Los números del presupuesto nacional muestran que el gobierno continúa profundizando su política basada en el manejo discrecional de los fondos públicos.

Los subsidios son claves dentro de este esquema.

Si bien desde la administración Kirchner se había adelantado, a principios de año, que para el 2010 y el 2011 este tipo de transferencias del Estado nacional al sector privado y empresas públicas iba a disminuir progresivamente buscando de esta manera inyectar mayores recursos para los sectores que continúan siendo marginados por el modelo, la realidad plasmada en el presupuesto ejecutado evidencia todo lo contrario.

Al cierre del primer trimestre del corriente, la administración pública nacional destinó a subsidiar ciertos sectores de la economía algo más de 5.780 millones de pesos.

La cifra refleja un crecimiento del 10% respecto de los valores consolidados para el mismo período del año anterior.

Proyectando estos montos al cierre del 2010, los fondos transferidos en forma discrecional por esta vía se incrementarán en unos 2.500 millones de pesos en relación con el año pasado, para alcanzar unos 26.000 millones de pesos al 31 de diciembre del corriente.

Lo más llamativo es que esta inmensa cantidad de dinero poco tiene que ver con las políticas sociales que se intenta aplicar desde el gobierno o los argumentos que se quieren dar para sostener esta masa de fondos dentro de la órbita del Ejecutivo.

Cabe destacar que la intervención directa del Estado a través de las transferencias monetarias y de la imposición del nivel de recaudación tiene una incidencia significativa en la pobreza y la distribución del ingreso.

La discusión en el actual escenario se circunscribe a la eficiencia que debe tener el gasto público en la Argentina -y el rol que cumplen los subsidios en este esquema- y a la capacidad de recaudación que se busca desde el Ejecutivo, si el objetivo de igualdad pasa a ser prioridad en las estrategias de desarrollo de la actual administración.

Un reciente trabajo realizado por Ricardo Martner, jefe del Área de Políticas Presupuestarias y Gestión Pública de Cepal, destaca en este sentido que el coeficiente estimado de Gini del ingreso en los mercados latinoamericanos antes de impuestos y transferencias es de 0,45, pasando a 0,31 luego de la acción "redistributiva" directa del Estado.

Pero esto no tiene nada que ver con el uso discrecional de los fondos públicos que hace hoy el matrimonio Kirchner a través de los subsidios.

Partiendo de la concepción errada que dio origen a los subsidios con la llegada del modelo productivista al país, según la cual aquellos nacen como medios para redistribuir riqueza transfiriendo fondos de los que más tienen a los que menos poseen, a esta altura de los acontecimientos se puede afirmar -ya llevan aplicándose más de siete años en la Argentina- que la gran mayoría de los subsidios no cumplió su cometido.

Cuando se analiza la evolución presupuestaria, donde se define hacia dónde van esos fondos, se observa que en general los subsidios terminan beneficiando a ciertos grupos de interés ligados al poder político de turno y a quienes mayores ingresos tienen.

Los ejemplos que reflejan en forma clara esta situación se dan en los subsidios que reciben la energía, el transporte y empresas públicas como Aerolíneas Argentinas, que absolutamente nada tienen que ver con la pobreza.

En la teoría económica y en la literatura relacionada con los diferentes mecanismos de subsidio se propone que, para ser aplicada, esta herramienta debe mantener ciertas características básicas para contar con algo de eficiencia y efectividad, de manera que los ciudadanos que necesitan ayuda sean los más beneficiados.

La primera característica es que los subsidios deben otorgarse solamente mientras persista la condición que dio origen a la transferencia, es decir, constituyen un paliativo de corto o mediano plazo que sirve mientras el Estado corrige la situación de ciertos ciudadanos que están excluidos del sistema.

La segunda se da en el principio de focalización, es decir que los subsidios deben ser canalizados directamente a las personas necesitadas e identificadas como potenciales receptoras. Así se evita que otras personas, no necesariamente las más pobres, aprovechen el beneficio de la transferencia. Masificar un subsidio y sostenerlo en el mediano y largo plazo es sinónimo de ineficiencia y corrupción.

Los casos emblemáticos

El gasto en subsidios de la administración nacional tuvo un fuerte crecimiento entre el 2006 y el 2008 y en el último año llegó a representar el 18% del total de gastos primarios devengados. Pero a partir del 2009 la tendencia ha sido una marcada desaceleración de estas erogaciones, en parte como consecuencia de algunas medidas adoptadas por el gobierno en su intento por reducir la carga financiera que implican dichas asignaciones, las que, no obstante, aún continúan absorbiendo una importante porción del presupuesto nacional.

Datos dados a conocer en el informe de ejecución presupuestaria de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) dan cuenta de que en la primera parte del año el transporte y el sector energético absorbieron, en conjunto y casi en igual proporción, cerca del 85% de los fondos destinados como subsidios (2.490 millones y 2.411 millones de pesos respectivamente). Le siguieron en importancia los subsidios otorgados a empresas públicas no incluidas en transporte ni energía (448 millones), a la industria agroalimentaria (273 millones) y, con una incidencia mucho menor, a los sectores rural y forestal e industrial (130 millones y 31 millones de pesos respectivamente).

Entre los subsidios al transporte se destacan los destinados a gastos de explotación y de inversión a favor de los concesionarios de trenes y subtes del área metropolitana (715 millones), los asignados al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (558 millones de pesos) para compensar los incrementos de los costos de las empresas de servicios de transporte público automotor de pasajeros de carácter urbano y suburbano y los asignados a las empresas Aerolíneas Argentinas SA (418 millones) y Ferrocarril General Belgrano (203 millones de pesos), entre otros destinos menores.

A su vez, los fondos dirigidos al sector energético se concentran en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa con 1.047 millones de pesos), que financia el abastecimiento de las centrales térmicas. Le siguen en importancia los fondos para el financiamiento de la empresa Energía Argentina SA (Enarsa con 560 millones) y, con una incidencia mucho menor, Nucleoeléctrica SA (170 millones), Yacimientos Carboníferos Río Turbio SA (131 millones) y el Ente Binacional Yacyretá (86 millones de pesos), entre otros destinos.

Si se analiza el grueso de estos subsidios en lo que a montos se refiere, queda claro que están más orientados a sostener un modelo económico -que a la larga necesita cada vez más de estos estímulos- que a favorecer a una estructura social que se encuentra totalmente marginada de los beneficios del modelo.

Javier Lojo

jlojo@rionegro.com.ar