Se discute sobre el gasto público con enfoques ostensiblemente superficiales en los que todo parece reducirse a una cuestión de magnitudes monetarias y reales, con prescindencia de lo que el Estado hace y cómo", opinó el economista y docente universitario Marcelo Ramón Lascano.

En tal sentido, comentó que "un reducido nivel puede resultar tan contraproducente como una magnitud superior cuando prevalece el despilfarro y no apunta a satisfacer las demandas insatisfechas de una sociedad, sea de servicios de infraestructura económica o vinculados con prestaciones sociales indispensables para el desarrollo, bienestar y jerarquización internacional del país".

Y como para que no existieran dudas explicó que "poco gasto y por cierto reducidas recaudaciones a pesar de sus aparentes ventajas pueden terminar hipotecando el futuro. Mucho gasto y abundantes recaudaciones también, si el direccionamiento de las erogaciones no responde a un criterio estratégico dirigido firmemente a desarrollar y garantizar la autonomía al país".

Analizar el gasto por su utilidad

Por eso para Lascano "parece aconsejable examinar, entonces, el gasto desde el punto de vista de su utilidad, productividad y rendimiento económico y social".

"Fue tan grande el crecimiento del gasto público en los últimos años, que aun con los importantes aumentos de la recaudación que lo acompañaron no se pudo evitar que decreciera el ahorro fiscal", explicó Nadín Argañaraz, presidente del Instituto Argentino para el Análisis Fiscal (Iaraf).

Las mayores alzas se observaron en la coparticipación y las leyes especiales, seguridad social y transferencias al sector privado, ubicándose por último la inversión real directa (que es todo lo que el gobierno nacional destina a obras de infraestructura), gasto de personal y bienes de servicios.

Argañaraz sostuvo que para la recuperación del superávit fiscal primario el gasto público parece ser la variable por desacelerar ya que, por ahora, no resulta factible hablar de una "caída nominal".

"El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se vería obligado a ajustar gastos e ingresos y también, a plantearse si impulsará una nueva ley de coparticipación federal de impuestos, ya que nada permite prever una modificación del escenario internacional ni una suba significativa de los precios de los productos exportables", observó el economista Enrique Szewach.

Recordó que la derrota del PEN en el Congreso por el conflicto agropecuario de casi cien días como consecuencia de la aplicación de la resolución 125/08 que modificó el régimen de retenciones obligó a utilizar otros recursos, en particular los que fueron a parar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por la estatización los fondos manejados por las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP).

Como eso no alcanzó, desde principios de año se redujeron los subsidios y aumentaron las tarifas de electricidad y gas. Aparte, el adelantamiento de las elecciones no impidió que el gobierno nacional siguiera acumulando deudas con exportadores y proveedores.

Ajustar en obra pública

Argañaraz consideró que "no hay mucho margen para bajar el gasto", por lo que planteó que "el único ajuste puede llegar por el lado de la obra pública". Para cualquier gobierno representa "la variable de ajuste más aconsejable, pero esta opción choca con las políticas de la actual presidenta, que en diciembre último anunció un ´monumental plan´ de escuelas, viviendas, hospitales y obras de infraestructura básica como rutas y construcciones eléctricas".

En la Argentina, el gasto público primario (sin contabilizar el pago de los intereses de la deuda) aumentó el 271% desde el 2004 hasta el 2008 y ascendería a 80.000 millones de dólares anuales, una cifra que debería recortarse para evitar el déficit fiscal. Pese a que las recaudaciones tributarias fueron buenas, desde el 2004 el alto gasto fue deteriorando el ahorro fiscal.

Como calculó que el gasto público estuvo creciendo al 30% anual y la recaudación al 15%, Juan Manuel Garzón, del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, concluyó que las opciones disponibles son: "un aumento del tipo de cambio, con un objetivo final netamente fiscal, y recortar los subsidios a los servicios (lo que implicaría subas en los precios de energía, transporte y combustibles, por ejemplo) y las obras públicas".

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) puntualizó hace unos meses "la desesperación del gobierno nacional por conseguir más fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial" y cómo se financia a través de la Anses, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y proveedores o colocando bonos en las cajas provinciales de jubilación.

Medidas contraproducentes

La manipulación de las estadísticas oficiales y la falta de acceso al financiamiento voluntario del sector privado impidieron al país acceder a las nuevas líneas del Fondo Monetario Internacional (FMI), subrayó FIEL. Incluso consignó que "el potencial de crecimiento del país sufre los costos de la presión tributaria más alta de su historia, una mezcla impositiva de bajísima calidad, y no recibe los beneficios de un gasto público eficiente".

Lascano recomendó convocar a "un debate, con el objetivo de valorizar el papel del Estado a partir de una auténtica redefinición de sus funciones, prescindiendo en la medida de lo posible de los sesgos ideológicos que desvían la atención de los enfoques estratégicos y técnicos que son los que garantizan la recta asignación de los recursos públicos cuya función es inseparable del desarrollo y bienestar de la sociedad política".

"DESOYENDO LAS POLITICAS DE AJUSTE RECOMENDADAS"

"La conjunción de más gasto público con una política fiscal prudente, una estructura tributaria más progresiva y una estrategia de desendeudamiento del sector público permitió recuperar la autonomía política necesaria para impulsar la generación del empleo y la equidad distributiva", publicitaron Rafael A. Selva y Alfredo Iñíguez en un documento de la Secretaría de Política Económica al que accedió este diario.

Ambos expresaron su convencimiento de que "la expansión del gasto público fue determinante para recomponer la tasa de crecimiento de las ventas, la producción y el empleo en nuestro país" y que desde el 2003 se implementaron políticas para que "pudiera expandirse sensiblemente en las áreas más prioritarias (gasto social, inversión pública, principalmente viviendas, y servicios económicos, para controlar la inflación) sin generar déficit fiscal ni debilitar la estrategia de desendeudamiento".

Gracias al GPC

Como no podía ser de otra manera, recordaron que "la economía argentina pudo crecer durante seis años consecutivos a tasas interanuales promedio cercanas al 8,5% gracias al aporte del gasto público consolidado (GPC) en materia de demanda agregada y distribución del ingreso, con tasas interanuales promedio (para el mismo período) de crecimiento superiores al 14% en términos reales".

En la actualidad, "el gasto consolidado del sector público argentino es un 6,3% superior al de los últimos años de crecimiento de los noventa (1996-98) y más del 96% de ese aumento se destina a las funciones sociales (especialmente educación, salud y promoción y previsión social) y a los servicios económicos", señalaron Selva e Iñíguez.

Advirtieron, asimismo, que "se desplazaron recursos que en otra época se destinaban a pagar deuda pública a incrementar de manera sustentable el gasto público social y la inversión en infraestructura, desoyendo las políticas de ajuste recomendadas por el Fondo Monetario Internacional".

Miguel Ángel Fuks

miguelangelfuks@yahoo.com.ar