A qué se debe que las pymes sigan padeciendo las mismas dificultades para financiarse o esperando la sanción de leyes que hace tiempo les han sido prometidas o por qué la Argentina no tiene una política agropecuaria que contemple especialmente la realidad de los pequeños y medianos productores?

Si hay una respuesta común para las dos preguntas posiblemente esté referida a la escasa capacidad de lobby de estas comunidades empresarias ante las instancias de gobierno, quizá la carencia más desatendida en este heterogéneo conglomerado y seguramente la que menos análisis y difusión ha merecido entre especialistas y medios de prensa.

Afecta a todos los sectores de la producción sin distinguir entre segmentos formales de los que trabajan en negro y en menor medida a los organizados gremialmente. En general sólo cuando hicieron lobby "bajo el ala" de las grandes corporaciones lograron algún resultado, pero se sabe que en algún momento los caminos de unos y otros se bifurcan. La acción de ejercer presión ante el poder público consiste en informar a un diputado, a un funcionario o a una comisión legislativa sobre aspectos no considerados en un proyecto de ley que quizá afecten a determinada rama de actividad.

No es un problema menor tampoco que la construcción de poder, que deben plantearse las cámaras, con frecuencia choca con la falta de interés de los asociados, expresada, por ejemplo, en la falta de pago de las cuotas mensuales. "Muchas veces, los empresarios pymes actúan de modo individualista y esto atenta seriamente contra los intentos de agrupación de este tipo de empresas. Convengamos también que la realidad impacta más fuertemente en estas empresas, que no han podido solidificarse en el mercado, motivo por el cual la prioridad suele ser la búsqueda de soluciones a los problemas cotidianos", dice Gustavo Tondi, docente de la UBA y presidente de la Asociación Interamericana para la Responsabilidad Social (Aires).