La Argentina tiene una historia rica en acuerdos sociales", según Héctor Recalde, diputado nacional por el Frente para la Victoria, asesor de la CGT y docente universitario. En su opinión, el primero fue el Congreso Nacional de Productividad y Bienestar Social, de marzo de 1955, que inauguró el presidente Juan Domingo Perón junto con José Espejo y José Ber Gelbard, titulares de las confederaciones generales del Trabajo (CGT) y Económica (CGE), respectivamente. Una década después, la central obrera aprobó el documento "La CGT marcha hacia el cambio de estructuras", en el que opinó sobre un "modelo nacional".

Los partidos Unión Cívica Radical (UCR), Justicialista, Conservador Popular, Demócrata Progresista, los socialistas y otras fuerzas apenas coincidieron en el documento "Sin solución política es impensable una solución económica", en 1970, que originó la Hora del pueblo, con el propósito de recuperar las instituciones democráticas.

El 8 de junio de 1973, quince días después de que Héctor José Cámpora asumiera el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), Gelbard, entonces ministro de Economía, José Ignacio Rucci (CGT) y Julio Broner (CGE) firmaron el Acta de compromiso nacional entre el Estado, la CGT y la CGE. Los objetivos eran: una justa distribución del ingreso; la eliminación de la marginalidad social, mediante acciones oficiales en materia de vivienda, educación, salud y asistencia social; las reducciones del desempleo y el subempleo; el fin de la inflación y de la fuga de capitales. Por los siguientes dos años acordaron elevar los salarios el 20%, mantener precios fijos y uniformes en todo el país para la mayoría de los bienes y servicios y establecer dólares "diferenciales" para comerciar, viajar al exterior y ahorrar. Con todo esto se impulsó el Plan trienal 1973-76.

El descontrol fiscal, el mercado negro y el desabastecimiento de los artículos de primera necesidad terminaron con la ilusión de la "inflación cero".

"Rodrigazo" fue bautizado el ajuste anunciado en junio de 1975 por el ministro de Economía, Celestino Rodrigo, pero que pergeñó Mansueto Ricardo Zinn, secretario de Coordinación Económica. Abarcó desde una devaluación del signo monetario nacional del 160% hasta subas de los combustibles del 181% y de las tarifas de los servicios públicos del 75%, que deterioraron los ingresos de la población y los precios relativos. El ofrecimiento gubernamental de elevar las remuneraciones el 38% fue rechazado por los sindicalistas, quienes abandonaron las paritarias y emprendieron un plan de lucha. Ciertos dirigentes consiguieron incrementos del 160%, mientras la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) perseguía no sólo a los más combativos sino también a políticos de la izquierda y personalidades de la vida cultural del país.

Rodrigo y compañía se fueron, como tantos otros funcionarios. Cuando la economía se desplomaba, al igual que el desgobierno de Isabel Perón, jaqueado por las violencias de la Triple A y la guerrilla, el 24 de octubre del 75 se intentó la concertación "social dinámica". Fue rubricada por Antonio Francisco Cafiero y Carlos Federico Ruckauf, ministros de Economía y de Trabajo en uno y otro caso, Casildo Herreras y Lorenzo Miguel (CGT) y nuevamente Broner (CGE), pero sin contar con las adhesiones de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA). En ese momento, todavía se buscó "lograr un clima de tranquilidad y armonía social mediante el restablecimiento del pleno empleo y el aporte de cada sector laboral y empresario para desacelerar la situación inflacionaria y lograr la estabilización de los precios".

El golpe militar se avecinaba, pero ésa es otra historia para ser contada. En la segunda etapa del absurdamente denominado Proceso de reorganización nacional, allá por 1981, cuando el primer presidente de facto, Jorge Rafael Videla, fue reemplazado por Roberto Eduardo Viola, éste se animó a conversar con políticos. El radical Ricardo Balbín y algunos correligionarios, desarrollistas e intransigentes propiciaron la Multipartidaria, versión actualizada de la Hora del pueblo.

