Mientras Kirchner no descansa y trabaja frenéticamente para robarse todas las banderas "progresistas", destruir a sus competidores y ser reelecto en el 2011, la oposición está consensuando el siguiente diagnóstico:

- Estamos frente a un problema esencialmente político, de una democracia corrompida por la concentración del poder en el Ejecutivo nacional.

- Para superar esta situación, la oposición debería acordar un pacto de la Moncloa argentino que comprenda las políticas de Estado que ejecutará quien gane en el 2011 con el apoyo del resto del espectro político.

¿Será este planteo suficiente para superar nuestros males? Las dudas son varias. Los vicios de nuestra democracia, ¿son atribuibles exclusivamente a los Kirchner?

¿O responden a problemas sociales y culturales más profundos? ¿Bastará con que los Kirchner sean derrotados en el 2011 para poder recuperar una democracia con equilibrio de poderes y un modelo económico que permita crecer sostenidamente y reducir la pobreza? ¿Qué tipo de políticas de Estado puede consensuar hoy la dirigencia opositora?

El punto de partida de esta nota es simple: la cultura media de nuestra población es la que determina la calidad de nuestra política.

El empobrecimiento de las mayorías es lo que condiciona que una clase política que necesita de los votos para competir por el poder llegue a consensos distribucionistas que atentan contra el crecimiento. La pobreza mayoritaria lleva generalmente a políticas de Estado distribucionistas y éstas desalientan la inversión y multiplican la pobreza, condenándonos así a un círculo vicioso.

Para poder salir de la trampa primero cabría revertir los factores que están multiplicando la pobreza; segundo, deberíamos aspirar a un modelo de país distinto, donde sea mayoría una clase media de ciudadanos independientes y responsables -no los dependientes del Estado-; y tercero, deberíamos cambiar radicalmente el modelo económico y la política migratoria para acercarnos a esa meta.

El círculo vicioso

Las tendencias demográficas y sociales que se visualizan en nuestro país muestran un empobrecimiento de la clase media y un crecimiento estructural de la pobreza. Esta evolución no es casualidad sino que es consecuencia inevitable de la inmigración de pobreza de países vecinos, de la mayor tasa de natalidad de nuestra población pobre y de la emigración de los hijos de familias de clase media y alta.

También es consecuencia de la destrucción de la educación pública, de un clima de negocios que atenta contra la inversión privada y del crecimiento de la presión tributaria que desalienta el trabajo formal.

El crecimiento relativo de la población pobre tiene consecuencias políticas inevitables, la principal de las cuales es un electorado crecientemente dispuesto a responder a propuestas distribucionistas.

En una democracia con voto universal los representantes adecuan sus propuestas a las encuestas y las políticas tienden así a coincidir con los intereses de las mayorías empobrecidas. "Pretendo pelearle al peronismo esa bandera de la justicia social", declara el nuevo presidente del radicalismo Ernesto Sanz. Pero claro, esa competencia por el poder augura la continuidad de un círculo vicioso, pues las propuestas distribucionistas ahuyentan la inversión, destruyen la cultura del trabajo, fomentan la paternidad irresponsable -con los subsidios a la niñez- y generan cada vez más pobres.

La destrucción del espíritu de competencia entre los empresarios protegidos, y de la cultura del esfuerzo entre los recipientes de las dádivas estatales, es una pieza clave del círculo vicioso. "El énfasis excluyente en la distribución está convirtiendo a millones de argentinos, sean obreros o empresarios, en mendicantes del Estado", nos dice con razón Mariano Grondona. ¿Qué han de apoyar electoralmente esas mayorías que viven del empleo público, de una jubilación estatal, de un plan Familias o de los negocios con el Estado sino el agrandamiento de las prebendas distribucionistas?

En este círculo vicioso se encuentra hoy nuestro país y esto explica por qué la oposición compite con propuestas aún más generosas que las del oficialismo (el subsidio universal a la niñez es el ejemplo más reciente). Explica por qué a Kirchner le ha sido posible encontrar aliados circunstanciales entre la oposición para sancionar leyes "progresistas". Explica también el creciente peso político de las organizaciones piqueteras que representan a sectores informales cada vez más numerosos.

El consenso del bicentenario

En este contexto la idea que ronda por la oposición es un pacto de la Moncloa argentino, capaz de generar un consenso multipartidario que se traduzca en políticas de Estado que ejecutaría quien gane las elecciones del 2011 con apoyo de quienes pierdan. La manifestación más destacada de esta idea es el Plan elaborado por Terragno y apoyado por Duhalde. Se trata de un plan industrialista/desarrollista que cuenta con el apoyo de la UIA. El gravamen de la renta financiera, la desgravación de las utilidades reinvertidas, una fuerte presión impositiva para financiar un estado de bienestar universalista, un programa importante de inversión en infraestructura son algunos de sus rasgos centrales. De reducir los impuestos al comercio exterior ni se habla. Tampoco se habla de cambiar la política migratoria, ya que los empresarios consideran que la inmigración de mano de obra barata baja los costos laborales y permite competir con Brasil. Se trata del mismo modelo proteccionista en lo comercial, con inmigración de pobreza de países vecinos y una política impositiva asfixiante para financiar un estado de bienestar con políticas universales.

