Además de la reestatización de empresas que fueron privatizadas o concesionadas y en las que el gobierno nacional colocó a gente de su confianza para conducirlas, al suprimirse el régimen previsional de capitalización por decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fueron incorporándose directores estatales en las compañías privadas después de que el 20 de noviembre del año pasado la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) "heredó" las acciones de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

Mientras el Poder Legislativo trataba dicha propuesta, el juez federal de Nueva York, Thomas Griesa, dispuso el congelamiento de los fondos por 533 millones de dólares que las AFJP tenían en los Estados Unidos, accediendo a un pedido de tenedores de bonos de la Argentina. Éstos sostenían que, como mínimo, cinco administradoras tenían fondos radicados en dicha ciudad norteamericana y que los activos embargados "no son del Estado nacional sino que son de las AFJP".

Más allá de las interpretaciones, pudo saberse que, desde el 13 y hasta el 23 de abril, la Anses desplegó una compleja ingeniería financiera para sortear las barreras impuestas por Griesa. Pudo repatriar así 760 millones de pesos, o sea parte de lo que las AFJP invirtieron en el exterior, en Certificados de Depósito Argentinos (Cedear).

La Anses comunicó a diversas sociedades su decisión de votar acumulativamente en las asambleas generales ordinarias, en los términos del artículo 263 de la ley 19.550, pese a que Amado Boudou, su titular, había asegurado en pleno debate parlamentario que no existían intenciones de intervenir en ellas. Las instrucciones dadas a las Anses, que recibió de las AFJP acciones de 221 empresas, eran participar en los directorios de alrededor de 40, locales y extranjeras. A su vez, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), conducido por Sergio Chodos, asumió precisamente la tarea de nombrar los directores.

Posteriormente, Boudou aludió al ejercicio del derecho de voto, pero limitado al 5% por el artículo 76, inciso f, de la ley 24.241, que a su vez remitió al artículo 8 de la ley 26.245, que entró en vigencia el 9 de diciembre del 2008 y creó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), eliminando el régimen de capitalización y reglamentando el decreto 2.099/08. Otras disposiciones figuraron en el decreto 2.103/08, que modificó el 897/07 relacionado con el FGS del SIPA y el decreto 2.104/08.

Semejante irrupción estatal preocupó a las empresas, incluso por la perspectiva de que el Estado accediera a informaciones sobre las evoluciones de sus negocios y situaciones financieras. Desde el gobierno aseguraron que "no nos pensamos quedar con las empresas, ni integrar el directorio de ninguna", cuando se mencionaban alternativas de transferencias que iban desde ofrecer opciones de recompra hasta fijar por ley la imposibilidad de que el Estado participara en los directorios si las empresas no adquirieran sus propias acciones.

Héctor Méndez, nuevamente presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), sostuvo que "nadie puede negarle el derecho a un accionista a designar un miembro en el directorio, porque es un derecho legal. Ahora, ¿cuál es la medida del avance del sector público sobre el privado? La UIA representa a los privados y velará por sus intereses".

No sorprendió entonces que, con la excusa de darle la bienvenida a Méndez, volviera a reunirse el Grupo de los 7 después de casi dos años de no hacerlo. Los representantes de la Asociación de Bancos de Capital Privado (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), las cámaras de la Construcción y de Comercio, la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la citada central fabril debatieron diversos temas, el 22 de abril pasado, e incluso no disimularon la preocupación provocada por el avance estatal en las empresas.

En las que más invirtieron las AFJP fueron: Consultatio (fondo de inversión de Eduardo Constantini), el 26,6%; Edenor, 25,3%; San Miguel, 24,9%; Gas Natural Ban, 24,4%, y Distribuidora de Gas Cuyana, 24%.

El Estado, además, pasó a tener parte de los capitales de los bancos Macro, Grupo Financiero Galicia, Patagonia y BBVA-Francés y capturó menos del 24% en Siderar, Telecom y Emdersa.

Boudou insistió en que no existía intención de participar de las decisiones empresarias y que se mantendría "el valor de las acciones" y trabajaría "muy profesionalmente".

Advirtió que "de ninguna manera pensamos quedarnos con empresas, ni siquiera evaluamos lo de los directorios". Y como la Anses no puede tener más del 10% del total del capital de una empresa, sostuvo que "vamos a ir acercándonos a ese objetivo (...), en el tiempo y muy lentamente". Asimismo declaró que se había adoptado la decisión para que no hubiera "más inversiones en el exterior", como ostentaban las AFJP al eliminarse el régimen de capitalización. De repente se "descubrió" que "no puede ser que los empresarios nacionales peregrinen y obtengan créditos a tasas muy altas y que un 10% del sistema esté invertido en el exterior -cerca de 9.000 millones de pesos-; rápidamente lo vamos a revertir".

