El riesgo país exterioriza lo que implica la inversión en instrumentos de la deuda externa emitidos por los gobiernos de los países "emergentes", fundamentalmente la posibilidad de que no se paguen sus obligaciones (capital e intereses). Cuanto mayor es la perspectiva de incobrabilidad, mayor es la tasa de interés que pretende el prestamista. Por eso la tasa, además de ser la retribución por el uso de un capital ajeno, incorpora una "prima de riesgo", conociéndose aquélla para los futuros pagos como "tasa interna de retorno" (TIR).

El principal indicador de riesgo surge de la diferencia de tasas que pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por naciones subdesarrolladas, y los "Treasury bills" de los Estados Unidos, que llegaron a considerarse "libres" de riesgo. Esa diferencia (también denominada "spread" o "swap") representa la probabilidad de que el gobierno emisor de la deuda no cumpla con sus obligaciones o demore los pagos. Obviamente, los bonos más riesgosos pagan un interés más elevado. Las calificadoras se basan en determinados factores políticos, sociales y económicos para establecer el nivel de crédito de un país.

Por lo general, no se expresa el riesgo país como un porcentaje sino en "puntos básicos" o "basic points", que surgen de multiplicar el porcentaje por 100. El índice más conocido es el "Embip", técnicamente el EMBIPlus (EMBI+), que calcula el J. P. Morgan tomando como valor presente de los instrumentos -para obtener antes cada TIR- las cotizaciones que se suceden durante la jornada de operaciones.

Los países de América Latina suelen pagar costos más altos porque sus niveles de riesgo no son suficientemente bajos como para que los costos del dinero que requieren se aproximen a los parámetros de los de Estados Unidos o de naciones de Europa. Esto es válido, también, para las empresas, aseguradoras, fondos de retiro, fondos comunes de inversión (FCI) y hasta no hace mucho tiempo aquí, las Administradoras de Fondos de Pensiones y Jubilaciones (AFJP).

Suelen mencionarse tres fuentes de incumplimiento de los compromisos de pago:

* Riesgo soberano, que es el de los acreedores de títulos de estatales. Refleja la probabilidad de que una entidad soberana no cumpla con sus obligaciones por motivos económicos y financieros.

* Riesgo de transferencia, vinculado con la imposibilidad de pagar el capital, los intereses y los dividendos por la escasez de divisas del país en un momento determinado.

* Riesgo genérico, relacionado con el éxito o el fracaso empresario por conflictos especiales, devaluaciones o recesión del país.

El riesgo país de Argentina abandonó su mínimo histórico (490 puntos básicos) el 11 de marzo de 2008, cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decretó por la resolución 125 la suba de retenciones para productos del agro que desencadenó el conflicto con los productores. Desde entonces se multiplicó varias veces y resultó sólo menor a los de Ucrania y Ecuador y superior a los de México, Brasil, Perú y Uruguay, por ejemplo.

A medida que los gobiernos y bancos centrales del mundo encararon programas para terminar con las restricciones crediticias, consiguieron por lo general que sus respectivos riesgos disminuyeran. Según el J. P. Morgan, desde el primer día del 2009 prácticamente todas las naciones -incluso el defaulteado Ecuador y exceptuando la Argentina- experimentaron una caída de hasta el 40% en el indicador que mide el diferencial de tasas entre los bonos locales y los de los Estados Unidos.

La excepción local respondió a cuestiones institucionales internas y al desenvolvimiento de las cuentas fiscales. Por el adelanto de las elecciones y la prolongación del conflicto con el campo, varios analistas coincidieron en que la volatilidad política presionaría contra el peso.

Esto hizo recordar que luego del colapso de 1929, Gustav Osterhus, de la Reserva Federal de Nueva York, propuso un sistema para evaluar la cartera de un banco. Pensó que los reguladores necesitaban expresar la "seguridad" de una cartera. Desde entonces los inversionistas institucionales comenzaron a depender de las calificaciones para los contratos.

