El Sistema Previsional Argentino (Sipa) tiene 8,5 millones de aportantes -eran alrededor de 5 millones en el 2003- y casi 5,9 millones de beneficiarios (3,5 millones contributivos y 2,4 millones por moratorias). Esto significa una relación de casi 1,4 activos por pasivo. Esta situación también fue analizada por la consultora M&S, que preside el economista Carlos Melconian, donde calcularon que para pagar el 82% de los salarios en actividad se necesitarían tres aportantes más por cada jubilado. En junio pasado, el haber promedio de la mal llamada clase pasiva rondaba los 1.150 pesos mensuales, pero de aquellos 5,9 millones el 76,5% -unos 4,2 millones- percibía el mínimo de 895 -o tal vez menos- y 780 más de 900.000 con pensiones no contributivas.

El bajo haber medio se atribuyó a la incidencia de los autónomos, los monotributistas y de quienes habían adherido a la "universalización", una moratoria que facilitó el retiro de aquellas personas que tenían edad para hacerlo pero no los años de aportes exigidos o que nunca los habían hecho y los que se habían desempeñado "en negro".

En un primer momento hubo funcionarios que pensaron en que la "universalización" comprendería a 2,2 millones de mujeres y hombres, quienes cobrarían la mínima. Lo cierto es que, además, permitió que pensionadas tramitaran jubilaciones y que unas 550.000 personas estuvieran en condiciones de acceder a pensiones por sus cónyuges fallecidos, aunque ellos nunca hubieran aportado.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ponderó, a mediados de junio pasado, la disminución al 34,6% del trabajo no registrado, que puntualizó era "el nivel más bajo de los últimos 25 años".

Las prestaciones quedaron desactualizadas y no se ajustaron a la evolución de los salarios, como habían establecido fallos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En los autos "Badaro Valentín c/Administración Nacional de Seguridad Social" (Anses), por ejemplo, la CSJ ordenó al Poder Ejecutivo Nacional (PEN), en el 2006, que impulsara una ley con pautas de movilidad para los haberes previsionales, vinculadas con los de los trabajadores en actividad.

En el 2007, al no cumplirse lo resuelto, ordenó a la Anses una corrección, que de enero del 2002 a diciembre del 2006 fue del 88,6%, cuando en idéntico lapso los aumentos generales oscilaron entre el 10% y el 22%. Por eso parte de las jubilaciones quedó retrasada y muchos "beneficiarios" pasaron a recibir 895 pesos.

Los haberes se actualizan cada seis meses mediante la aplicación de una intrincada fórmula de movilidad que combina datos de la evolución de los salarios y las variaciones en los recursos tributarios destinados al Sipa. Como casi siempre se aplica el valor más bajo, las prestaciones se licuan y "achata" la pirámide previsional.

Por los atrasos en los ajustes frente a la inflación real, disminuyó la prestación básica universal (PBU), que en un momento dado representó el 27,5% del sueldo promedio -últimamente, menos del 15%-, proporción a la que debía sumarse para determinar el haber inicial el 45% de la remuneración ajustada de los últimos diez años en actividad de quienes demostraran 30 de aportes. Para un sueldo medio, entonces, el inicial debería representar el 72,5% (27,5 más 45%). No obstante, las personas que se retiraron con tres décadas de antigüedad rondan el 36%.

Ante semejante realidad se entablaron cada vez más juicios contra la Anses por liquidaciones mal efectuadas entre el 2002 y el 2006, que se agregaron a los acumulados de la década del 90.

Los jubilados "viven en una situación de desesperación" y con sus ingresos "no pueden cubrir lo elemental de su canasta básica", afirmó Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires. En el organismo calcularon un valor para la canasta básica de 2.063,45 pesos, cuando el 76,5% de ellos percibe el mínimo de 895. Semino recomendó "tomar en consideración el fondo de garantía de sustentabilidad (FGS) que tiene la Anses y ver cómo se redistribuye", así como "un cambio estructural de la legislación".

El FGS, integrado por los aportes de los afiliados a las otrora administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), ascendía a 149.286 millones en abril último y estaba compuesto mayormente por bonos públicos, acciones, letras, inversiones y demás activos "heredados" de las AFJP.

En la Anses reconocieron que esas inversiones resultaban "prácticamente imposibles de liquidar en el mercado en el corto plazo sin asumir una pérdida de capital o provocar un colapso financiero local, excepto con los 11.500 millones en plazos fijos que sí podrían cancelarse teniendo en cuenta la liquidez de los bancos".

De cualquier manera, y como si se tratara de una "caja política", el PEN prosigue manejando los recursos con discrecionalidad y escasa transparencia -al igual que los de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Banco Central y hasta Lotería Nacional-, aunque pertenecen a los aportantes. Amado Boudou, ministro de Economía y Finanzas Públicas, y Diego Bossio, titular de la Anses, tampoco explicaron cómo recapitalizarán al organismo que destina parte de sus ganancias al programa de asignación universal por hijo (AUH), que debería cubrirse con ingresos fiscales generales. En el 2010, la Anses ostentaría un superávit de casi 15.000 millones computando la renta del FGS, de los cuales unos 8.500 millones se derivarían precisamente a la AUH y 6.500 a títulos públicos para cubrir necesidades del Tesoro.

Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, integrantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), advirtieron que "la inclusión social no se logra con el 92% de los pasivos con ingresos por debajo de la línea de pobreza ni tampoco con aquellos que peregrinan hasta la muerte litigando por su ajuste, para que sea el sustituto del salario, como establece la Constitución nacional en su artículo 14 bis, ratificado por la CSJ". Al mismo tiempo, peticionaron la intangibilidad de los fondos de la Anses y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), la resolución de todos los juicios, la asistencia con nivel de excelencia de la salud para el sector y más efectores y recursos humanos, sin olvidarse de citar que estuvieron 14 años sin recibir aumentos (leyes 24241 y 24463 durante la presidencia de Carlos Menem y con Domingo Cavallo como ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos), criterio que se mantuvo en las de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde. Por todo eso exigieron "una nueva ley de jubilaciones, equitativa y perdurable en el tiempo, que restituya el 82%".

Proyectos de Rubén Giustiniani, senador nacional socialista e integrante del Frente Progresista de Santa Fe, y Claudio Lozano, diputado nacional por el Proyecto Sur, fueron consensuados por bloques de la oposición en las comisiones de Presupuesto de las cámaras alta y baja de la Nación con la intención de elevar el haber mínimo al 82% del salario mínimo, vital y móvil (SMVM), actualmente de 1.500 pesos.

Ambas propuestas parlamentarias fueron consideradas "irresponsables" por Boudou, quien intentó convencer de que el gobierno no tiene recursos para el alza de la mínima ni para ajustar lo que se liquidó mal. En su cartera calcularon que ambas medidas demandarían 30.000 millones anuales y causarían un desequilibrio equivalente al 2,5% del PBI.

Bossio interpretó que elevar el mínimo a 1.230 pesos (el 82% del SMVM de 1.500) contribuiría "al déficit fiscal, al endeudamiento y, en definitiva, a la pérdida de empleos" y generaría "un desequilibrio anual terrible para la Anses, liquidando parcial o totalmente los recursos del FGS y poniendo en serio riesgo el pago de las jubilaciones actuales y futuras".

El bloque de diputados nacionales de Nuevo Encuentro Popular y Solidario (Martín Sabbatella, Carlos Heller, Ariel Basteiro, Vilma Ibarra y Jorge Rivas) consideró importante que desde el Congreso se abra "una discusión responsable, orientada a establecer el histórico porcentaje del 82% móvil en las jubilaciones mínimas", e impulsó "la restitución de las alícuotas de los aportes patronales a los niveles previos a 1993".

"Progresivamente deberíamos llegar al 82% móvil -dijo Hugo Moyano, secretario general de la CGT-. Pero tienen que estar los recursos".

"La caja de la Anses no cierra ni por casualidad para financiar los aumentos de los haberes provisionales, pero aumentar las cargas patronales a los niveles de 1993 es inconcebible", advirtió Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA). El comité ejecutivo de la central fabril insistió en que mayores cargas patronales alentarían aún más la informalidad y la suba de precios y propuso incrementar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Las propuestas de la oposición fueron defendidas por Julio Cleto Cobos, vicepresidente de la Nación, quien aseguró que cuando gobernó Mendoza aplicó una medida similar. Bossio le contestó que fueron beneficios de la caja provincial, "altamente desiguales y diferenciales", y que sólo "restituyeron la diferencia para llegar al 82% móvil al 3,5% del total de los jubilados mendocinos".

La devolución del 82% se debatió en las provincias, especialmente en aquellas que no transfirieron sus cajas previsionales al gobierno nacional. "Aplicamos el 82% en Santa Fe, que va modificándose con los salarios", reveló Hermes Binner, su gobernador. Otros mandatarios anticiparon que si las legislaturas locales avanzaran en idéntico sentido, vetarían las normas para evitar el desfinanciamiento de sus cajas.

"Inclusión y previsión social en una Argentina responsable" es el título de un documento del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) presentado en junio del corriente para contrarrestar los intentos de los partidos de la oposición por modificar la política provisional.

El trabajo reseñó lo que se hizo desde la inclusión social y qué hicieron otros gobiernos, pero únicamente desde mediados de los 60 del siglo pasado. Algunos de los señalamientos fueron:

*La inversión social aumentó en proporción del Producto Bruto Interno (PBI) del 5,6% en el 2004 al 10,2% proyectado para este año.

*La Argentina es el país de la región que más gasta en seguridad social: alrededor de 1.000 dólares anuales.

* La cobertura previsional pasó del 57% en el 2003 al 90% en este año y la cantidad de beneficiarios aumentó de 3,185 millones en el 2003 a 5,585 millones en el 2010.

* Desde la sanción de la ley 26417 de movilidad de las prestaciones del régimen previsional público, promulgada el 15 de octubre de 2008, la jubilación se incrementa dos veces por año.

*"La asignación universal por hijo (AUH) es el programa de transferencia de ingresos más importante de la historia argentina y de la región". Incluye a 3,7 millones de niños y adolescentes en estado de vulnerabilidad.

*La relación entre el haber mínimo y el haber medio demuestra el funcionamiento del sistema previsional como "herramienta de distribución de ingresos e igualdad".

*El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses gestiona activos por 149.286 millones de pesos.