"Nosotros no queremos la plata del fondo para hacerla líquida y salir a gastarla", agregó. "Queremos hacer inversiones para fomentar el mercado de capitales y la economía real, cosas que tenían que hacer las AFJP y no lo hicieron".

Las colocaciones de las AFJP entre acciones y fondos comunes representaban más de la cuarta parte de sus carteras. Al 15 de octubre pasado del 2009 ascendían a 86.225 millones de pesos, de los cuales casi 4.900 millones estaban invertidos en acciones extranjeras (como el Bank of America, Hewlett-Packard y Johnson & Johnson).

El manejo de los fondos fue criticado por la presidenta de la Nación, persuadida de que "estuvieron timbeando", cuando tendrían que haber dado "certezas y seguridades". Y agregó: "El sistema de reparto es un seguro social y el de capitalización es un mercado de capitales. Ése es un error, porque el sistema está para pagar las prestaciones y no para solucionar los problemas de la Bolsa"...

Como suele suceder con demasiadas decisiones oficiales, hubo "errores de comunicación" para transmitir las medidas y nadie se animó a suponer en público que el Estado podría decidir la venta de los activos en su poder para afrontar obligaciones financieras del 2009, lo cual bajaría aún más las cotizaciones de las empresas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Primero, la Anses nombró directores en concesionarias de servicios públicos que, como tales, dependen de la regulación estatal: Gas Natural Ban, Transportadora Gas del Sur (TGS), Emdersa, Transener y Endesa Costanera, Edenor y Metrogas. Después las designaciones recayeron en otras empresas. A diferencia de las que los aceptaron sin reparos, Techint, el principal grupo económico de la Argentina, intentó limitar la intervención en su controlada Siderar, donde la Anses poseía el 23,5% del "paquete" accionario (aparte tiene el 2,9% en Tenaris). Finalmente, se consiguió un forzado entendimiento para que el nombramiento recayera en Aldo Ferrer, ex ministro de Obras y Servicios Públicos y de Economía y Trabajo. Quienes también trataron de frenar el ingreso de directores estatales no tuvieron otra alternativa que aceptarlos.

Las AFJP, durante sus 14 años de existencia, impulsaron en forma limitada el mercado de capitales. Sus fondos tampoco influyeron demasiado sobre los proyectos de inversión.

Recientemente, el PEN publicitó que surgía "una excelente oportunidad para armar un mercado de capitales serio donde las empresas puedan acceder a financiamiento".

Mientras tanto, la Anses aportó recursos para que el Tesoro registrara un superávit, suscribió letras y títulos del gobierno a tasas que nadie aceptaría y colocó pesos en los bancos al 11% anual -cuando las AFJP los tenían al 22%- para financiar planes oficiales, como por ejemplo, las ventas de heladeras y autos cero kilómetro.

Los activos de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones debían invertirse con criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, respetando los límites fijados por la ley 24.241 del sistema previsional integrado y las normas reglamentarias. Cada AFJP podía optar por diversas alternativas, incluyendo hasta el 50% en acciones de sociedades anónimas cuyas ofertas públicas estuvieran autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Esta operatoria en acciones incluía los futuros y opciones sobre los títulos valores, con determinadas limitaciones.

Pero los activos no podían destinarse a acciones de AFJP, compañías de seguros, sociedades gerentes de fondos de inversión, comunes o directos, de carácter fiduciario y singular; calificadoras de riesgo, títulos valores emitidos por las controladas o vinculadas de la respectiva AFJP, y acciones preferidas y de voto múltiple.

En ningún caso las administradoras podían realizar operaciones de caución bursátil o extrabursátil con los títulos valores que conformaban los activos del fondo de jubilaciones y pensiones, ni operaciones financieras que requirieran la constitución de prendas o gravámenes también sobre tales fondos.

La responsable de controlar las inversiones de las AFJP era la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones. Además, correspondía -juntamente con esta última, la Comisión Nacional de Valores y el Banco Central de la República Argentina- la fijación de límites máximos para diferentes inversiones, siempre que resultaran inferiores a los porcentajes establecidos por la ley 24.241.

Por las dudas, se advirtió que inversiones autorizadas en obras públicas, viviendas nuevas y préstamos personales podían elevar el riesgo del conjunto de los activos que conformaran la cartera del fondo, ya que existían limitados resguardos respecto del riesgo de insolvencia del deudor.