El comercio bilateral fue analizado por funcionarios argentinos y brasileños en Brasil el mes pasado, luego de que la Dirección General de Aduanas (DGA) local aumentara los valores criterios para 800 productos importados con la finalidad de combatir la evasión fiscal y la subfacturación. Si bien tales medidas fueron consideradas "legales y legítimas" por Eduardo Sigal, subsecretario de Integración Económica de la Cancillería, teniendo en cuenta las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), también provocaron que la Federación de Industriales del Estado de San Pablo (FIESP) reclamara a su gobierno represalias contra la Argentina.

Aquí, la Fundación Pro Tejer rechazó semejante exigencia y recordó que la industria textil nacional contribuyó al desarrollo fabril del país vecino con un superávit de 1.690 millones de dólares en el último quinquenio. Advirtió además que serían irreversibles los perjuicios a la actividad y los puestos laborales, por lo que justificó la adopción de controles. En el 2008 la Argentina exportó textiles a Brasil por 203,7 millones de dólares y los importó por 569,9 millones.

Durante la reunión en Brasil hubo quienes evocaron que la Argentina tuvo 70 meses de déficit en su balanza comercial bilateral, aunque Brasil interpretó que se originaron últimamente como consecuencia de la crisis mundial. Jorge Taiana, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, señaló el 17 de febrero que no se modificarían las restricciones, cuando Débora Giorgi, titular de la cartera de Producción, ya se había comprometido con anterioridad a intensificar los controles y a no impulsar una devaluación del peso frente al dólar a un ritmo mayor que el aplicado hasta diciembre del 2008. Incluso dijo que se acortarían los plazos para resolver las denuncias de dumping (ventas por debajo de los costos vigentes en las naciones de origen) y ampliarían las licencias no automáticas para administrar el comportamiento de las importaciones.

No faltaron sugerencias para que se aprobaran políticas similares a las de Brasil, Estados Unidos y ciertas naciones europeas, que impusieron cupos por el crecimiento de las importaciones de China (domina más de la mitad de la industria mundial y su Consejo de Estado prometió ayuda para renovar tecnologías y desarrollar marcas nacionales).

La desaceleración del uso de textiles en el mundo recortó en un 28,6% las exportaciones de lana argentina entre julio del 2008 y enero de este año respecto del mismo semestre precedente, cuyos principales destinos fueron Alemania, China e Italia. Las provincias patagónicas resultaron las más afectadas por concentrar el 66% de la producción ovina.

Ante ese panorama, Carlos Cheppi, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), flexibilizó mecanismos de la Ley Ovina, por la que se dan créditos a los productores, y prorrogó por un año los vencimientos de las deudas de los afectados por la sequía. El mercado se reparte entre una decena de grandes firmas, que redujeron las jornadas laborales y adelantaron las vacaciones del personal, de acuerdo con lo informado por el Proyecto Prolana de la SAGPyA.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) sostuvo que la industria textil cayó en enero pasado un 10,3% respecto del mismo mes del 2008. Idénticas comparaciones dentro de dicho bloque revelaron que los hilados de algodón exhibieron -11,2%, las fibras sintéticas y artificiales, -8,6%, y los tejidos, -10,1%. Las bajas se acentuaron en el primer mes del año frente a diciembre último para los mismos productos: -16,8%, -42,7% y -21,4%, por lo que la utilización de la capacidad instalada en toda la industria textil en el primer mes del 2009 apenas superó el 60%.

En los mejores momentos de la actividad hubo más de 400.000 empleos directos y 700.000 en total, con una mayor participación de los salarios en los costos, por lo que recientemente por las subas otorgadas bajaron los márgenes de ganancias de las empresas. Por eso Pro Tejer sostuvo que para reflejar el incremento de las remuneraciones "sólo en el último año" la cotización del dólar "no debería ser inferior a 4 pesos". Muchos establecimientos pasaron de trabajar tres turnos a dos, utilizaron menos capacidad instalada, del 80 al 65%, y a principios de octubre último comenzaron con las suspensiones.

En octubre del 2008 se comenzó a hablar del peor año de la posconvertibilidad de la industria textil -consultoras privadas informaron que superaron a los oficiales-, atribuido principalmente al crecimiento de las importaciones, el retraso del tipo de cambio, la baja de la demanda, que se acentuó en oportunidad del conflicto agropecuario; el alza de las remuneraciones y el menor nivel de productividad.