Los desempeños de las agencias comenzaron a cuestionarse el año pasado, cuando las principales, o sea Standard & Poor´s, Moody´s y Fitch, le pusieron una mala nota a Europa en su conjunto (hasta vaticinaron estallidos económicos y sociales que agravarían la situación a niveles insospechados) y recomendaron los activos estructurados, conocidos como "hipotecas subprime". Eso provocó que 27 países del Viejo Continente definieran reglas y controles para aplicar a quienes consideraron "desestabilizadoras". Incluso las calificadoras podrían ser sancionadas si emitieran informes irreales. La Unión Europea (UE) acordó, a su vez, limitarles los márgenes de maniobra y seis bancos centrales de la región las acusaron de desestabilizadoras, exigiendo que se inscribieran en un registro para que sus actividades fueran supervisadas.

La SEC (Securities Exchange Commission), el ente regulador de la Bolsa norteamericana, comprobó que las herramientas utilizadas por los analistas de tales agencias no captaban ni siquiera la mitad de las características de los activos que verificaban. Por eso nadie pareció sorprenderse demasiado cuando la SEC denunció a las citadas tres principales en diciembre pasado, argumentando que no se limitaron a presentar como atractivos los instrumentos financieros estructurados con las hipotecas de alto riesgo, sino que hasta calificaron a Lehman favorablemente un mes antes de anunciarse su quiebra.

Después, el Grupo de los 20 (G 20) adoptó recomendaciones para poner fin al conflicto de intereses entre las agencias y los emisores.

Expertos norteamericanos consideraron que bajar la categoría de una deuda "puede ser como disparar una bala directo al corazón de una empresa". Hasta señalaron que las calificadoras "obtenían una fortuna de las corporaciones para evaluar sus bonos y naturalmente no quieren morder la mano que los alimenta". Tampoco querían -ni quieren- admitir un error o enfrentarse a inversionistas a los que tendrán luego que justificar precisamente una baja de categoría.

Eduardo Hecker, presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), se refirió el 6 de noviembre pasado a las calificadoras de riesgo como otro eslabón de la crisis "subprime" que necesitaría revisarse y llamó a la reflexión sobre la responsabilidad de las mismas.

Sostuvo que las calificadoras enfrentan un "conflicto de intereses", ya que "quien paga y es calificado tiene un fuerte incentivo en condicionar esta situación para que la nota que reciba no sea la peor, o sea la adecuada para que la emisión que quiera realizar en los mercados financieros tenga los atributos necesarios para que sea exitosa". Por ese motivo, "si hay un conflicto de intereses, tiene que haber evaluación independiente".

La CNV impulsa crear una entidad evaluadora de las calificadoras de riesgo, tan cuestionadas por fracasar para prevenir la crisis global. La idea es "tener un testigo que, al no tener conflicto de intereses, podría servir para evaluar qué están haciendo las calificadoras y para que sepan que si son controladas van a tener que ser más objetivas con sus calificaciones".

"Es un área donde los estados tienen que intervenir generando algún control", afirmó Hecker, convencido sobre la necesidad de crear "alguna suerte de evaluadora, calificadora testigo, a través de instituciones públicas, como serían las universidades, para que sirva para controlar qué están haciendo las calificadoras".

Varias veces la presidenta Cristina criticó que se repitan "como si fueran verdades reveladas" opiniones que esconden "intereses económicos" y apuntó contra las calificadoras internacionales. Carlos Fernández, ministro de Economía y Finanzas Públicas, durante la jornada previa a la reunión de jefes de Estado del Grupo de los 20 (G 20), subrayó en Londres (Inglaterra), el 13 de marzo pasado, la importancia de supervisar la función de las calificadoras y recordó que la Argentina señaló en numerosas ocasiones la necesidad de una aplicación efectiva de las buenas prácticas y regulaciones en tales agencias. Ratificó la necesidad de modificar el sistema vigente para solucionar:

* El financiamiento inapropiado, que incentiva comportamientos colusivos entre calificadoras y emisores.

* La falta de transparencia, tanto de los métodos de calificación como en la calificación de activos individuales en productos estructurados.

Doce días después, Ana María Edwin, la cuestionadísima directora del INDEC, aseguró que "hay calificadoras que siguen caracterizando al país como si nada hubiera pasado". "Hay una intencionalidad de carácter político (en las calificaciones) que trasciende el ámbito de lo estadístico".