Reforzar con 200 pesos el ingreso de quienes cobran el salario mínimo aparece como un intento de mitigar el sesgo regresivo de la mayoría de las medidas anunciadas hasta ahora, como el crédito bajo condiciones preferenciales, la reducción de impuestos y el perdón a los evasores, disparó en un reciente informe sectorial el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
Lamentablemente, en un mercado laboral con muy alta incidencia de la informalidad la medida no va poder cumplir con el objetivo. Nuevamente se pone en evidencia que para enfrentar la crisis con efectividad es imprescindible abordar reformas estructurales largamente demoradas, señaló el informe.
Tan importante como mitigar los efectos de la reversión del ciclo es evitar que los costos sean soportados por los segmentos más vulnerables. El anuncio de conceder por única vez un pago de $ 200 a los trabajadores que ganan el salario mínimo legal (fijado en $ 1.240) se ha presentado bajo esta lógica. Se trata de una orientación diferente a la adoptada hasta ahora, cuyo sesgo es regresivo, como la disminución del impuesto a las Ganancias, los créditos baratos y el perdón a los evasores. ¿Es factible que con el mandato legal de dar un pago de $ 200 a quienes cobran el salario mínimo se mejore el ingreso de los trabajadores con remuneraciones más bajas?
Según la EPH del INDEC, en la segunda mitad del 2006 se puede observar en el mercado laboral argentino que: el 36% de los trabajadores asalariados en el sector privado, excluyendo el servicio doméstico, tenía un salario horario inferior al salario mínimo legal; de éstos, sólo el 28% estaba en un empleo registrado; de los que ganaban por debajo del mínimo legal y estaban en un empleo no registrado, 2 de cada 3 estaban en empresas con menos de 10 trabajadores.
Aunque las limitaciones estadísticas son importantes, los datos son muy sugerentes. Las personas que cobran salarios muy bajos son muy numerosas. Adicionalmente, en la gran mayoría de los casos se trata de trabajadores contratados por pequeñas empresas que no cumplen con las normas laborales y de la seguridad social. Estas evidencias aseguran que el mandato legal anunciado no cumplirá con el objetivo buscado.
