El dictador Francisco Franco falleció en noviembre de 1975, tras nombrar su sucesor al rey Juan Carlos I. Después, en junio de 1977, el gobierno electo no dispuso de mayoría parlamentaria y resultó afectado por una creciente inflación, el desequilibrio de las cuentas públicas, el desempleo (en parte por el regreso de quienes habían emigrado), el declive de las industrias tradicionales, el déficit externo, la obsolescencia del modelo corporativista e intervencionista de la larga dictadura, la consolidación de los sindicatos de clase y la emergencia de los nuevos agentes políticos y sociales.

En octubre del 77 se intentó la reconciliación de los Pactos de la Moncloa, nombre del palacio español donde los firmaron el gobierno, todos los partidos políticos y la monarquía.

Los pactos fueron dos:

? El de "Actuación jurídica y política", para consolidar las instituciones democráticas y que culminaría con la jura de la nueva Constitución en 1978.

? El de "Saneamiento y reformas de la economía", para superar la crisis y modernizar la estructura productiva.

Un año después de suscribirse los pactos, la inflación descendió al 16% anual, las reservas se duplicaron y la actividad empresaria se recuperó, pero se mantuvo la desocupación y siguió postergada la redistribución del ingreso.

Cuando Felipe González asumió el gobierno, en 1982, se aplicaron medidas para mejorar ciertas variables, sin que lo hicieran el empleo y los salarios.

Más allá de distintos vaivenes, el 17 de junio de 1991, con la sanción de la ley 21, se creó el Consejo Económico y Social (CES) para cumplir con el mandato constitucional de promover y facilitar la participación directa de los ciudadanos.

El gobierno debía elegir a quienes ejercerían la presidencia y la secretaría general y aceptar o rechazar a los expertos propuestos por las organizaciones empresarias, sindicales y sociales.

Desde entonces el Consejo se dedicó a elaborar informes y dictámenes solicitados por el Ejecutivo y a estudiar, por su cuenta, asuntos económicos, fiscales, laborales, de seguridad social, sociales, agropecuarios y pesqueros, educativos y culturales, de salud, consumo, sobre el medio ambiente, transporte y comunicaciones, industriales y energéticos, habitacionales y de desarrollo regional y cooperación.