Dice que en el gobierno nacional lo conocen porque "no se ata a los cargos" y que "su mayor bronca es la obsecuencia, que es la peor de las traiciones, porque profundiza los errores".

Así se manifiesta José Sbattella, propuesto por la presidenta de la Nación para conducir la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) luego de despedirlo de otro cargo en agosto del 2008. Controlará el lavado de dinero -con Gabriel Horacio Cuomo- ante los requerimientos de organizaciones y foros multilaterales como el Grupo de los 20 (G20).

Rosa Falduto y Alberto Rabinstein fueron desplazados de la presidencia y la vicepresidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) respectivamente, acusados de canalizar reportes "sensibles" al poder kirchnerista y no avanzar contra el Grupo Clarín. En realidad, la Casa Rosada comenzó a analizar los cambios tras conocerse dos informes, en diciembre pasado:

? el del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), de acuerdo con el cual la UIF sólo resolvió el 20% de las denuncias recibidas entre el 2003 y el 2008, de las cuales envió el 13% a la Justicia y el 7% al archivo, y

? el de una comisión independiente ligada al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que reveló fallas en el combate contra el lavado de dinero y los delitos financieros complejos, como la evasión fiscal -estimada por Sbatella en 10.000 millones de dólares anuales y asociada con un 40% de la actividad en negro, con ingresos no declarados-, los fraudes bancarios y la corrupción. Éste se difundió casi simultáneamente con la visita al país de funcionarios del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

En el mundo, en el 2007, el lavado de marras osciló entre 500.000 y 650.000 millones de dólares, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), de los cuales más de 400.000 millones se originaron en el tráfico de drogas.

Cuando Federico Storani se desempeñaba como ministro del Interior, en febrero del 2001, dijo que "en la Argentina no existe, en la práctica, lavado proveniente de actividades del narcotráfico". No obstante, admitió la presencia del cártel de Juárez, que "tuvo un episodio (en el país) que, para lo que es su volumen, eso es una propina".

La Policía Federal -dependiente de la cartera política- creó por entonces la Dirección General de Terrorismo Internacional y Delitos Complejos, a cargo del comisario inspector Jorge Palacios (el mismo que fue designado como jefe de la Policía Metropolitana por el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri y detenido acusado de espionaje telefónico a empresarios y personalidades públicas).

En el 2001, también, entre el Banco Central (BCRA) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se cruzaron denuncias sobre la responsabilidad de cada uno en los controles del lavado. El gobierno nacional encaró en abril del mismo año el blanqueo impositivo vía canje de títulos públicos.

El subcomité de investigaciones sobre lavado del Senado norteamericano involucró, el 5 de febrero de 2001, a 10 grandes bancos en la participación indirecta en millones de dólares de actividades ilegales como corresponsales de entidades financieras extranjeras. Mencionó al Bank of America, el Chase Manhattan y el Citibank, entre cuyas conexiones figuraban el M. A. Bank, de las islas Caimán, y el Federal Bank Ltd., de las Bahamas. Este último estuvo ligado al local Banco República, de Raúl Moneta. Informaciones acerca de las maniobras de entidades estadounidenses y argentinas fueron aportadas al citado subcomité por los diputados nacionales Elisa Carrió y Gustavo Gutiérrez.

No se consiguió lo esperado cuando se alentó el retorno de capitales de argentinos en el exterior que eludieron los controles fiscales -entre 75.000 millones y 80.000 millones de dólares-, pese a las promesas de no aplicar multas, intereses o punitorios ni incriminar judicialmente a sus propietarios. Como único castigo se dispuso que perdieran parte del interés por una inmovilización supeditada al blanqueo urdido en marzo del 2001 por Domingo Cavallo, por segunda vez ministro de Economía de la Nación. A todo esto, el gobierno aliancista de Fernando de la Rúa reglamentó la ley sobre lavado y creó la UIF. (Ver aparte)

Mariano Scotto, presidente de la asociación civil Unidos por la Justicia, sostuvo, en noviembre del 2007, que las causas de lavado en la Argentina son, en general, desestimadas por la Justicia y no sirvieron para determinar culpables. La mayor parte de las causas investigadas fue por depósitos injustificados en cuentas bancarias (33%), seguidas por operaciones financieras sin justificar (29%); en tanto, el resto correspondió a transferencias injustificadas del exterior y aumentos sospechosos de capitales en empresas o sociedades.

El 28 de octubre de 2008, la AFIP y la UIF acordaron acciones para combatir el lavado de dinero y semanas más tarde, el 25 de noviembre, la señora de Kirchner anunció un blanqueo impositivo y laboral para enfrentar la crisis, mientras crecían las operaciones de contado con liquidación, para sacar dinero del país sin pasar por el mercado cambiario.

