on la estatización del sistema previsional, la asignación del 15% de la masa coparticipable a favor de la Anses carece de legitimidad, ya que originalmente fue establecida con la finalidad específica de financiar la transición que imponía la creación del régimen de capitalización. Al eliminarse el régimen de capitalización, corresponde devolver esos recursos a las provincias.

Así lo confirma un reciente informe elaborado por Idesa en el que se destaca que el problema es que, si se pusiera fin a esta apropiación indebida de recursos fiscales provinciales, el sector público nacional entraría en déficit. Se trata de otra evidencia de que el superávit de "caja" que muestra el sector público nacional no implica solvencia fiscal.

El resultado financiero del gobierno nacional se conforma por la suma de los resultados financieros del Tesoro nacional, de los fondos fiduciarios y organismos fuera del presupuesto (como PAMI y AFIP) y de la seguridad social. El resultado de la seguridad social surge de la diferencia entre ingresos y egresos de la Anses. Como en la contabilidad del sector público no se registra el derecho que adquieren los aportantes a recibir en el futuro una jubilación, el superávit de "caja" de la Anses representa una deuda no registrada.

Asimismo, aproximadamente la mitad de los ingresos de la seguridad social proviene de impuestos coparticipables. Dentro de estas asignaciones, la más importante es el 15% de la coparticipación que se deriva a sostener el financiamiento de la Anses. ¿Qué implicancias tiene que los legisladores hayan omitido devolver estos recursos a las provincias cuando estatizaron el sistema previsional? Que el sector público nacional habría tenido superávit en el 2008, pero muy pequeño, y en el primer trimestre del 2009 habría registrado déficit. Esto confirma, remarca Idesa, que en los últimos años no hubo un cambio fundacional en materia de administración fiscal. Si se miden correctamente las cuentas públicas y se desagregan las fuentes de financiamiento que no son sostenibles en el tiempo (como las retenciones, diferir la devolución de impuestos y derogar el régimen de capitalización sin devolver el 15% de la coparticipación), surge con claridad que el Estado argentino no ha dejado de ser insolvente.