Un "diálogo social" se buscó con el retorno de la democracia constitucional en el 83, que dependía para Recalde de "actores sociales con suficiente representatividad y legitimidad".

El Acuerdo marco para el empleo, la productividad y la equidad social lo firmaron, el 25 de julio de 1994, el presidente Carlos Saúl Menem y representantes de la CGT, la UIA, la SRA, las cámaras argentinas de Comercio y de la Construcción, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), las Asociaciones de Bancos Argentinos (Adeba) y de la República Argentina (ABRA) y la Unión Argentina de la Construcción (UAC). No prosperó.

Al lanzar su candidatura presidencial, Cristina Fernández de Kirchner (CFK) convocó el 20 de julio de 2007 a un "diálogo social" entre trabajadores y empresarios.

Semanas más tarde, el 4 de setiembre, ante integrantes del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (Idea) declaró que uno de sus desafíos era "articular un acuerdo social".

En un coloquio organizado 23 días después por la CGE, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, las facultades de Ciencias Económicas de las universidades nacionales de Buenos Aires, de Lomas de Zamora, de La Matanza, de Lanús y de General Sarmiento, la representación local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y varios municipios bonaerenses, se consideró el "acuerdo social como expresión de un proceso de participación y concertación de los sectores productivos de la sociedad civil y el Estado". CFK prometió que, de ganar las elecciones, lo llevaría adelante y "concertaría las pautas de un modelo de acumulación e inclusión social".

Casi todas las propuestas en danza fueron resumidas en las 68 páginas del documento "El pacto social", en diciembre del 2007. Planteó las necesidades de "la institucionalización de las relaciones económico sociales" y del compromiso de los principales actores económicos de "moderar sus reclamos sectoriales en función de un plan de crecimiento general que beneficie al conjunto".

Ante la asamblea legislativa, el 11 de diciembre de 2007, en su primer mensaje presidencial, CFK explicó su teoría sobre el "pacto social". Volvió sobre el tema al día siguiente, cuando argumentó que "no es un acuerdo de precios y salarios. No vine a convertirme en gendarme de la rentabilidad de los empresarios. Tampoco vine a lidiar en internas sindicales o políticas. Fijaremos grandes metas cuantificables y luego iremos por sector y por actividad para ver qué necesita cada área".

El segundo gobierno del kirchnerismo concedió a la CGT beneficios extras para las obras sociales sindicales, participación en la previsión estatal, rebajas en el impuesto a las Ganancias para los trabajadores y márgenes para las negociaciones en el Consejo del salario mínimo y las paritarias. Por otra parte, prometió a la UIA un "banco de fomento del crédito a la actividad" -al cual Amado Boudou, ministro de Economía y Finanzas Públicas, se refirió hace unos días- y las reformas de la ley de Accidentes de Trabajo y los regímenes de protección, como el que comprende a las importaciones. Esta ubicación de la central fabril bajo el paraguas oficialista molestó a otros nucleamientos empresarios.

Gerardo Morales, senador nacional por la UCR, recomendó a la presidenta que "reflexionara y gobernara" y abandonara "la idea de un pacto social sin el campo y los partidos políticos", ya que "no se puede proyectar un país en el marco de su Bicentenario sin un acuerdo político, social y productivo en el que participen todos los actores involucrados".

La construcción de "ámbitos de diálogo y capital social" fue sugerida en la 15ª conferencia de la UIA para tratar consensos básicos para el desarrollo productivo, en diciembre del 2009.

CFK, algunos de sus funcionarios, empresarios y sindicalistas hasta se reunieron con representantes del Consejo Económico y Social (CES), de España, para analizar cómo armar algo semejante a los Pactos de la Moncloa (ver aparte), algo que el ex presidente temporario Eduardo Duhalde también viene propiciando.