Durante este año, el Ministerio de Planificación Federal de la Nación, a cargo de Julio de Vido, proyecta transferir a las provincias algo más de 9.000 millones de pesos para la ejecución de obra pública. En ese total se omite incluir los fondos globales destinados a organismos descentralizados bajo la órbita del ministerio (donde se aplica la misma discrecionalidad en la asignación de recursos) y los importes imputados a Capital Federal, por donde se canalizan pagos que no recaen necesariamente en ese distrito pero sí en instituciones que tienen allí su sede.
A inicios de este mes se llevan ejecutados de este presupuesto unos 3.800 millones de pesos.
Estos fondos son transferidos a cada provincia para la puesta en marcha de los distintos planes de viviendas, el asfaltado en rutas, la construcción de puentes y otras obras de infraestructura acordadas previamente con el ministerio.
Cinco provincias aliadas estratégicamente al gobierno nacional (Buenos Aires, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Cruz y Chaco) percibieron a la fecha unos 2.200 millones de pesos, es decir cerca del 60% de los fondos disponibles para repartir entre los 24 distritos que tiene el país. "Y... la obra pública dinamiza", ironizó un alto funcionario nacional al ser consultado por la discrecionalidad en el reparto de estos recursos.

 Sólo el 4% de los fondos para obras llega a la región

A la caja de Neuquén ingresaron por este concepto -al 2 de este mes- tan sólo 57 millones. Con Río Negro el matrimonio Kirchner tuvo algo más de piedad: transfirió, a la fecha de corte mencionada, unos 103 millones de pesos.

Ambas provincias suman el 4% del total de las transferencias.

No es algo nuevo en la política argentina la práctica de favorecer con obra pública a los gobernadores aliados, pero el manejo totalmente discrecional y extorsivo aplicado por el matrimonio Kirchner a estos fondos erosiona cualquier posibilidad cierta de desarrollo de las provincias.

Relegados

Pese a que el gobierno de Jorge Sapag se esfuerza en todo momento por mostrar la buena relación que mantiene con el matrimonio Kirchner y los beneficios económicos que esta estrategia genera para la provincia, las estadísticas terminan por volver a la realidad las fantasías de los discursos oficiales.

Desde el Ministerio de Planificación Federal egresan los fondos más codiciados por los gobernadores. Es que la obra pública, pese a las ironías de algunos funcionarios, tiene un efecto multiplicador sobre la economía en que se aplica: genera una importante demanda de mano de obra y derrama trabajo hacia otras actividades.

Neuquén, en este convite de fondos, nunca estuvo al tope de la agenda de Nación.

Los poco más de 57 millones transferidos para obra pública en lo que va del 2010 constituyen uno de los tantos argumentos que avalan esta afirmación. Río Negro, sin ir más lejos, recibió casi el doble de fondos que la administración Sapag en los últimos tres años. La falta de peso político de la provincia es el argumento que se esgrime desde la Nación a la hora de hablar de esta discrecionalidad en la transferencia de dinero. "¿Qué nos puede aportar Sapag? Alguna ayuda en el Congreso, pero no tiene posibilidades de ofrecer mucho más", aseguró uno de los referentes del ministro Boudou al compartir las estadísticas oficiales.

Por otra parte, esta nueva forma de hacer política, con fondos girados en forma discrecional y atados a la obra pública, condiciona a muchos gobernadores, senadores y diputados que están ligados, en forma directa o indirecta, a empresas que pueden participar en las mismas obras cuestionadas.

Es conocido que la familia Sapag cuenta con importantes empresas en Neuquén, muchas de ellas vinculadas con la construcción, que participan activamente en este tipo de licitaciones. ¿Algo ilegal? No, tan sólo un dato que también puede servir para interpretar por qué podría ser conveniente para el gobernador cerrar hoy filas detrás del matrimonio presidencial.

Pero esto no es sólo patrimonio del gobierno neuquino. Algo parecido se observa en Río Negro, donde la obra pública que llega de la mano de la Nación está contaminada con muchos interrogantes en relación con la transparencia de su ejecución.

Este sistema es muy perverso y el gobierno nacional se esmera, con total impunidad, en acentuar la perversidad. Desde su llegada al poder, el matrimonio Kirchner adoptó como política de Estado el manejo de la caja para la compra de voluntades. Pareciera que todo se negocia con la disponibilidad de fondos públicos.

Pero, como se dice comúnmente, el tango siempre se baila de a dos. Los mandatarios provinciales que aceptan las condiciones impuestas por el gobierno nacional son cómplices de la destrucción de lo poco que queda de federalismo en la Argentina.

Mientras no se reforme el régimen de la coparticipación federal -una deuda que mantiene la clase política con toda la sociedad- nuestros gobernadores (no importa el signo político que representen) seguirán mendigando monedas para poder cerrar sus presupuestos o terminar alguna obra pública pendiente y se verán obligados, como contrapartida, a votar leyes sin tener en cuenta los legítimos intereses de las provincias a las que representan.

No se ha escuchado al gobernador de Río Negro ni al de Neuquén hablar de algún proyecto que contemple cambios en el actual régimen de coparticipación federal, donde las provincias resultan muy perjudicadas.

Está claro que existe un complejo conflicto de intereses que impide tomar esta iniciativa.

JAVIER LOJO
jlojo@rionegro.com.ar