El importante atraso del inicio de obras públicas licitadas hace un año por parte de la provincia de Río Negro provoca un impacto significativo en la generación de puestos de trabajo.
Particularmente, la noticia respecto de que el IPPV sólo inició un tercio de las viviendas licitadas en el 2009, correspondientes al remanente del Plan Federal II, golpea de lleno en el mercado laboral. Este "parate" puede cuantificarse en alrededor de 2.700 puestos de trabajo para este año.
Según el secretario de la Uocra Viedma, Damián Miler, del total de 1.800 viviendas listas para hacer en el 2010 sólo se están ejecutando 605, de modo que existen unas 1.195 unidades que todavía esperan el inicio de obra.
Al dato de los 2.700 trabajadores se llega por la relación que computa que para construir una unidad habitacional se requiere un promedio de 2,3 trabajadores, según las estimaciones del sector privado.
Los obreros mencionados representan el 35% del total de trabajadores registrados en la provincia de Río Negro, que sumaron alrededor de 7.700 en el consolidado de abril del 2010, según el Ieric.
Esta coyuntura se vuelve más alarmante si se contabiliza el derrame que produce el sector de la construcción sobre el resto de las actividades, cuyo efecto -palabras del gremio- triplicaría los 2.700 puestos de trabajo mencionados.
La parálisis en la construcción de los planes de viviendas en Río Negro es producto -en gran parte- de la demora en las trasferencias del gobierno nacional. En el caso del Plan Federal II, que administra el IPPV de la provincia, no sólo se redujo la cantidad de casas que a esta altura del año deberían alcanzar el 50% de ejecución sino que también se pusieron en riesgo las 605 unidades que están en construcción por la demora en los pagos de los certificados de obras, los cuales representan el avance físico mensual. Es importante destacar que el acuerdo marco con Nación consideraba iniciar el proceso del Plan Federal II Plurianual durante los años 2006 y 2007 y que recién durante el 2009 se licitaron sus últimas viviendas.
A pesar de los esfuerzos de la provincia por salvar la situación, adelantando parte de los certificados adeudados a las empresas mientras se espera el dinero que prometió Nación, la situación se vuelve "insostenible" tanto para las arcas provinciales como para las firmas contratistas. La primera reclama transferencias por algo más de 100 millones de pesos al gobierno nacional, pero la deuda a las constructoras se estima que ascendería a 60 millones de pesos. Esta demora en la transferencia de fondos no le permite a la Nación cumplir con los acuerdos ya firmados con la administración Saiz y pone en evidencia el problema de caja que enfrenta el matrimonio Kirchner desde fines del año pasado.
Se demuestra una vez más la fuerte dependencia que genera el esquema estratégicamente pensado por el matrimonio K sobre las administraciones federales. El gobierno de Saiz, que sin más decidió acompañar la política oficial actual, termina siendo el principal blanco de los reclamos sociales del incumplimiento de Nación.
Las perspectivas sobre este escenario no están del todo claras.
"Desconocemos cómo es el proceso político y administrativo de los pagos", afirmó un empresario de la zona. Los continuos viajes del gobernador a Capital Federal, que todos los meses realiza para el pago de salarios y aguinaldo, hace ya un tiempo que también incluyen el reclamo por las transferencias por obras públicas.
Se genera así un estado de incertidumbre inquietante. Los superpoderes que maneja el oficialismo para disponer de los recursos de forma discrecional, base fundamental de la relación de dependencia creada, terminan construyendo un sistema perverso en donde escasea la planificación sostenible a largo plazo para una industria estratégica para la provincia.
Un ejemplo concreto de esta situación lo muestra el porcentaje de participación del IPPV en el financiamiento de los planes de viviendas, el cual ha caído considerablemente. De llegar, en el 2001, a aportar la totalidad de los fondos junto con la Caja Solidaria de Ayuda Rionegrina para la Construcción Sociedad del Estado, en los últimos años este porcentaje, según datos oficiales, ha sido de aproximadamente el 30%, aunque existen contratos donde su participación no llega al 1% del monto total de la obra.
El panorama podría complicarse aún más a un año de las elecciones presidenciales. Es probable que se recurra al desvío de fondos para la campaña que ya tienen comprometidos con gobernadores e intendentes afines.
Posibles ajustes
Las empresas, por su parte, confirmaron que habían comenzado a sufrir atrasos en los pagos desde noviembre del año pasado. Hasta ese momento "los pagos eran puntuales", afirmó un empresario consultado, pero aclaró que ya hace más de nueve meses se comenzó a notar un sensible retraso en los pagos, que hoy se traduce en una demora promedio de tres meses.
Las firmas involucradas todavía no han tomado determinaciones drásticas. "La decisión de parar la obra es muy complicada", afirman, a pesar del presente desfinanciamiento. Aunque, si la falta de pago persiste, será inevitable que el nivel de actividad sufra un fuerte ajuste.
Pero el principal problema con el que se enfrentan las empresas es la asfixiante combinación entre el aumento del costo de la construcción y la extensión de los plazos para el inicio de la obra producto de la burocracia administrativa (ver recuadro). Entre el momento en que se llama a licitación para la presentación de las ofertas y el inicio de los trabajos pueden pasar hasta dos años. A este plazo se deben agregar los propios de obra, que para un plan de viviendas medio es de al menos 12 meses. Es decir que desde el inicio de la compulsa hasta la entrega del plan pueden pasar hasta tres años. En un escenario de inflación creciente, este esquema se hace insostenible para las constructoras. Aunque en algunos contratos se reconocen "mayores costos" por los aumentos de precios, éstos tienen en su espíritu los números del IndeK y no el verdadero ajuste de los materiales y de la mano de obra que muestra el mercado.
Las firmas trabajan en un ambiente de alta incertidumbre y casi nula planificación, esquema que se repite en el resto de las actividades. Las consecuencias de la dependencia creada por el gobierno K se trasladan también a los empresarios y a la situación de la economía regional. Así la actividad privada termina disminuyendo sus niveles de inversión respecto del nivel óptimo proyectado en un ambiente de bajo riesgo y alta credibilidad.
La ausencia de un plan estratégico provincial y nacional que defina objetivos concretos para solucionar problemas sociales tan profundos como el déficit habitacional termina alimentando hechos lamentables como los vividos en Bariloche hace un par de semanas atrás y como las ocupaciones en El Bolsón por parte de familias desesperadas por acceder a una vivienda digna.
La construcción que lleva a cabo el IPPV está siendo desbordada por el crecimiento habitacional.
Las viviendas que se entregan todos los años no son suficientes ante el problema social presente, principalmente en las áreas más pobladas de la provincia y más castigadas por el clima.
La provincia de Río Negro carece de capacidad de reacción y autonomía para modificar el actual escenario ya que los fondos que llegan para la obra pública están digitados directamente desde la Casa Rosada. Otra muestra de falta de federalismo.