En plena transición presidencial, en diciembre del 2008, el gobierno de Estados Unidos pidió que el proyecto de blanqueo de capitales, con el que aquí se promovía la repatriación de activos financieros colocados en el exterior, respetara lo establecido por la ley de antilavado. Aunque para varios analistas no contribuiría sustancialmente a afrontar problemas de liquidez ni a inspirar confianza y seducir a quienes entonces tendrían alrededor de 150.000 millones de dólares en el exterior, el 18 de diciembre de 2008 el Senado sancionó la ley con el paquete de medidas anticrisis del gobierno, aunque para la oposición podía abrir la puerta al lavado.

Miguel Pesce, vicepresidente del BCRA, aseveró que la Argentina "no es un país elegido para blanquear dinero". No obstante, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que trabaja para la prevención del "lavado" de dinero y el financiamiento del terrorismo, expresó en septiembre último que, si bien la moratoria impositiva impulsada por CFK no era particularmente objetable, observaba con "inquietud" la intención de favorecer el "blanqueo".

JP Morgan Securities (JPMS) demandó a Hernán Arbizu, un ex ejecutivo argentino que llegó a administrar más de 200 millones de dólares en activos de clientes con negocios en la Argentina, luego de que el susodicho le atribuyera dos tipos de maniobras:

* captar nuevos fondos, sobre todo provenientes de las ventas de empresas, que evadían obligaciones tributarias cuando se encontraban afuera del país y

* actuar entonces "en complicidad" con las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP). Cuando una firma efectuaba una oferta pública a través del JPMS, las AFJP compraban las emisiones primaria o secundaria, aunque no hicieran un buen negocio, y una vez cerrada la operación el cliente sacaba los fondos del país para que fueran administrados por el JPMS en Suiza o Estados Unidos. La siempre locuaz titular del PEN nada comentó acerca de cómo los depósitos de argentinos en Uruguay treparon a 2.957 millones de dólares el año pasado, lo que significó un aumento del 20,1%, según el Banco Central del vecino país. Allí actúan sucursales y agencias de bancos internacionales que los atienden y recolocan en Estados Unidos y Europa.

Esto, sin olvidar los "paraísos fiscales", que son jurisdicciones, territorios o estados que se caracterizan por la ausencia de normas restrictivas para las transacciones financieras y eluden las recomendaciones del Grupo de los 20 de luchar contra quienes no cumplen con las medidas contra los evasores. La UIF identificó 88 jurisdicciones "no cooperativas" hasta agosto pasado, que acumularían 11,5 billones de dólares en activos de no residentes.

A su vez, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó que "la Argentina, China y la India han concluido recientemente una serie de acuerdos de intercambio de información fiscal y convenios de doble imposición". Por eso nombró al país como integrante del "Grupo de revisión", encargado de dictaminar sobre las conductas de los citados re- ductos.

Problema mundial con graves consecuencias sociales y económicas

El "lavado de dinero" permite el uso legítimo de recursos procedentes de actividades ilícitas manteniendo en lo posible el valor de los activos. En los últimos años se convirtió en un problema mundial, con graves consecuencias sociales y económicas. Atrae más la atención cuando se relaciona con el tráfico ilícito de drogas y, recientemente, las actividades terroristas. No obstante, existen delitos de todo tipo, cometidos por quienes realizan operaciones bursátiles ilícitas, malversadores de fondos de empresas y contrabandistas.

La ley 25246 sobre encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo, sancionada por el Congreso nacional el 13 de abril de 2000 y promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) el 5 de mayo del mismo año (decreto 370/00), creó la Unidad de Información Financiera (UIF). Actúa con autarquía funcional en jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y entre sus competencias se destacan las de analizar, tratar y transmitir las informaciones de operaciones sospechosas para prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de los tráficos de estupefacientes y de armas, prostitución infantil, asociaciones ilícitas, fraudes y/o estafas.

La ley sanciona con penas de hasta 10 años de cárcel a quienes "blanqueen" activos ilegales y también establece obligaciones para que los bancos, aseguradoras y personas físicas y jurídicas comuniquen los movimientos de fondos sospechosos, o sea aquellos que no tienen fundamento económico-jurídico y son de una complejidad inusitada.

Por medio de la ley 26268 sobre asociaciones ilícitas terroristas y financiación del terrorismo, sancionada el 13 de junio de 2007, se modificó la 25246, extendiendo su alcance al análisis de operaciones sospechosas de financiar el terrorismo.

MIGUEL ANGEL FUKS