Actos de corrupción política se pueden definir -tal los principios del pensador español Jorge Malem Seña- como aquellos que constituyen una violación, activa o pasiva, de un deber o del incumplimiento de una función de carácter político con el objeto de obtener un beneficio extraposicional cualquiera sea su naturaleza.

Muchas veces se los relaciona con actos judiciables. El soborno, la apropiación indebida, el fraude y el cohecho son sólo algunos de estos ejemplos.

Existen innumerables casos de políticos corruptos que actúan indebidamente a cambio de amplias sumas de dinero.

Si bien esto constituye un aspecto negativo -y central- del sistema, identificar un acto de corrupción política sólo si este puede ser sancionado judicialmente es un concepto erróneo.

En uno de sus escritos Malem Seña resalta que hay, en este sentido, naciones con leyes ambiguas que avalan la posición de pagar "adicionales" a los funcionarios de terceros países para, por ejemplo, aumentar las cuotas de exportación hacia ese mercado. En este caso, y para la legislación mencionada, lo actuado no es un ilícito, pero claramente se puede definir como un acto de corrupción política.

Otras legislaciones, siguiendo con los ejemplos, permiten vericuetos para que empresas, predefinidas oportunamente, realicen una determinada obra de importancia dejando de lado el resto de las ofertas. Aquí tampoco existe un acto ilícito.

En definitiva, para estos casos mencionados, corrupción e ilegalidad son términos muchas veces independientes entre sí.

Los actos de corrupción en la política terminan por lo general siempre vinculados a la expectativa de obtener un beneficio que, no necesariamente, debe ser de carácter económico.

Existen acuerdos tácitos en el sistema donde el rédito político que persigue una de las partes involucradas es, en la mayoría de las veces, rédito económico para la otra parte que participa del "negocio".

Ejemplo: un funcionario público, con poder político, otorga una obra importante a una empresa que genera trabajo en su ciudad. Establece una perversa relación entre la concreción de ésta y su gestión y persuade de esta manera a los trabajadores y ciudadanos de esa localidad para que lo terminen votando si quieren que la obra continúe. La otra parte que participa de este acto, que es la que realiza el trabajo, obtiene por ella un rédito económico que, sin el aval político mencionado anteriormente, no podría haber logrado.

Muchos son los sectores de la Argentina que se manejan hoy con este tipo de códigos, donde la línea entre lo legal e ilegal termina siendo un difuso límite.

Suman los pensadores que aseguran que la corrupción dentro de los partidos políticos, en los sindicatos y en todos los niveles de la administración fue -y sigue siendo- una parte complementaria -y parasitaria- del sistema democrático. Pero es inaceptable esta definición puesto que tácitamente se estaría convalidando uno de los principales mecanismos que corroen los cimientos morales de una sociedad. La corrupción está ligada a la generación de pobreza y ruptura de códigos que se enmarcan en lo que se define como el contrato social de cualquier comunidad y es incompatible con el desarrollo moral y económico de una nación.

En muchas oportunidades los efectos colaterales "deseados" por un acto de corrupción inducen a los funcionarios, bajo ciertas circunstancias, a justificarlo. Palabras tan conocidas por todos nosotros como "ésta es una obra que dará trabajo a miles de personas", en un entorno social de alta desocupación, sin dudas es un mensaje político que muchas veces va mucho más allá del noble significado que se le quiere dar a esta "buena noticia". Se busca así convalidar socialmente conductas políticas que, en otras circunstancias, serían seriamente cuestionadas.

Ejemplos para reflexionar

En Neuquén existen dos recientes y paradigmáticos casos que merecen reflexión sobre los límites que debe tener la función pública de cara a la sociedad.

Se toman estos dos casos mencionados a continuación como ejemplos, pero hay que dejar claro que en la Argentina y el mundo de hoy el sistema convive con miles de estos ejemplos (ver recuadro adjunto) que son difíciles, en los estrados judiciales, de calificar como actos de corrupción y por lo tanto no pueden definirse como tales. Pero volvamos a lo nuestro.

- Los trabajadores de la educación de la provincia pararon por más de 40 días en reclamo de una mejora salarial. Datos suministrados por el mismo gremio señalan el alto acatamiento de la medida. En mayo los docentes adheridos a la protesta sólo trabajaron cuatro días.