Para el INDEC, las importaciones de la agroindustria textil y de la indumentaria treparon el 33,3% en los primeros nueve meses del 2008 en comparación con idéntico lapso del 2007, tasa que casi duplicó el ritmo de evolución de los mismos períodos en el bienio precedente. Tales operaciones habrían superado en todo el 2008 los 1.650 millones, o sea, casi el 50% del "pico" alcanzado durante la convertibilidad, en 1998, que fue de 1.112 millones.

En tanto, las de origen chino (26% del total) se quintuplicaron en los dos últimos años. Las compras en el exterior afectaron más a los tejidos planos, la confección de indumentaria y blancos para el hogar, y menos a los productos de las tejedurías de punto, hilanderías y tintorerías.

Por eso aquí surgieron sugerencias privadas para que se adoptaran políticas similares a las de Brasil, Europa y Estados Unidos, que fijaron cupos a sus adquisiciones en China. Diferentes funcionarios hablaron de desalentar el ingreso de productos subfacturados y triangulados y contra las falsificaciones. Estos temas fueron abordados por Guillermo Moreno y Fernando Fraguío, secretarios de Comercio Interior y de Industria respectivamente, cuando se reunieron con empresarios textiles en noviembre pasado.

La historia más o menos cercana demuestra que la actividad textil fue una de las que más preocuparon a los dos gobiernos kirchneristas. Cuando Martín Lousteau era ministro de Economía y Producción, acordó trabajar en conjunto con los empresarios, el 14 de febrero del año pasado, para impedir que las importaciones asiáticas, principalmente de China, perjudicaran la industria local. En ese momento surgieron coincidencias sobre la necesidad de luchar contra el empleo "en negro" y agilizar el acceso al crédito.

No faltaron opiniones empresarias favorables sobre la política oficial y el reconocimiento a su influencia en el 120% del crecimiento del 2002 al 2008.

Las inversiones de la cadena de valor desde la devaluación y hasta lo proyectado en el 2008, sólo en concepto de bienes de capital y sin financiamiento externo, se aproximó a los 4.000 millones de pesos. No obstante, por lo ocurrido el año pasado no se alcanzó la meta comprometida ante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ya que tales inversiones habrían sido el año pasado de 700 millones para la adquisición de tales bienes, la ampliación de la capacidad instalada y las capacitaciones empresarial y laboral, con la intención de modernizar la producción y ganar economías de escala y eficiencia productiva.

Los ministerios de Economía y de Producción prorrogaron el 12 de enero pasado y hasta el 31 de diciembre de 2010, por la resolución conjunta 39/2008, los beneficios del derecho de importación del cero por ciento para la maquinaria textil. Simultáneamente, la Secretaría de Industria comenzó a investigar maniobras de dumping con mercaderías de Brasil y China, tras la denuncia de Soltex (fábrica de hilados, cortinados y tapicería).

La indumentaria afectada, pero no tanto

Aunque la situación de la industria de la indumentaria no fue tan complicada como la de la textil, la crisis internacional repercutió con suspensiones de personal y recortes de horas extras y obligó a aplicar licencias no automáticas, ya que la incertidumbre obligó a reducir la producción y muchos empresarios prefirieron no acumularla para mantenerse líquidos.

Diferentes funcionarios reconocieron la necesidad de desalentar los arribos subfacturados y triangulados -principalmente de Asia- y contrarrestar las falsificaciones, como lo estableció la ley 22.362.

Según la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), el 50% de la que se comercializa en el país proviene de las actividades informales, de talleres clandestinos que harían más de 100 millones de prendas "truchas" por año, lo que provocaría pérdidas al fisco por más de 500 millones de pesos a raíz de las evasiones de aportes previsionales y de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y a las Ganancias.

Periódicamente se siguen descubriendo esos sitios donde demasiados inmigrantes indocumentados de países limítrofes trabajan en condiciones lamentables, casi privados de su libertad. La red se cierra con ferias que venden esas prendas, ubicadas principalmente en Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

Noemí Rial, secretaria de Trabajo de la Nación, sostuvo que grandes firmas conocen a quienes les compran y deberían pagarles valores más altos por sus producciones y exigirles que tengan a sus empleados en blanco y les abonen las remuneraciones que corresponden. Hace un año se calculó que casi el 80% de los empleados de la industria de la indumentaria no estaba registrado y se planteó inclusive la necesidad de modificar la ley de trabajo a domicilio, sancionada en las postrimerías del siglo pasado, que impide al dueño de un taller constituir una micro, pequeña o mediana empresa porque dicha norma establece que es dependiente del dador del trabajo.

Miguel Ángel Fuks

miguelangelfuks@yahoo.com.ar