Los problemas financieros de las provincias no se solucionarán con los nuevos aportes que puedan aparecer a través de la coparticipación del 100% al impuesto al cheque. Sin lugar a dudas, la aprobación del proyecto de reforma sería una noticia muy favorable para las administraciones subnacionales en un año en el que prevemos que el déficit tras el pago de intereses se ubique en los 13.000 millones pesos, un 50% por encima del déficit del 2009.

Como dato adicional, destaca un reciente informe de Economía & Regiones, los recursos adicionales podrían ser destinados al pago de gastos de carácter corriente (como los salarios de los agentes públicos) a diferencia de otros fondos con asignación específica, como lo es el Fondo Federal Solidario (con el producido de parte de las retenciones a la soja), cuyas transferencias pueden destinarse únicamente a la ejecución de obras públicas en las provincias.

Sin embargo debemos señalar que la hipotética aprobación de la reforma sólo mejoraría parcialmente la situación fiscal subnacional, por lo cual la consideramos una condición necesaria, pero no suficiente, para abordar los problemas vigentes tanto en términos de asignación de los recursos como en relación al déficit provincial. En primera instancia la participación provincial en la torta total de los recursos apenas crecería 2 puntos porcentuales, ubicándose en un magro 27%, cuando años atrás (1998) dicho ratio alcanzaba el 34%, de modo que no se estaría corrigiendo la distorsión distributiva actual.

Por último, partiendo de un déficit financiero de 13.000 millones según el escenario base de E&R, se advierte que incluso con la coparticipación total del tributo, el déficit de las provincias se acercaría a los 7.200 millones, en tanto que las necesidades de financiamiento para todo el año se ubicarían en 20.300 millones. Está claro entonces que la pelea por corregir la distribución de los recursos no pasa por mejorar la posición del impuesto al cheque sino por cumplir lo que señala la Constitución nacional: transferir un piso del 34% de los recursos que ingresan a las arcas del poder central. Lejos de ingresar en una pulseada política en el Congreso, los gobernadores deberían comenzar a exigir lo que les corresponde por ley. (Redacción Central)