El gobernador Jorge Sapag, con buen criterio y defendiendo los intereses de todos los neuquinos, tomó la iniciativa de las negociaciones y salió por televisión -y en todos los restantes medios de difusión- para calificar de "ilegítima" la huelga, anunciando que en los recibos de sueldos que se iban a pagar en mayo se harían los descuentos correspondientes a los días no trabajados.

Pero en política, muchas veces lo que se promete no se cumple con el rigor que traduce el valor de la palabra. En mayo se terminó pagando el 100% del salario para todos los trabajadores de la educación.

¿Por qué este cambió de decisión? A simple vista, se habría privilegiado una situación sectorial por encima del conjunto de la sociedad.

Dos son las respuestas que se entregaron desde el gobierno ante la consulta sobre las causas de esta conducta (ambos funcionarios pidieron mantenerse en el anonimato).

La primera de ellas: que les era imposible controlar quiénes trabajaron y quiénes no y por lo tanto no podían recortar los salarios en forma arbitraria como habían hecho en abril (salarios estos últimos que ya fueron devueltos en su mayoría). La respuesta devela un problema de gestión. Lo mínimo que debe saber el gobierno de cada una de sus dependencias es, por lo menos, quién es el que trabaja.

La segunda respuesta oficial apuntó a preservar la paz social (léase no tener problemas que puedan complicar el futuro político del oficialismo). Es decir: el gobierno, con recursos de todos los contribuyentes, termina tomando una decisión incorrecta (al pagar por un paro ilegal). No haberlo hecho de esta manera le podría haber generado un conflicto adicional para sus aspiraciones políticas en el 2011.

Ni el accionar de Sapag ni las dos respuestas oficiales pueden contemplarse como un ilícito.

Ahora, queda preguntarnos: ¿es ético usar los impuestos de los contribuyentes para destrabar lo que se considera un conflicto político para el gobierno y la sociedad? ¿Qué respuesta les da el mandatario de turno a aquellos empleados que trabajaron como les ordenaron sus superiores y ahora se los iguala con quienes -palabras del gobernador- "realizaron un acto ilegal"? ¿Qué ejemplo están dando las autoridades a la sociedad con este tipo de conducta?

- El otro tema, que es emblemático para Neuquén, es la construcción de Chihuido I. Ésta es una obra millonaria, muy importante para el desarrollo de la provincia, sobre la que el gobierno neuquino muestra los resultados de la buena relación que mantiene -materia de discusión aparte- con el gobierno nacional.

Comenzó hace dos años siendo una propuesta con una inversión cercana a los 900 millones de dólares para terminar estos días rozando, oficialmente, los 1.600 millones de dólares, sin estar confirmado todavía el inicio de obra.

En los primeros acuerdos con el matrimonio Kirchner, a principios del 2008, el gobernador Sapag anunciaba con énfasis que "Chihuido será un emprendimiento privado, donde el Estado no pondrá un peso". Esta semana, luego de conocer mayores datos de la preadjudicación, apareció una nueva versión que avala el respaldo de Nación -con garantías y aportes directos- por más de 500 millones de dólares.

La preadjudicación de este importante emprendimiento fue a una UTE cuyas naves insignias son dos empresas ligadas a la administración central. Las mismas están siendo cuestionadas -y hasta en algunos casos judicialmente- por sobreprecios, justamente por obras públicas que fueron digitadas desde la Nación. Otro dato a tener en cuenta: ninguna de estas dos empresas tiene antecedentes en la construcción de represas.

En el tema económico también existen muchas dudas. La obra preadjudicada costará a los ciudadanos del país unos 1.000 millones adicionales en relación a la segunda propuesta presentada en el proyecto. Desde el gobierno se aduce que para la preadjudicación se tuvo muy en cuenta la financiación con que contaba cada consorcio, financiación que está atada a las garantías que ponga el gobierno nacional. Este último punto, podría ser una de las formas en la que se condiciona y redirecciona una preadjudicación millonaria como lo es Chihuido I.

El gobierno nacional asegura que los precios diferenciales de la venta de energía que genere la represa cierran económicamente el proyecto preadjudicado. Recordemos que ya existen ejemplos en la región donde el Estado firmó contratos con precios diferenciales a cambio de inversiones. Todos ellos, en el tiempo, terminaron siendo revisados por la Justicia y readecuados a la realidad del mercado. Obviamente, estos cambios terminaron abriendo la puerta para la industria del juicio que siempre estuvo -y está- atenta a este tipo de contratos donde la garantía del Estado figura como último pagador.

Para pensar.

Javier Lojo

jlojo@rionegro.com.ar