El estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) asegura en su capítulo con las "conclusiones" que la presión tributaria argentina es superior a la de los países que presentan una estructura unitaria de gobierno como los casos de Uruguay y Chile, pero también a la de México y Brasil que poseen sistemas federales.

Los valores obtenidos para Argentina están más cercanos a los de países desarrollados, como el caso de EE. UU. y España, que al que presentan los demás países de la muestra, cuyos niveles de desarrollo económico son más cercanos al de nuestro país.

Esta situación se origina en parte por las elevadas alícuotas vigentes para los principales impuestos nacionales, pero también por la estructura de financiamiento de las provincias, basada preponderantemente en un impuesto a las transacciones que alcanza al comercio con alícuotas superiores a las del resto de las actividades.

Por su parte, en Argentina la carga tributaria que ejercen las provincias y los municipios no resulta un tema para nada menor, no sólo por la carga que se impone a las empresas y consumidores sino también por las distorsiones que introducen el tipo de tributos cobrados y la heterogeneidad con la que se aplican a lo largo de todo el territorio nacional.

Del análisis normativo realizado en el presente trabajo se desprende que hay una importante heterogeneidad en torno a la carga tributaria que existe entre municipios y provincias argentinas sobre el sector comercio no sólo en cuanto a la magnitud de la carga en sí sino también con respecto al modo de tributar a la actividad económica.

A estas disparidades se adiciona también otra fuente de heterogeneidad tributaria que se da entre grupos de actividades económicas, siendo entre todas el sector comercio el que es gravado más fuertemente.

Es esencial tener en cuenta que a nivel subnacional se trata de tributos que se aplican sobre el total de ingresos de las empresas, con lo cual los montos finales a pagar pueden adquirir dimensiones importantes.

Claramente, el desafío de la Argentina pasa por encontrar un nivel de alícuotas de todos los impuestos competitivo con el resto del mundo, cuestión que debe encararse en el marco de una reforma tributaria integral (nación, provincias y municipios) y de una nueva ley de coparticipación federal de impuestos. Las instituciones deben posibilitar una adecuada prestación de bienes públicos a un costo de financiamiento razonable y en línea con los estándares internacionales.