Hizo lo que muchos se negaron a hacer: intentó poner freno al desprecio del matrimonio Kirchner por las instituciones de la Nación.

El conflicto de poderes está desatado, pero son pocas las posibilidades que tiene Redrado de sostenerse en su puesto. Para los operadores de la City porteña, las fichas ya están jugadas y su futuro, definido.

CFK necesitaba desplazarlo para contar con 6.500 millones de dólares de las reservas del Banco Central. Redrado siempre se opuso a esta medida ya que dar su conformidad a la misma era abrir la puerta al descontrol en el manejo de las reservas del Banco Central. Pero los tiempos apremian y este dinero es clave para el gobierno. Con él comenzaría a negociar el canje de deuda defaulteada y lograría de este modo que la Argentina ingresara al mercado voluntario de deuda.

Es decir, las reservas van a ser usadas, de una manera u otra, para compensar el fuerte déficit fiscal que oculta el gobierno nacional desde el 2008. Pero llegó el freno de la Justicia y se profundiza el conflicto de poderes.

Los Kirchner actuaron con Redrado de la misma manera en que lo hicieron con el destituido procurador general de Santa Cruz Eduardo Sosa, a quien el ex presidente Néstor Kirchner separó de su cargo hace unos 15 años. Sosa, en aquel entonces, impedía el "libre movimiento" del ex gobernador y éste actuó con total impunidad para separarlo del cargo. Quince años después, la Justicia le dio la razón a Sosa. Por eso recibió una importante indemnización y ahora pelea por volver a su puesto.

A la distancia se ve cómo lo hecho por Néstor Kirchner le permitió sacar del medio al procurador general para dar vía libre a "sus planes" en la provincia.

Lo que ocurrió 15 años después ya es historia para los K.

Ese procedimiento es el que aplicaron esta semana con el titular del Banco Central Martín Redrado: tenían que sacarlo de un puesto clave porque impedía la continuidad política del manejo discrecional de fondos por parte del Ejecutivo.

Como muestra la historia, actuaron sin tener en cuenta los medios ni las consecuencias institucionales que esta aberración jurídica acarrearía.

Puede ser que dentro de unos cuantos años la Justicia termine solicitando una millonaria indemnización para Martín Redrado. ¿Qué valor político, moral o institucional podría tener esta sanción? A los verdaderos ejecutores de este acto, los Kirchner, ¿qué responsabilidad les competerá?

Pero también puede ser que la Justicia actúe con celeridad y respalde al titular del Banco Central con la inmunidad que le corresponde por ley.

Siguiendo la secuencia de los acontecimientos históricos padecidos por el destituido procurador general de Santa Cruz, todo indica que la sociedad terminará por pagar el mal desempeño de los deberes de funcionario público de la presidenta y no existirá sanción política, económica ni moral para este impúdico accionar del matrimonio presidencial.

Debe quedar claro que la defensa que se hace en estas líneas no está destinada específicamente a Martín Redrado quien, en definitiva, fue cómplice del accionar del gobierno en los últimos cinco años al frente de la entidad financiera. Esta defensa está destinada al Banco Central como una de las principales instituciones del país. Los Kirchner vuelven a violentar la institucionalidad argentina sin entender que esto termina por afectar los cimientos de nuestra democracia.

(Redacción Central)