Las estadísticas oficiales muestran que las transferencias de la Nación hacia las provincias por coparticipación federal alcanzaron en mayo los 7.195 millones de pesos. La cifra refleja un crecimiento del 8,6% respecto de los ingresos consolidados en el mismo mes del año anterior.

En términos reales -tomando como indicador la inflación- estas transferencias registraron una caída del orden del 3% si se computan los datos de evolución de precios del INDEC y de más del 5% si se tienen en cuenta los indicadores de precios tomados del sector privado. A su vez, el valor de estos fondos se encuentra un 9% por debajo de lo presupuestado por el gobierno nacional para el mes pasado.

En el análisis de los montos transferidos a las provincias en los primeros cinco meses del año las estadísticas muestran que totalizaron 28.360 millones de pesos, cifra un 9% inferior a lo previsto por el gobierno nacional.

En este sentido cabe destacar que en el período 2003-2008 el promedio de crecimiento mensual de coparticipación se ubicó en el 34%. Ese indicador se desplomó por debajo del 9% durante este año, toda una señal de la desaceleración que sufre la economía a nivel general.

Los gobernadores son conscientes de que lo que viene en materia de transferencias no es lo mejor.

La Nación se encuentra con un faltante de caja de unos 15.000 millones de pesos para la segunda parte del año y una economía en retroceso. Juntar ese dinero será una gesta ardua y compleja. Dejará heridos en el camino y muchas serán las administraciones provinciales que temerán recortes sobre las transferencias discrecionales que hoy están llegando para sostener los desequilibrios primarios de sus presupuestos.

Por otra parte, la inercia del gasto que se observa en las cuentas provinciales elevará el déficit consolidado por encima de los 11.000 millones de pesos. Revertir este escenario en el 2010 implica proyectar un crecimiento en la economía argentina superior al 12% para el año que viene, algo imposible de pensar.

Salvo circunstancias extraordinarias, la crisis presupuestaria de las provincias es un hecho.

La necesidad de instrumentar modificaciones en la distribución de los ingresos que llegan a la Nación puede ser el inicio de un cambio de tendencia en lo que a cantidad de recursos para las provincias se refiere.

Hoy el Estado central incumple varios artículos de la Constitución nacional en lo referente a transferencias de fondos coparticipables; uno de ellos es la garantía del 34% de los ingresos totales de Nación que debe orientar a las provincias.

Sólo por este ítem los gobiernos del interior dejaron de percibir, desde la salida de la convertibilidad, algo más de 18.000 millones de pesos. Esta cifra significa para Neuquén la resignación de cerca de 400 millones de pesos y para Río Negro, de algo más de 310 millones.

En momentos de escasez de fondos, esta cifra significa mucho para las arcas provinciales.

29-J, el día después

Varios son los gobernadores que apuestan por un cambio luego de las elecciones legislativas del próximo 28 de junio en la perversa relación que existe entre el gobierno nacional y las provincias. Como una tradición insertada dentro del falso federalismo, los mandatarios del interior del país hoy hacen cola para entrevistarse con la presidenta Kirchner en procura de fondos para sus provincias que, en definitiva, son recursos que constitucionalmente les corresponden.

Desde el gobierno nacional se ejerce el poder sobre los gobernadores de manera humillante. Los mandatarios terminan siendo meros gerentes de provincias que administran los recursos que envía la Nación en forma, muchas veces, totalmente discrecional.

Pero el escenario político a partir del 29-J puede cambiar.

Está la expectativa de un Congreso más participativo y, sin mayoría, el gobierno nacional no podrá ejercer el poder como lo ha venido haciendo hasta ahora.

El rol de los gobernadores será de suma importancia en esta nueva etapa de la República en busca de un federalismo distinto. (R. C.)