El plan Terragno podría ser una mejora marginal frente a los excesos del kirchnerismo si se revirtiera la desinversión en infraestructura, si hubiera menos discreción y más respeto por los intereses de la empresa privada y se restaurara el superávit fiscal. Pero es la continuidad de un modelo de país que nos hace perder las oportunidades comerciales que hoy ofrece la globalización, nos asemeja cada vez más a Latinoamérica -sociedades con pocos ricos muy ricos y mayoría de pobres dependientes del Estado- y tiene el potencial de acelerar un círculo vicioso donde la pobreza condiciona políticas populistas y las políticas populistas provocan más pobreza.

Democracia y crecimiento económico

La conciliación de democracia y crecimiento económico es muy difícil en países con extensas mayorías de población pobre. Ahí están los ejemplos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, en los que el proceso democrático ha degenerado en gobiernos reivindicatorios de las mayorías populares que atentan contra los derechos de propiedad, destruyen la confianza y multiplican la pobreza. Argentina, que era un país distinto con una clase media imbuida de los valores del esfuerzo individual y el ahorro, ingresó en ese círculo vicioso en 1945 y está por verse si podrá salir de él.

El círculo virtuoso entre democracia y crecimiento económico puede darse, pero es un estrecho pasaje que necesita simultáneamente una clase política que renuncie al populismo y una exitosa economía de mercado que genere simultáneamente crecimiento y reducción de la pobreza y desarrolle una mayoritaria clase media independiente -no prebendaria del Estado- que sirva de sostén político para la continuidad de una economía abierta y competitiva.

Brasil y Chile son dos modelos distintos en la búsqueda de ese estrecho pasaje. Brasil tiene cada vez más peso en la esfera internacional por su tamaño y por la coherencia histórica de su política exterior (mientras nosotros carecemos de tamaño y de confiabilidad internacional). Las poderosas centrales empresarias han logrado influir para encarrilar la política interna hacia un respeto de sus intereses, aunque al costo de aceptar una altísima presión tributaria y una extendida intervención distributiva del Estado. Esta combinación parece apropiada y suficiente en un contexto internacional muy favorable.

Pero la vulnerabilidad del modelo brasileño radica en que, como consecuencia del proteccionismo industrial y de las ineficiencias asociadas a la intervención estatal distributiva, la economía crece poco y no transforma pobres en ciudadanos de clase media independientes sino en una masa de dependientes del Estado, enemigos crónicos de los valores del esfuerzo individual.

El riesgo del modelo brasileño es que, como consecuencia de algún tropezón económico, probablemente relacionado al fin del contexto internacional favorable, las mayorías electorales reclamen una nueva vuelta de distribucionismo y el país cambie hacia un círculo vicioso, como ocurrió en Argentina luego del 2001.

El modelo chileno en cambio está también apoyado en una institucionalidad política que respeta los intereses empresarios pero dentro de un modelo con libertad de comercio exterior y un Estado mucho más chico. Esto le ha permitido crecer espectacularmente y reducir genuinamente la pobreza generando empleos (no artificialmente subsidiando la pobreza).

Consecuentemente el modelo chileno está en un círculo virtuoso, pues su éxito está cambiando la cultura de empresarios y obreros que crecientemente creen en la iniciativa privada y no en las prebendas estatales. Ese cambio cultural sostiene políticamente un modelo de economía abierta y competitiva y Chile está a punto de elegir como presidente a un empresario multimillonario.

La visión de quienes proponen nuestro pacto de la Moncloa es emular a Brasil. Los politólogos ansían emular la calidad de su política y los empresarios prebendarios ansían adquirir la capacidad de lobby de sus colegas brasileños. Pero la comparación entre los dos países vecinos sirve para demostrar que el modelo a emular es Chile, que tiene mayor calidad institucional, menos corrupción, mayor capacidad de crecer y reducir la pobreza y consecuentemente mayores chances de sostenibilidad política.

El modelo del bicentenario no debería perpetuar el modelo industrialista sino volcarse al libre comercio. No debería mantener la inmigración de pobreza sino tener una política migratoria selectiva. No debería continuar con un distribucionismo universal -que requiere una presión impositiva que anula la competitividad y genera informalidad- sino limitar la intervención distributiva a atender la extrema pobreza. No debería mantener la dependencia política de los gobiernos provinciales a través de la coparticipación federal y otras transferencias sino darles la responsabilidad de manejar sus gastos con recursos propios. No debería mantener la educación secuestrada por los intereses de los burócratas provinciales y de los gremios docentes de la CTA sino hacerla competitiva y meritocrática.

Si emulamos a Brasil, seguiremos pareciéndonos cada vez más a ese país, creciendo de manera mediocre y concentrada, acumulando villas miserias en nuestros conurbanos, multiplicando el crimen y el narcotráfico y prolongando un círculo vicioso a través de la influencia del deterioro social sobre el populismo político. Pero la pregunta del millón es cómo cambiar un modelo intervencionista que desde 1945 ha creado tantas deformaciones culturales e intereses políticos y económicos coincidentes con su perpetuación.

MARIO TEIJEIRO (Presidente del Centro de Estudios Públicos)

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