El presupuesto que está siendo tratado en el Congreso mantiene la concentración de los fondos en poder de la Nación.

Según la ley de Coparticipación Nº 23.548, sus modificatorias y complementarias, la distribución de los recursos debería ser un 57,36% para las provincias y un 57,36% para la Nación. Por otra parte, esta misma ley destaca en su artículo 7º que las primeras deben tener una "garantía de cumplimiento del 34%" sobre los recursos totales percibidos por la Nación.

Ambos conceptos hoy están siendo violados por la administración K. Y el presupuesto 2009, enviado por el Ejecutivo, confirma la regla (ver infograma).

En relación al 57% de lo que debiera percibir, si se desglosa cada uno de los tributos que capta Nación, se observa que sólo el impuesto a los Bienes Personales es el que se coparticipa en los niveles mencionados. El resto se encuentra por debajo de los índices mencionados (ver infograma adjunto).

Pero tomemos como escenario que la Nación se encuentra en crisis y no cumple con el 57% de las transferencias, debiera como mínimo cumplir con el piso exigido constitucionalmente del 34%. Nada tampoco por este lado. Para el 2009, los datos oficiales muestran que por Coparticipación Federal de Impuestos, las provincias percibirán el 30% del total recaudado por la Nación. Es decir cuatro puntos menos de lo que marca la ley. En dinero contante y sonante, esta usurpación de fondos representa para las provincias cerca de 10.500 millones de pesos. Claro está, luego la Nación "compensa" con obras y fondos discrecionales sin destinos específicos a los gobernadores que optan por vender sus voluntades a cambio del silencio de esta violación constitucional.

Río Negro y Neuquén están en este lote de mandatarios provinciales que callan a cambio de promesas de obra pública y, de vez en cuando, alguna foto junto a la presidenta. Para el período 2006-2009 las provincias habrán cedido en manos de Nación algo más de 21.000 millones de pesos. Esto representa para Neuquén -en función de los indicadores de distribución secundaria- unos 360 millones de pesos, mientras que para Río Negro algo más de 400 millones. Los mandatarios provinciales deberían comprender el valor moral que significa la defensa de los derechos constitucionales ante el atropelló que año tras año realiza la Nación con su complicidad. (Redacción Central)