La obra pública se caracteriza por involucrar, en su mayoría, plazos de ejecución que superan los 12 meses, especialmente cuando se trata de planes de viviendas que incluyen las redes de los servicios públicos y los nexos correspondientes. En un ambiente inflacionario como el que enfrenta nuestra economía, con estimaciones que llegan al 25% anual, estos plazos generan desfases importantes entre el precio de la obra y los costos de los materiales y de la mano de obra comprometida.
Esta problemática, que no sólo afecta a las empresas constructoras, se agrava si los plazos entre la licitación de la obra y el comienzo de los trabajos se extienden entre uno y dos años más.
Una solución que incluye la mayoría de los contratos es el reconocimiento de los "mayores costos". El problema radica en que la metodología basa su cálculo en índices que no reflejan el verdadero aumento que perciben las empre-sas.
Como se ve en la infografía, que considera el período enero 09-junio 10, los índices propios de la Cámara Argentina de la Construcción y el Índice del Costo de la Construcción del IndeK, para el nivel general, parecieran haber seguido un mismo ritmo hasta octubre del 2009, momento a partir del cual empiezan a diferir.
Si se considera la variación de precios de octubre del 2009 a junio del 2010, el índice publicado por la Cámara supera el del Indek, nivel general, en un 43%. Esta brecha se amplía mucho más si se toman los indicadores a partir de enero del 2005.
"El problema no es sólo financiero sino económico" aseguran desde las empresas, que además de estar financiando hoy el atraso en los pagos de los certificados de obra enfrentan este problema que termina afectando su situación económica.
Este comportamiento de las principales variables propicia la concentración de la actividad, donde las firmas más chicas y débiles terminan siendo expulsadas del sistema. Así lo muestra un reciente estudio del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric) donde se observa la gran cantidad de empresas ligadas a la construcción que ya no trabajan en todo el país.