Uno de los principales problemas que deberán enfrentar las provincias durante este año es el profundo desequilibrio de sus cuentas públicas.

Los presupuestos están en rojo. El crecimiento del gasto no tiene techo y los ingresos no pueden reaccionar como para compensar la tasa de crecimiento de las erogaciones.

Para el 2010 se proyecta un déficit consolidado en las provincias superior a los 12.000 millones de pesos y necesidades financieras por cerca de 25.000 millones.

Ante este escenario, los gobernadores tienen tres alternativas para enfrentar el problema fiscal y corregir sus rojos presupuestarios:

? Poner un techo al crecimiento del gasto. Si bien esto es lo razonable cuando los ingresos merman y las cuentas no cierran, el país ya entró en la puja política con vistas al 2011 y difícilmente algún mandatario provincial -o por lo menos aquellos que tengan intenciones mantenerse en el poder- proyecte un ajuste de estas características para poner en caja el rojo de sus cuentas públicas.

? La segunda alternativa es negociar con la Nación una mayor transferencia de recursos para compensar los desvíos generados por el creciente aumento de los gastos corrientes. Esto se pudo hacer hasta fines del 2008; a partir de ese momento el gobierno nacional careció de respuesta para este tipo de auxilio ya que sus propias cuentas públicas enfrentaron problemas. Mientras el gobierno de los K tuvo superávit operativo mantuvo la potestad de enviar transferencias de fondos adicionales en forma totalmente discrecional a aquellos gobernadores alineados con el modelo. Hoy la Nación tiene déficit operativo y los fondos que antes llegaban a las provincias no están. Por lo tanto, es poco probable que lleguen transferencias -por lo menos de importancia- desde el poder central en los próximos meses.

? La tercera alternativa es endeudarse para aplicar esos fondos a gastos corrientes. Ésta fue una política muy utilizada en los 90 y llevó al quebranto de los estados del interior. Lamentablemente los gobernadores, sin voluntad política para ajustar y sin la ayuda de la Nación, se están volcando al masivo endeudamiento público con tal de no cortar la cadena de pagos a los proveedores y de cancelar en tiempo y forma los salarios de los empleados públicos.

El endeudamiento para sostener gastos corrientes permite sortear la coyuntura pero compromete el futuro fiscal de las provincias.

Casi sin salir a tomar deuda "nueva" desde el 2003, el consolidado de la deuda provincial del país continuó creciendo y prácticamente terminó triplicando el existente en el 2001, para llegar al cierre del 2009 a los 101.160 millones de pesos.

Así lo detalla un informe elaborado por la consultora E&R en el que se destaca que este espectacular aumento de la deuda de las provincias tiene origen, principalmente, en la pesificación del 2002 y la posterior indexación por CER (o la inflación).

No obstante, hay que destacar que el stock de deuda reduce su peso en términos del Producto Bruto Interno (PBI) nominal y respecto de los ingresos totales que perciben las provincias.

El canje de la deuda bancaria y de títulos públicos provinciales por Bogar 2018, junto con el rescate de las cuasimonedas y los PFO y PAF transformaron al Estado nacional en el principal acreedor de las provincias por 68.800 millones de pesos (68% del stock). Cabe señalar que en el 2001 los bancos y los tenedores de títulos públicos eran los principales acreedores de los estados provinciales.

Este proceso de concentración de la deuda en el gobierno nacional se vio acentuado por el bajo acceso de las provincias a los mercados financieros de deuda voluntaria después del default del 2001: sólo se registraron algunas colocaciones en los últimos años.

Río Negro y Neuquén, complicadas

Desde que asumió Jorge Sapag al frente del Ejecutivo neuquino la deuda pública de la provincia creció más de 500 millones de pesos, para totalizar al cierre del 2009 cerca de 3.500 millones. El stock de deuda pública (sin contar la deuda flotante se ubica en 2.700 millones de pesos) se multiplicó por cuatro del 2001 a la fecha.

Pero la administración neuquina tiene todavía capacidad para seguir tomando deuda. Sus indicadores presupuestarios así lo señalan y es por ello que Sapag apuesta de lleno a cubrir los gastos del período 2010-2011 endeudando a la provincia, siempre con vistas a su reelección.

La situación de Río Negro es más compleja. Presupuestariamente no tiene margen para salir a tomar deuda que permita compensar los gastos proyectados para el período 2010-2011.

El stock se multiplicó por tres desde el 2001 a la fecha. Pero lo más grave es que desde la reestructuración de los pasivos (2003), luego del default y tras la salida de la convertibilidad, hasta hoy el gobierno rionegrino canceló deuda por algo más de 1.400 millones de pesos entre capital y amortizaciones. En el mismo período, los pasivos consolidados crecieron 1.300 millones. Paradójico.

Javier Lojo

jlojo@rionegro.com.ar