades financieras
El Banco Central (BCRA), mediante la comunicación "A" 3.390 del 12 de diciembre de 2001, reemplazó la anterior "A" 2.985 del 14 de octubre de 1999 y estableció medidas mínimas de seguridad obligatorias para las entidades financieras comprendidas en el régimen de la ley 21.526, quedando a exclusivo criterio y responsabilidad de las mismas adoptar otros recaudos para proteger a las personas y los valores.
Para bancos y cajas de ahorro (casas centrales, matrices y filiales) dispuso: castillete blindado o recinto de seguridad, alarma a distancia, tesoro blindado, protección en bocas de acceso y superficies vidriadas, policía adicional, serenos, iluminación, recinto para operaciones importantes, medidas en las cajas de atención al público o en el acceso y circuito cerrado de televisión.
Para compañías financieras, cajas de créditos y sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles fijó medidas para el transporte de dinero, la instalación de cajeros automáticos e incluso para las dependencias que proporcionen determinados servicios y en aquellas instaladas en empresas de clientes, como también para los buzones de depósitos a toda hora.
Entre las complementarias, están las de habilitación o traslado de una sucursal bancaria.
El servicio de policía adicional se considerará efectivamente adoptado cuando sea cubierto con personal en actividad de la jurisdicción. Si surgieran dificultades para dicha prestación, será reemplazado por el de una empresa privada habilitada. Un efectivo se ubicará en el castillete, desde el ingreso del personal de la entidad hasta el cierre del tesoro al concluir la actividad diaria, a fin de vigilar mediante la observación directa o a través de un circuito cerrado de televisión los accesos al local, las cajas de atención al público, el ingreso al tesoro y los cajeros automáticos ubicados dentro del salón de atención al público. De no ser factible la vigilancia de todos estos sectores, se agregarán cámaras del circuito cerrado de televisión o efectivos para asegurar la observación permanente.
Las entidades deberán gestionar ante las autoridades municipales de cada lugar el estacionamiento libre y exclusivo frente a las mismas para los camiones blindados de transporte de dinero.
El BCRA agregó por la circular "A" 4.778, en el 2008 la obligación de "bunkerizar" la zona de cajas e instalar puertas giratorias en el ingreso.
